Por: Thelma Mejía
Tegucigalpa.- Los integrantes de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) no han terminado de calentar sus asientos en el país, cuando desde la institucionalidad del Estado que piensan robustecer y transparentar, reciben las primeras respuestas a sus peticiones sobre expedientes y certificaciones.
El portavoz de la MACCIH, el peruano y ex ministro de ese país, Juan Jiménez Mayor, dijo en un reciente discurso que combatir la corrupción no es un trabajo fácil, máxime cuando las estructuras delictivas operan también desde las instituciones públicas y “cuando te pueden matar por enfrentarte a ellas”.
Mayor, quien dibujó las líneas de trabajo de la Misión en Honduras y los ámbitos de su competencia, señaló que ha llegado la hora de separar la paja del trigo en este país. Y empezó a enumerar algunas peticiones que están dentro del ámbito de sus competencias en un convenio que parece no ha terminado de ser digerido por quienes rectoran nuestra institucionalidad.
El portavoz de la MACCIH, habló de los expedientes policiales que están siendo investigados por el Tribunal Superior de Cuentas por presunto enriquecimiento ilícito y pidió al presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía, prioridad a este tipo de auditorías.
La MACCIH, dijo, apoyará firmemente la aplicación de un mecanismo para verificar el enriquecimiento ilícito a fin que este tipo de casos pueden ser judicializados exitosamente en los tribunales. Pero no quedó ahí, también pidió al presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta, que aún no designe a los jueces que ocuparán los cargos en los llamados tribunales anticorrupción creados recientemente.
La Misión también fue clara al indicar que revisarían los alcances de la Ley de Secretos Oficiales para determinar si amerita reformas y contribuir así a una cultura de transparencia y acceso a la información pública que sepulte en este país el secretismo. La corrupción en el IHSS también entra en sus competencias, agregó el vocero y coordinador de la MACCIH.
Más había tardado en enunciar algunos lineamientos de su trabajo durante los próximos cuatro años, cuando desde la institucionalidad empezaron a surgir las primeras respuestas: desde el TSC se informó que no les darán acceso a los expedientes policiales en curso porque se los prohíbe su ley orgánica, pero que a cualquier otra cosa que quieran, no hay problema.
Desde el poder judicial, su presidente Rolando Argueta, dijo que el proceso de selección de jueces seguirá su curso conforme a los protocolos internos de la CSJ, en tanto, desde el parlamento, el secretario del congreso nacional, Mario Pérez, indicó que no ve porqué se debe reformar o revisar la ley de secretos si la misma es perfecta.
Pérez dijo que toda la información que quiera la MACCIH la pida por medio de la Fiscalía. Son las instituciones queriendo enredar y usar la institucionalidad a su favor, cuando el nuevo inquilino con amplios poderes anuncia los ámbitos de su competencia.
Se les olvida a los entes de control y poderes del Estado que entre las fortalezas de la MACCIH destacan el poder de veto que tiene al certificar a los operadores de justicia que le entrarán en serio al combate de la corrupción, al igual que la potestad de decir: nos vamos de este país sino hay voluntad política. Casi nada.
Nuestros servidores públicos no terminan de interiorizar el estribillo que públicamente pregonan: ¡Honduras está cambiando! La MACCIH no ha terminado de instalarse pero ha sido clara en sus mensajes, prudentes pero directos, no vienen al país a pasear.
“Cuando vean los nombres de las personas (internacionales) que van a venir a trabajar con nosotros, verán que venimos en serio”, declaró Jiménez Mayor en una comparecencia televisiva, al recalcar que vienen con total autonomía, sin seguir la agenda de nadie en este país.
No pueden darse ese lujo, el país tampoco se los va permitir y la comunidad internacional mucho menos. Ellos llegaron como bien lo dijo Jiménez Mayor en momentos difíciles tras el crimen de Berta Cáceres y ahora el destape de la corrupción y colusión policial en presuntos crímenes de alto perfil y alianzas de “gobernabilidad” con el narco.
La depuración policial que parece será intensa en los próximos 12 meses debe arrojar luces de cambio, de apuntar a una policía al servicio público y no del crimen común y organizado. Depurar no será fácil, como tampoco será dar con la verdad de los crímenes que han estremecido a Honduras, que fresco tiene en su memoria el capítulo de impunidad de la década de los ochenta que al no haber sido cerrada, tiene su manifestación y conexión con la situación actual.
