Por: Andrés Molina
Cada vez que hay una protesta en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) o en sus alrededores, las autoridades universitarias responden con particular violencia en contra de los jóvenes, cuyo único delito es demandar el respeto y cumplimiento de sus derechos.
Es común que ante el ejercicio del derecho de reunión y de protesta social, las autoridades, suspendan actividades, cierren las aulas universitarias y en algunos casos han permitido la ocupación militar y policial del campus.
Las autoridades en su visión represiva y autoritaria, no les importa que la represión afecte la dignidad de las y los jóvenes o que Dios no lo permita en una represión pueda morir algún joven a manos de los militares y policías, por la exposición a los gases lacrimógenos.
Aunque a muchos no les agrada la historia, en el marco del golpe de Estado de 2009 la joven Wendy Ávila falleció después alta exposición a los gases lanzados por la policía el día 21 de septiembre en la sede de la embajada de Brasil, donde se refugiaba el presidente Manuel Zelaya Rosales.
Pero ¿quién ordena la represión en el alma mater?, en donde da la impresión que no es el debate de ideas lo que prevalece, sino la visión militar, donde con garrote y gas entran se pretende cambiar las ideas de las y los jóvenes. Será desde Casa Presidencial o desde las máximas autoridades que se da la orden criminal de reprimir con brutalidad.
Respecto al uso desproporcionado de la fuerza que hacen gala los policías en la Universidad, las Naciones Unidas han establecido que, “cuando la respuesta policial consiste en el uso de la fuerza de forma desproporcionada y no focalizada, sin atender a la magnitud de los desórdenes que se trata de controlar, y sin distinguir a las personas que provocan estos incidentes de manifestantes pacíficos; se vulneran los compromisos internacionales asumidos por los Estados en materia de derechos humanos”.
El derecho a la protesta es la expresión máxima del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, garantizado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 20) y en la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo13).
Los expertos han establecido que se trata de un derecho que nos ayuda a mantener vivos los otros derechos, por cuanto cuando se amenaza o no se permite la protesta se pone bajo riesgo o amenaza todos los otros derechos que ha conquistado la sociedad.
Sobre el ejercicio de este derecho la Corte Interamericana ha manifestado: “a libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse”.
El Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación ha determinado que la exposición a los gases que utiliza la policía nacional y el ejército constituye un acto de tortura en contra de las personas.
*Andrés Molina
Periodista y defensor de los derechos humanos.
