Por: Aldo Santiago, Heriberto Paredes y Susana Norman
A raíz de la resistencia contra el proyecto de Agua Zarca por los habitantes de Rio Blanco, la región ha sido militarizada para imponer la construcción del proyecto hidroeléctrico. No es sorpresa, por tanto, que altos miembros de DESA posean influencia en la actuación de las fuerzas estatales de seguridad hondureñas.
El presidente de la junta directiva, David Castillo Mejía fue ministro de gobernación durante el mandato de Ricardo Maduro, mientras el secretario de DESA, Roberto Pacheco Reyes, es un oficial de inteligencia militar. Pacheco también posee conexiones en el sector de energía pues actuó en 2008 como coordinador de desarrollo para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), institución propiedad del gobierno hondureño, la única restante controlada por el aparato estatal en la región centroamericana.
La respuesta militarizada va de la mano con la trayectoria del proyecto neoliberal promovido en 1992 tras la aprobación de la Ley de Modernización Agrícola. Dictada por el Banco Mundial (junto a un paquete de políticas de ajustes estructurales) redujo los apoyos a los productores agrícolas locales y a su vez incrementó el respaldo al sector de exportaciones, pero sobre todo permitió vender tierras colectivas a inversores privados, lo cual ha aumentado las luchas territoriales con muestras extremas de represión por parte de empresas aliadas al estado hondureño como en la masacre de campesinos en el valle del Bajo Aguán por parte de Dinant.
Existe una estrategia de parte de empresas y organismos multinacionales para fomentar el saqueo de recursos y la propagación de proyectos de “desarrollo” que son un atentado en contra de la biodiversidad que resguardan las comunidades originarias.
El conflicto por la tierra se remonta hacia inicios de los cincuentas del siglo pasado. El presidente guatemalteco Jacobo Arbenz promovió una reforma que otorgaba parcelas sin usar de compañías fruteras hacia campesinos sin tierra, afectando los intereses de la estadounidense United Fruit Company, lo cual provocó el respaldo de Washington al golpe de estado de 1954. Al tiempo que la marina de los EU patrullaban la costas centroamericanas en preparación del ataque militar a Guatemala, estalló una huelga de trabajadores de la United en Honduras; como respuesta la compañía decidió mecanizar la producción y despedir a 15 mil trabajadores. Con el apoyo del gobierno hondureño, muchos de los obreros comenzaron a trabajar las tierras abandonadas por la empresa en tierras nacionales (propiedad del gobierno) o ejidales (títulos colectivos, algunos con origen en tiempos coloniales), las cuales hasta antes de 1990 fueron protegidas contra la titulación a privados. Con la Ley de Municipalidades de inicios de los noventas y la reforma agrícola de 1992 se aceleró la invasión de tierras indígenas.
Y en 2009 el proyecto de saqueo tomó un salto exponencial con el golpe de estado planeado por las trece familias oligarcas hondureñas con la ayuda del departamento de estado de los Estados Unidos, en ese tiempo con Hillary Clinton a la cabeza; el plan incluyó utilizar el avión privado de Miguel Facussé, presidente de Dinant para trasladar a Manuel Zelaya a la base militar de los EU conocida como Palmerola y de ahí expulsarlo hacia Panamá. Con ello la riqueza de Honduras se trasladó a la elite local y sus aliados estadounidenses engrosando sus cuentas en bancos offshore mientras los niveles de pobreza incrementaban. De acuerdo al Centro de Investigación en Economía y Política, desde el golpe prácticamente 100% de los ingresos se han concentrado en el 10% del sector más rico del país.
Las elecciones de 2013, compradas por Juan Orlando Hernández, vinieron a sellar la consumación del golpe financiero militar, el cual se mantiene a fuego bajo el corrupto sistema judicial hondureño (financiado por USAID), aparato direccionado a brindar protección a la élite empresarial que criminaliza a más de 4 mil campesinos (mil de ellos sólo en 2014) y es cómplice de los asesinatos de terratenientes como Facussé, quienes utilizan a su antojo los cuerpos de seguridad estatales.
El gobierno de Hernández, bajo el mandato neoliberal norteamericano, ha demostrado la necesidad de utilizar la violencia y militarización para mantener los privilegios y aumentar las ganancias de corporaciones globales, al establecer alianzas con fuerzas israelíes y colombianas –además de estadounidenses– para entrenar al ejército y policía hondureña en su tarea de reprimir a comunidades indígenas, campesinas, negras y populares bajo estrategias de guerra de baja intensidad donde actúan los fondos de apoyo de la USAID y la Fundación Nacional para la Democracia, todo para consolidar lo que las reformas de 1992 agudizaron: los tratados de libre comercio de América del norte y de Centroamérica, precedentes clave en el asalto corporativo en el cual los acuerdos transpacífico y transatlántico representan su fase global actual.
