Por: Hugo Noé Pino
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Tegucigalpa.-Por mucho tiempo he rehusado a aceptar el calificativo de Estado fallido para Honduras. La razón, un Estado tiene funciones importantes que realizar, siendo las básicas: educación, salud, seguridad ciudadana, protección social, infraestructura económica y la administración de justicia. Muchas de estas funciones, aunque con dificultades, se habían venido cumpliendo.
Uno de los aspectos centrales para el cumplimiento de estas funciones es la institucionalidad, entendida ésta como el respeto a las leyes (Estado de derecho) y el funcionamiento de las diversas instancias de gobierno en el cumplimiento de sus objetivos. El deterioro en Honduras se aceleró con el golpe de Estado en 2009 por el burdo y torpe rompimiento de la débil institucionalidad del país. Después de esto todo se vale: destituir magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, nombrar irregularmente al fiscal general, nombrar anticipadamente y arbitrariamente el Tribunal Supremo Electoral que regirá las próximas elecciones de 2017, aprobar más de 100 leyes sin que muchas de ellas hayan llegado al pleno del Congreso Nacional, etc.
Ante éste deterioro institucional, los retrocesos en el sistema de salud, el avance del narcotráfico, la delincuencia, la violencia generalizada, la corrupción y la impunidad en Honduras, sería muy fácil que los hondureños y hondureñas llegáramos a la conclusión de que el país es un Estado fallido, pero no lo hemos hecho.
El que sí parece haber llegado a esa conclusión es nuestro vecino del norte, Estados Unidos. Muy pocas veces en la historia reciente se había visto una decisión y presión tan fuerte para llevar a la justicia norteamericana los casos que les afectan directamente como son el narcotráfico y el subsecuente delito de lavado de dinero. Se cansaron que las instituciones que administran la justicia en Honduras no hicieran nada y que fueran, más bien un escudo a los que delinquen. Y esta vez no ha habido insinuaciones sutiles, ni esperas, o cumplen o aténgase a las consecuencias.
Obviamente que la debilidad estructural del Estado hondureño facilita el cumplimiento de las presiones. Hay que liquidar un banco (aunque sea la primera petición de tal forma a nivel internacional), hay que incautar bienes (aunque esto sea en forma selectiva) y hay que deportar acusados en el más corto tiempo posible. Lo paradójico es que todavía hay quienes se atreven a decir que todo esto es resultado de la voluntad política del actual gobierno.
Sin embargo, lo más triste es que queda evidenciado nacional e internacionalmente que nuestras instituciones no funcionan y que internamente no somos capaces de administrar justicia. No es que no haya hondureños y hondureñas honestos que puedan aprobar y aplicar las leyes correctamente, el origen de la actual situación es el secuestro del poder político por una camarilla corrupta cuyos intereses personales están por encima de los intereses colectivos.
Esa camarilla política, en alianza con una élite económica acostumbrada a vivir a la sombra de los favores del Estado, ha recreado una estructura de poder que ha llevado al país a su situación económica, política y social actual. Precisamente esta alianza, junto a otros sectores conservadores, mantiene el clima de polarización política que impide alcanzar acuerdos nacionales, indispensables para corregir el rumbo del país.
Prueba de ello es el proceso de selección de la nueva Corte Suprema de Justicia para un nuevo período de siete años. Desde su comienzo ha sido una elección amañada, contralada desde las instituciones que postulan, hasta la selección de los miembros de la Junta Nominadora. Por eso no es extraño que la mayoría de los propuestos no sean abogados de renombre y con una larga trayectoria profesional, sino los escogidos de los partidos políticos que votarán y harán la mayoría en el Congreso Nacional. Todo pasará, sin que pase nada.
De esta forma el país continuará por el mismo camino que ha venido recorriendo y serán actores externos, como en este caso Estados Unidos, lo que exigirán cada vez más directamente lo que el Estado de Honduras no es capaz de hacer.
