Por: Hugo Noé Pino
El FMI recientemente finalizó la tercera revisión del programa de tres años que tiene con Honduras. La visita coincidió con la revisión el Artículo IV que periódicamente se efectúa para los países miembros. La fase formal de la revisión finaliza con la presentación y discusión en el directorio del FMI del informe respectivo.
Sin embargo, el comunicado de prensa que se publica al salir la misión técnica de regreso a Washington muestra los principales puntos de esa revisión. No es sorpresa, por lo tanto, que la misión del FMI expresará entusiastamente que “el programa avanza de acuerdo a lo esperado con un fuerte compromiso de las autoridades para su implementación.”
En efecto, los principales indicadores macroeconómicos muestran signos de mejoramiento, por ejemplo, el déficit fiscal, la inflación, el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, la acumulación de reservas internacionales y el control del gasto. Pero detrás de cada indicador hay una historia no contada que tiene importantes implicaciones en la equidad y posibilidades de crecimiento económico.
Uno de estos casos es la reducción del déficit fiscal. De un déficit de 7.9% del PIB en 2013 se ha reducido a un 3.1% en 2015, un avance notable. Lo que no se dice es que esta reducción fue posible aumentando la regresividad del sistema tributario hondureño al incrementar principalmente impuestos indirectos que paga la mayoría de la población. Al mismo tiempo, las exoneraciones fiscales que benefician a grupos económicos, sin ningún efecto en el empleo o exportaciones, no se tocaron.
Tampoco se menciona que por el lado del gasto se ha privilegiado el gasto en seguridad y defensa en detrimento del gasto social integral. Más bien se refuerza la política del gobierno en que política social es asistencia social, cuando todos los estudios muestran que la reducción de la pobreza está basada en más y mejor educación y más y mejor salud.
Pero la aseveración del comunicado más sorprendente es la expresión: “La puesta en marcha de estas políticas está permitiendo el desarrollo de un crecimiento económico incluyente, mayor cobertura de la red de protección social, y construyendo los cimientos de la sostenibilidad fiscal.” Esto ha sido más bien el talón de Aquiles del programa, que como en programas similares, se preocupa más por la estabilización que por la reactivación económica.
El crecimiento económico hondureño reciente es modesto (entre 1% y 1.5% del PIB en términos per cápita) y con escasa generación de empleo. Es más, estudios recientes del Banco Mundial muestran que el país se encuentra en una dinámica económica de bajo crecimiento que es necesario cambiar para potenciar la generación de empleo y reducción de pobreza.
La referencia a la construcción de los cimientos de la sostenibilidad fiscal se refiere por la aprobación de parte del Congreso Nacional de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Pareciera que los OFIs, especialmente el FMI, no aprenden de la historia económica de los países con débil institucionalidad, que aprueban o firman cualquier tipo de compromisos, pero que a la primera necesidad política la cambian. Más que aspectos puntuales, lo que los países necesitan son consolidación de procesos, entre ellos el respeto al Estado de derecho.
El comunicado continúa señalando que: “estos logros serán la base de una estrategia de mediano plazo que busca obtener un crecimiento económico más alto y mejorar las condiciones sociales, con énfasis en la creación de empleo.” La pregunta que surge entonces es: ¿dónde está esa estrategia? ¿Cuáles son sus principales componentes? ¿Cuánta gente ha participado en su elaboración? Al no existir respuestas claras, otra vez entramos al campo de las promesas futuras, en donde todo se resolverá después.
Lo complejo y dramático es que mientras tanto el desempleo, la pobreza, la migración, la violencia siguen deteriorando el tejido social del país.
