Con el recuerdo vivo de los disturbios provocados por el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en junio de 2009, los hondureños vuelven a polarizarse en torno a la posibilidad de la reelección. El entonces jefe de Gobierno pretendió abrirse camino a un nuevo mandato por medio de una reforma constitucional que quería someter a una consulta popular. Su fórmula era instalar una “cuarta urna” en las elecciones de noviembre de ese año para que los votantes que quisieran pronunciarse sobre la reelección lo hicieran. El mandatario carecía del respaldo del resto de los poderes del Estado y terminó fuera del poder y expulsado del país.

Hernández goza de un camino prácticamente libre de escollos para reafirmarse en las primarias de su partido el domingo y después hacerse elegir por segunda vez como presidente en los comicios generales de noviembre. Sin más recursos legales a los que acudir y sin la combustión popular suficiente para presionar en las calles, la oposición parece indefensa ante lo que considera una probable reelección inconstitucional de Hernández. Esa oposición reúne en buena medida a sectores que protestaron en 2009 por el golpe contra Zelaya y por su expulsión forzada a Costa Rica,  ante lo cual protestaron los países de la izquierda bolivariana de América Latina, encabezados por Venezuela, Ecuador y Bolivia.

La polarización actual ha generado críticas contra la Iglesia católica local, a cuya cúpula la oposición aún recrimina por haber legitimado la ruptura constitucional de 2009. Pero esta vez la posición eclesiástica con respecto al proyecto de Hernández resultó inesperada. En una carta episcopal del 27 de febrero, los obispos critican la incertidumbre jurídica en torno a la reelección. “Lamentamos que, según la percepción de muchos, no haya habido suficiente voluntad política de quienes nos gobiernan para dar a conocer en su momento la reglamentación de la reelección presidencial, dejando preguntas sin responder, preguntas que necesitan una respuesta urgente”, escribieron los obispos, dirigidos por el cardenal, Óscar Rodríguez Maradiaga.

“Están al menos reconociendo que las cosas no están claras, y esto ya es una señal”, afirmó en San José el juez hondureño Guillermo López Lone. Él fue despedido en 2010 junto a tres colegas y una magistrada por condenar y calificar como ruptura constitucional la salida de Zelaya y la llegada del Gobierno de facto de Roberto Micheletti. No han sido restituidos, a pesar de una sentencia favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El juez López sostiene que el aparato judicial hondureño está cooptado por el poder de Juan Orlando Hernández, quien ha logrado el apoyo de una parte de los diputados del Partido Liberal (rival histórico del Nacional). Los partidos, sin embargo, celebran sus primarias por vías independientes para conocer a los candidatos que competirán en noviembre. Serán 5,7 millones los electores habilitados para votar tras una campaña que se prevé dominada por temas como la corrupción y la inseguridad ciudadana, como ya ocurrió en 2013.

“Tenemos presencia en algunos medios alternativos y hay lucha en las redes sociales, pero no creo que los resultados estén siendo exitosos frente a la red de poder organizada en torno a Juan Orlando”, asegura el juez López, quien junto a los otros tres juristas destituidos expuso su situación en febrero pasado en una sesión especial ante jueces de la Corte Interamericana, en San José.(Tomado de El País.cr)