Por: Redacción CRITERIO
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Romero amenaza con enjuiciar a Gustavo Palencia
Tegicigalpa.- El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) procederá a sancionar pecuniariamente al Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP) tras fracasar el miércoles una audiencia de conciliación en la que el presidente del ente, Eduin Natividad Romero, rechazó solicitar una auditoría de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS).
Romero a instancias del IAIP se reunió con el periodista, Gustavo Palencia, a quien el IPP le ha negado sistemáticamente satisfacer una docena de peticiones de información sobre las operaciones financieras y administrativas del ente de previsión de los comunicadores.
La junta directiva del IPP se ha negado tenazmente a atender las peticiones de información, entre ellas la entrega de las copias de los dos últimos estudios actuariales, vitales para conocer la situación financiera del ente, que nunca ha sido auditado por los órganos estatales especializados.
El IPP basó sus negativas a las peticiones de información en una interpretación de la ley del organismo, aprobada en el Congreso Nacional en el año 2000, que eximía de la supervisión y control de los entes contralores públicos, y asegurando que no recibe fondos del Estado.
Los directivos del IPP, desistieron además ilegalmente desde el 2014 a requerir las transferencias del Estado, establecidas en la ley de creación del organismo, pretendiendo eludir la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que obliga a los entes estatales y privados, que administran fondos públicos, a entregar a los ciudadanos información sobre sus operaciones financieras.
El IPP que captó 53.2 millones de lempiras del Estado entre 1987 y 2013, a través de su junta directiva, desistió de requerir estas aportaciones anuales establecidas en la ley de creación del ente, y que en los últimos 14 años, en promedio representaron un ingreso de 2.3 millones de lempiras anuales.
En la última década se han aprobado leyes más recientes en Honduras como la ley de la CNBS, la del Tribunal Superior de Cuentas, la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección Social que sitúan al IPP, como ente sujeto a las legislaciones de estos organismos por captar fondos estatales.
Romero en la audiencia de conciliación aseguró que “a él (Gustavo Palencia) se le ha entregado toda esa información” solicitada, pero la Comisionada Doris Imelda Madrid, basada en el expediente de este caso, replicó que “en las Conclusiones (presentadas por Romero) está su manifestación, sus dichos – de que entregó la información – pero no ha entregado (la información) al peticionario, y el Instituto (IAIP) le ordenó entregarla”.
Palencia aseguró que la información solicitada no le ha sido entregada.
CONCILIACION FRACASADA
Palencia aceptó la conciliación propuesta por la Comisionada Madrid, en busca de un arreglo entre las partes, ante la comprobación de la violación por parte del IPP de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para evitar la sanción contra el IPP.
El comunicador accedió a la conciliación en una audiencia el 16 de diciembre pasado, a la que acudió Romero, para tratar de justificar la denegación de las peticiones de información, que se presentaron a partir de mayo del 2015.
El periodista requirente de la información, propuso a Romero para alcanzar una conciliación, ante la negación de la información, que la junta directiva del IPP por iniciativa propia solicitara una auditoría de la CNBS.
Romero se comprometió a convocar a una sesión de junta directiva del IPP para proponer la solicitud a la CNBS, pero en la audiencia de conciliación el miércoles, obvió totalmente decir si presentó o no la iniciativa ante sus compañeros dirigentes del IPP.
El presidente del IPP en sus explicaciones en la audiencia de conciliación sobre la negativa a someterse a una auditoría por parte de la CNBS, aseveró que no se puede señalar al ente de rechazar la fiscalización, porque el organismo especializado no ha llegado siquiera a pretender ver los libros del Instituto.
“Si alguien pide una auditoría va ser en base a ley. Nunca ha habido una petición. Cuando yo digo porqué te negás a algo, es porque alguien me pidió algo. La Comisión (CNBS) no ha llegado allá (al IPP a pretender auditar) y la Comisión igual sabe lo que dice la ley”, dijo.
Romero al referirse a lo que la CNBS sabe sobre “lo que dice la ley”, se refiere a una interpretación legislativa de la ley del IPP, que eximía al ente de la fiscalización de sus finanzas por parte de entes públicos especializados, y que han usado los directivos como coraza para evitar ser auditados.
“No hay nada que esconder. No hay nada que ocultar. Transparentes si somos y yo lo sostengo”, dijo Romero repetidamente, sin encontrar una justificación convincente para amparar la negativa a una auditoría de la CNBS, que según funcionarios del ente, si es solicitada por el IPP sería gratuita.
AMENAZA DE JUICIO
El dirigente dijo que las aseveraciones del requirente en el sentido de que la junta directiva del IPP, viola la ley del IPP al desistir de requerir los fondos estatales, “caen en la injuria y la calumnia por parte de Gustavo (Palencia), en función de asegurar que nosotros (los directivos del IPP) hemos desistido de recibir el dinero que en su momento dio el Estado, porque no es verdad”.
Aseguró que “no hay nada que esconder. Yo lamento que Gustavo (Palencia) a través de las redes (sociales) diga que hay algo oscuro, algo que esconder porque es una aseveración de la cual él no tiene sustento”
“He planteado con mi familia en función de poder entablar una demanda, porque se hacen señalamientos. Si no hay un alto vamos a buscarle un alto, porque transparentes somos”, sostuvo Romero.
La Comisionada Madrid explicó que la conciliación “se toma como una atenuante” en busca de evitar una sanción en contra del IPP por violar la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Aseveró que al no lograrse una conciliación entre las partes, el IAIP procederá a resolver sobre la sanción contra el IPP. Otra fuente del IAIP dijo que la sanción pecuniaria que podría alcanzar los cinco salarios mínimos tendrá que ser pagada por Romero de su fortuna personal y no de fondos del IPP.
Palencia dijo que en la audiencia de conciliación “no me entregaron la información que esperaba del IPP, si no que recibí una amenaza de demanda judicial. Realmente es lamentable que un periodista y una institución de los periodistas a la que se le pide información responda ofreciendo un juicio”.
Sostuvo que la “férrea negativa de Romero y la junta directiva del IPP a entregar información y someterse a una auditoría de la CNBS aumenta las preocupaciones sobre situaciones oscuras al interior del ente”.
“¿Yo les pregunto a los directivos del IPP. Por qué se niegan a una auditoría de la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Ellos dicen que todo está bien en el IPP. Si es así, por qué no se permitan el orgullo de que la CNBS lo acredite y todos lo reconozcamos públicamente?”.