«La empresa ha exigido al Estado que dote de equipo técnico y logístico a la policía y el ejército porque ahí se ve donde tienen toda la logística, tienen suficientes carros para poderse movilizar y cuidar el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Cada uno de los militares y policías les dan 1,000 lempiras por cada día, y aparte de darles la comida. La policía nacional, policía militar y ejército se convierten en empleados de la empresa. Por eso ellos no actúan contra los sicarios que ha contratado la empresa. Nosotros decimos con argumentos que en diciembre de 2015 la policía agarró a uno de los sicarios, que se llama Olvin y lo vino a sacar Jorge Ávila, el jefe de seguridad de la empresa DESA. Le levantaron un expediente, lo agarraron con fuertes armas, de grueso calibre, le preguntaron para que las andaba, él dijo que para matar a los copines. Ahí está la evidencia y nosotros vemos que al ministerio público, le dieron 100 mil lempiras para que desistiera, a la jueza también le dieron 100 mil lempiras y este Olvin ya tiene tres personas que ha matado, uno de ellos está ahí en la comunidad de Valle de Ángeles pero la empresa le dio 40 mil lempiras a la familia para bonificarle o supuestamente indemnizarla para que no pusieran la denuncia contra él y lo dejaran preso. Se ve como la policía y los sicarios, impunemente pueden actuar frente a ellos y no hay decisión de quitarle nada. Vemos que en este país, los poderes los tienen el poder económico y político, o sea la empresa privada y los políticos que son títeres» continua relatando Tomás Gómez a Subversiones durante la entrevista realizada en el contexto del Encuentro Internacional Berta Cáceres Vive.
«Las comunidades ya tienen electricidad pero no es por hidroeléctrica Agua Zarca sino por la misma ENEE, pero ellos lo van a utilizar para decir que si les están dando. Y esta es una interconexión centroamericana, está la venden y las pruebas ya las han estado haciendo. No, el proyecto Agua Zarca sino a nivel de Cohep (Consejo hondureño de la empresa privada), que es la empresa privada que mantiene la interconexión para Centroamérica en Santa Rosa Copán; por eso hay apagones porque hacen pruebas. Eso (la energía) no va a ser para las comunidades para esas listas que aparecen, sino eso ¿va a ser para quién? Si allá los hermanos de Guatemala están luchando contra un proyecto minero, esa luz va a ir ahí para generar energía eléctrica, si en Santa Rosa de Copán hay una empresa minera esa luz la van a llevar ahí, no es para la gente sino es para la misma empresa privada. Esa lista que está ahí en el comunicado de FMO ya tienen luz eléctrica, es solo para decir que sí (la empresa) están apoyando».
«Nosotros como COPINH hemos denunciado a los EU que están por certificar el nuevo desembolso de la Alianza por la Prosperidad que anda en alrededor de 750 millones de dólares para toda la región del Noratlántico (El Salvador, Honduras y Guatemala). Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para que este proyecto lo puedan parar porque no es más que la militarización, esto significa la intervención de los EU hacia nuestro país para tener el control. Porque están asegurándose que todas estas concesiones que hay, sean instaladas los proyectos y las hidroeléctricas y mineras. Por eso les interesa mucho que avance el proyecto con el apoyo económico a Honduras con el tema de la seguridad, la guerra contra las drogas, o sea con ese papel, con ese lema quieren decir combatir la droga y criminalidad del país, pero el interés de los EU es que hay empresas gringas, canadienses, que se quieren instalar en nuestro país para sacar el oro, la plata, tierras raras para hacer equipos de última tecnología, como teléfonos, computadoras, etc».
«Pero el efecto que está generando es, a nosotros como pueblo y comunidades indígenas, nos afecta con su lucha contra las drogas como dicen los mismos EU, por lo tanto nosotros creemos que la Alianza para la Prosperidad es una alianza para generar más genocidio, más muerte a los defensores y defensoras que quedan en total desprotección y asesinan».
«Las personas que contrata el sicario Olvin, que tiene 20 personas a su alrededor; Olvin es el jefe de sicarios o paramilitares. La empresa siempre contrata a empresas de seguridad del país. Lo que les funciona es tener a los sicarios por un lado que hacen rondines y amenazan, y que hacen listas, porque los compas de Río Blanco encontraron unas listas donde aparece la compañera Berta, en primer lugar que la iban a asesinar, luego aparecíamos nosotros, luego personas de la comunidad. A Berta le habían puesto un precio de 30 mil lempiras, a otro compañero 20 mil lempiras, a mí 10 mil lempiras y a los miembros de la coordinación del consejo indígena 5 mil lempiras o sea precio por cada una de las cabezas. Si mataban a alguien tenían el pago inmediato».
