Por: Foad Alejandro Castillo
Cualquier gobierno que se precie debe tener entre sus objetivos primarios “garantizar y vigilar el fiel cumplimiento de los Tratados y Convenios Internacionales de los cuales Honduras es signataria, especialmente La Declaración Universal de los “Derechos Humanos”. Pero si a los actuales dirigentes del Partido Nacional se les olvidó hasta su propio estatuto constitutivo no podemos esperar demasiado en lo tocante a la legalidad internacional.
El caso es que el oficialismo pese a haber jurado cumplir y hacer cumplir los llamados Pactos de Derechos Políticos y Económicos (artículos 22 al 27) contraviene de manera atrabiliaria sus obligaciones constitucionales.
La “Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Anti evasión aprobada en diciembre de 2013″ es una muestra de ello, pues aunada a la tasa de seguridad (otra burda estafa) destruye la vida de 5 millones de hondureños, ya que pulveriza cualquier perspectiva de crecimiento económico, empleo y consumo; además de que surte un efecto totalmente contrario al que supuestamente se persigue: una buena recaudación tributaria.
Aumenta la economía informal y la defraudación, debido a que los importadores y vendedores al ver disminuida su cartera de clientes optan por ser competitivos ofertando al margen de los controles estatales, siendo esta una estrategia de sobrevivencia.
Es así que dentro de aquí al cierre del año fiscal no debería causar ningún asombro el cierre de cientos de negocios formalmente establecidos. La citada Ley tiene un enfoque “democratizador” en su título, pero es un engaño, puesto que no amplía la base, porque mantiene la mayoría de exoneraciones a grupos económicos privilegiados, constituyendo un instrumento absolutamente “regresivo”.
La discusión sobre la progresividad o la regresividad de un impuesto está vinculada al principio tributario de “equidad”, que a su vez remite al principio de “capacidad tributaria” o contributiva, uno de los mejores legados del pensamiento marxista al capitalismo keynesiano, solamente superado por la jornada laboral de 8 horas y la prohibición del trabajo infantil.
Es inmoral que se le exija un mayor esfuerzo contributivo a quienes menos capacidad tributaria tienen, cuando Honduras posee el segundo lugar en Centroamérica en número de multimillonarios, según el informe World Ultra Wealth Report 2013 (Reporte Mundial de Ultra Ricos 2013), publicado por la firma Wealth X.
Al gravar productos de primera necesidad simplemente se achica la actividad económica, se reduce el circulante y de plano se condena a la muerte a miles de personas. Y todo para sacar a flote a una administración que de conformidad a las investigaciones periódicas del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo en Honduras (FOSDEH) aplica una “Política Fiscal Perversa”. Si un ente muchas veces plegado a los polos financieros admite que este gobierno nacionalista ha gastado a manos llenas miles de millones de dólares, sin ninguna mesura, algo verdaderamente sucio se esconde.
No se ocupa ser un experto en macroeconomía para determinar que existe una relación directa entre el déficit fiscal actual y los procesos electorales de 2012 y 2013 manipulados por el mismo Partido Nacional. ¿Quién pagó tan descomunales campañas? Sospecho que no fueron los que daban la tarjeta cachureca y las bolsas de cemento a cambio de las voluntades de los mayores damnificados por la corrupción e ineficiencia en la administración pública.
Otro elemento a destacar es la deuda externa. El Fondo Monetario Internacional (FMI) condiciona los préstamos a la implementación de medidas draconianas encaminadas a estabilizar el déficit, disminuir la inflación y especialmente recuperar la inversión (sin tomar en cuenta el crecimiento de la demanda), como si esto fuera un fin y no un simple medio.
Como no tengo esperanzas de que este gobierno entrópico ponga manos en el asunto, espero que algún día, cuando ya haya terminado este absurdo derroche, se solicite una auditoría de la deuda, pues gran parte de ella es ilegítima, al haberse contraído a espaldas del pueblo y en repetidas ocasiones por pseudo empresarios del sector privado. El pueblo no tiene por qué pagar los desaguisados de una casta corrupta, incapaz y entreguista.
Tengo la firme convicción de que el 24 de Noviembre de 2013 el oficialismo obtuvo menos votos que Libertad y Refundación, pero no fue vapuleado a doble dígito como dios mandaba, porque todavía amplias franjas de la población desconfían de postulados con etiqueta de progresistas, comúnmente denominados de “izquierdas”. Una idea que propongo desde este foro es que utilicemos la Declaración Universal de Los Derechos Humanos como una plataforma unificadora de criterios.
Ningún colectivo en esta coyuntura histórica podrá negar su validez. Bajo sus postulados el actual régimen es ilegal e ilegítimo al no asegurar la igualdad entre los habitantes de la República. La economía no es más que política ejercida por personas, no una suerte de brujería. La peor crisis que afrontamos no es la ausencia de dinero sino la de liderazgos.
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”
2 respuestas
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