Por: Redacción CRITERIO
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La fiscalía salvadoreña informó que abrió una investigación formal contra el ex binomio presidencial de Guatemala, conformado por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, por un supuesto delito de lavado de dinero derivado de su relación con Juan Carlos Monzón y empresarios del vecino país.
Según consigna el portal digital de la Prensa Gráfica de El Salvador, las investigaciones se desprenden de la relación de Monzón, el exsecretario privado de Baldetti, con el empresario deportivo salvadoreño Roberto Pablo Sánchez Poiencot, con quien habrían abierto la empresa SANALPO y desde donde lavaron dinero.
La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador informó por medio de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) sobre la investigación de los exfuncionarios guatemaltecos ligados al caso de defraudación aduanera conocido como La Línea y por el que guardan prisión.
“ Se ha iniciado una investigación fiscal por lavado de dinero y girado instrucciones de coordinar con fiscales de Guatemala para compartir investigaciones e informaciones.
El fiscal general salvadoreño Luis Martínez, al ser consultado al respecto comentó: “Se ha iniciado una investigación fiscal por lavado de dinero y girado instrucciones de coordinar con fiscales de Guatemala para compartir investigaciones e informaciones”.
Martínez, además, dijo que cuenta con cooperación de fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El rotativo El Periódico, de Guatemala, publicó el pasado lunes un reportaje bajo el nombre “Una biopsia a la laptop de Eco”, en referencia a Salvador Estuardo González, alias “Eco”, quien sugirió a la exvicepresidenta Baldetti cubrir una transacción, para comprar dos empresas de comunicación, a través de empresas salvadoreñas.
González está considerado por el MP como otro de los cabecillas de La Línea y, de hecho, tuvo contacto directo con Baldetti y Pérez.
SANALPO es una empresa cuyo nombre comercial es el mismo que la empresa de Monzón: Canchas Deportivas de Centroamérica, fundada en la década de los noventa y dedicada a la construcción de instalaciones deportivas.
Una publicación de noviembre de 2004 señala que uno de los accionistas de Canchas Deportivas fue cuestionado por un contrato de construcción de pistas de atletismo para los XIX Juegos Centroamericanos y del Caribe (CODICADER), del año 2002.
En esa ocasión, la Corte de Cuentas sometió a auditoría las licitaciones y contratos de adjudicación.
