Por: Redacción CRITERIO
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La Junta Directiva Nacional Del Frente Reivindicador Democrático (FRD), cuestiona el papel de los entes responsables de elegir la nueva Corte suprema de Justicia (CSJ) que van desde el Colegio de Abogados de Honduras, el Comisionado de los Derechos Humanos y las mismas Fuerzas Armadas.
A continuación el comunicado emitido por la Junta Directiva Nacional Del Frente Reivindicador Democratico (FRD):
La Junta Directiva Nacional del Frente Reivindicador Democrático (FRD) del Colegio de Abogados de Honduras, ante la opinión pública nacional e internacional emite el siguiente comunicado respecto al proceso que se adelanta para la elección de los quince magistrados que integraran la próxima Corte Suprema de Justicia:
1.- Es de dominio público que se ha conformado la Junta Nominadora como órgano competente para dirigir y reglamentar el proceso de selección para elaborar el listado de los 45 profesionales del derecho de entre los que finalmente el Congreso Nacional elegirá los 15 magistrados de la próxima Corte Suprema de Justicia.
2.- Desde su inicio éste proceso se ha visto empañado por la descarada intromisión del régimen y su partido político en cada una de las fases del mismo con la finalidad en una primera etapa de controlar la propia junta nominadora, conformada por la sumisa Corte Suprema de Justicia, por empleados públicos como los representantes del Colegio de Abogados, UNAH, el innocuo Comisionado de Derechos Humanos, centrales obreras cooptadas, un pastor al servicio del gobierno contrario al principio de laicidad del Estado y por un COHEP complaciente y, en acto simultaneo, para introducir en los listados propuestos por dichos sectores a las personas afines a los planes continuistas que desde el poder ha lanzado el actual gobernante, utilizando todos los mecanismo e instituciones del Estado.
3.- Cumpliendo al pie de la letra el guion que le han establecido la Junta Nominadora elaboró un reglamento para dizque ordenar el proceso, introduciendo de manera sutil la militarización del proceso de selección al cobijo de las famosas pruebas de confianza, obligando a los aspirantes a someterse a las pruebas del polígrafo, practicadas por oficiales de inteligencia de la Fuerzas Armadas, expertos colombianos y otros militares; pruebas que en la jurisprudencia internacional de los derechos humanos han sido declaradas ilegales y como una forma de tortura, incluso en el proceso penal hondureño la prueba del polígrafo no es admitida por ser prueba ilícita y prohibida. Con el agravante que los resultados no serán publicados como lo ha denunciado el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAP)
4.- No obstante la presencia en la Junta Nominadora de los representantes de la CSJ, Comisionado de Derechos Humanos y del CAH quienes callan cobardemente de manera cómplice, el nivel de ilegalidad, de degradación, acoso y humillación, a que son sometidos los aspirantes a convertirse en los más altos magistrados del sistema de justicia de nuestro país revisten características inéditas en la vida nacional, confirma, además, el firme propósito de seguir controlando el poder judicial y de acelerar los proyectos control social, de militarización, de venta de la soberanía nacional, de destrucción de cualquier forma de oposición política organizada en que se inscribe el objetivo reeleccionista de presidente de la república.
5.- Las preguntas que quedan en el aire saltan a la vista hasta del más despistado observador ¿saldrá de este proceso un poder judicial fortalecido e independiente? ¿Es el actual UN PROCESO DE SELECCIÓN O UN PROCESO DE SUMISION?, el pueblo indignado y la oposición política a quienes trasladamos estas inquietudes tienen la palabra.
San Pedro Sula, Cortés, 22 de octubre de 2015.