Tras la presentación a los medios de comunicación de los detenidos implicados en el asesinato de Berta Cáceres, y de realizada una primer audiencia el 6 de mayo, donde se impuso detención preventiva a los indicados, el COPINH continuó con las acciones de protesta para demandar la instauración de una comisión internacional e independiente para encabezar las diligencias sobre el esclarecimiento de los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, su antigua coordinadora. El 9 de mayo durante una movilización a casa presidencial en Tegucigalpa, cientos de indígenas lencas fueron brutalmente reprimidos por agentes militares y el comando de operaciones Cobra, quienes lesionaron de gravedad a tres miembros del COPINH, incluido un menor de edad con heridas de gravedad en la cabeza. Además cuatro compañeros fueron secuestrados con destino al CORE 7, conocido centro de torturas y detenciones arbitrarias durante los años ochenta y noventa. Gracias a la persistencia de los manifestantes los compañeros fueron liberados.
Protesta del COPINH y organizaciones hondureñas e internacionales durante
el Encuentro Berta Cáceres Vive en Tegucigalpa.
Durante las agresiones, uno de los jefes militares del operativo exclamó que si el COPINH no se retiraba iban a haber consecuencias graves y funestas. También ordenó a sus subalternos que capturaran a Tomás Gómez, coordinador general del COPINH y a Gaspar Sánchez, miembro de la Coordinación General de COPINH. De igual manera mediante un comunicado la organización indígena denunció que después de la movilización, miembros del COPINH han sido objeto de detenciones sin fundamento así como de seguimientos y hostigamientos por parte de agentes de la policía en un automóvil de placas CPDÑ 5419.
Estos hostigamientos se suman al intento de asesinato de Alexander García Soto. El 6 de mayo el integrante del COPINH de la comunidad de Llano Grande, Colomoncagua fue atacado a balazos por un militar y guardia de seguridad que actúa contra miembros del COPINH que defienden los ríos Negro y Chinacla, amenazados por una represa hidroeléctrica de Gladys Aurora López, vice presidenta del Congreso Nacional de Honduras. Alexander reportó la agresión a la policía de Colomoncagua quienes capturaron al atacante a quien posteriormente liberaron. Existe una amenaza permanente contra Alexander pues el sicario se encuentra libre.
«[Las acusaciones] son el mismo señalamiento, estando Berta ya nos señalaban, nos ofendían, nos amenazaban y esto va en el mismo camino de la compañera Berta, ellos quieren asesinar. El Estado de Honduras con sus aparatos del poder judicial, el ministerio público, eso no hace nada, lo que podemos hacer como COPINH es tomar medidas de seguridad pero también acusarlos y evidenciar a estos tipos para que los conozcan públicamente quienes amenazan, porque a estos no les importa amenazar o asesinarnos. Ese es un patrón que las empresas impulsan porque se ven perdidas, si hacen acusaciones a nosotros, pierden. Como no pierden es asesinando a la gente, porque los intimidan y desaparecen del mapa, porque la empresa, el papel que tenía era, que Berta desaparecía del mapa, o se fuera a la cárcel o exiliada a otro país para que no estuviera en la comunidad. Son los mismos patrones para intimidar y decir ‘lleven el mismo camino y los vamos a seguir jodiendo o amenazarlos para que no estén en la lucha’».
«Eso a nosotros no nos va a intimidar sino que nos va a reanimar para seguir tomando estrategias, posicionándonos y seguir con esa dinámica del COPINH, clara, desde su visión y misión de enfrentar al sistema neoliberal como una organización antipatriarcal, antineoliberal, antiracista, buscando nuevas formas de alternativas para las comunidades indígenas. El COPINH se convierte en una esperanza para el pueblo, para sus miembros y miembras».
«Un mensaje para los compas y organizaciones, medios alternativos, es que primero deben de sumarse a este esfuerzo y lucha, a difundir la información pero las organizaciones a movilizarse a no dejar que se privaticen nuestros territorios, nuestra agua, nuestro aire, nuestras tierras y territorio pero también a tener una solidaridad militante, con acciones de movilizaciones, con solidaridad de propuestas para enfrentar este sitema neoliberal, al modelo extractivista que asesina, extermina la población y que está enriqueciendo cada vez más a costa y sangre de los pueblos de Latinoamérica y del mundo que son los que sufren estos embates por las concesiones mineras o por cualquier otro tipo de concensionamiento» concluye el coordinador interino del COPINH..
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