Rashid Mejía, lejos de presentar propuestas de soluciones a los principales problemas de Honduras, centra su campaña en críticas y duros cuestionamientos hacia el gobierno de Xiomara Castro, como una estrategia de enganchar los votos de una masa sin formación política que lidera Salvador Nasralla, ahora dentro del Partido Liberal.
Tegucigalpa, Honduras. – Reconoce con orgullo el no tener una militancia política, pero aun así se matriculó bajo las filas del Partido Liberal para buscar una diputación en las elecciones primarias del 9 de marzo próximo. Edgardo Rashid Mejía, figura en la casilla 50 de la planilla de precandidatos a diputados por el departamento de Francisco Morazán en el movimiento “Vamos Honduras” que lidera Salvador Nasralla y es un fiel admirador del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Está listo para ser uno de los 23 candidatos ungidos de los liberales por el departamento de Francisco Morazán para competir en la contienda general del 30 de noviembre y alcanzar una curul en el Congreso Nacional, aunque desconozca los estatutos de este centenario instituto político que en el presente proceso se ha llenado de figuras advenedizas.
Seguramente Mejía es de la misma línea de pensamiento del líder de su movimiento, Salvador Nasralla, quien ha militado en los últimos procesos electores en cuatro facciones políticos, incluyendo dos partidos que él mismo fundó y dejó tirados a la suerte. De hecho, él y Nasralla son admiradores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a pesar de que sus políticas antiinmigrantes estén afectando a miles de hondureños que están siendo deportados de la nación del norte.
Pese a la admiración hacia Trump, Mejía sostiene que será “la voz de los sectores más vulnerables” , sin embargo, al parecer no ha medido las consecuencias que las políticas conservadoras del mandatario estadounidense son contrarias a los derechos humanos de los migrantes; de las personas de la diversidad sexual y otras minorías que hoy están siendo afectadas no solo en Estados Unidos sino que en el mundo entero por los recortes de fondos de la ayudas internacionales.
«Comparto que la migración debe ser ordenada porque no es feria la cosa. No estoy de acuerdo con que Estados Unidos se vea como un arca abierta porque entonces se crea un problema tanto para nuestro país, como para los fronterizos. Nuestros hermanos en México son maltratados, son víctimas de racismo y hay tráfico de niños. Si hay políticas de control, la gente lo pensará dos veces antes de irse», sostuvo Mejía en entrevista con Criterio.hn, justificando su postura a favor de mayores restricciones migratorias.
Desde que Donald Trump asumió por segunda ocasión la presidencia de Estados Unidos, al menos 2,790 hondureños habían sido deportados, entre el 20 de enero y el 11 de febrero de 2025, según el Instituto Nacional de Migración (INM).
EL LEGADO LIBERAL, QUE HOY ABRAZA RASHID MEJÍA
El precandidato a diputado por Francisco Morazán, se presenta como un opositor a la corrupción y defensor de la independencia política dentro del Partido Liberal, cuyo actual presidente, Yani Rosenthal, cumplió una condena en Estados Unidos por lavado de dinero. Aunque sostiene que su postulación responde a una oportunidad de renovación dentro de esa casa política, su decisión de competir bajo una estructura liderada por figuras vinculadas con diversos cuestionamientos plantea dudas sobre la coherencia del discurso bajo el que se escuda.
Mejía, quien ganó notoriedad en redes sociales y medios de comunicación tradicionales por sus constantes cuestionamientos al gobierno de la presidenta Xiomara Castro, con un discurso alineado a las posturas de los partidos de oposición (Nacional y Liberal), se ha distanciado de la sociedad civil y sostiene que su incursión en la política responde a la necesidad de transformar el sistema desde el Poder Legislativo, actualmente presidido por el diputado oficialista Luis Redondo Guifarro.
Defiende su candidatura dentro del Partido Liberal pese a reconocer que este ha sido dirigido por figuras vinculadas a la corrupción, narcotráfico y crimen organizado. Pero argumenta que su decisión responde a su afinidad con el precandidato presidencial Salvador Nasralla, lo que lo llevó a unirse al movimiento que este lidera.
«Fue una decisión complicada, pero creo que todos los partidos, en algún momento, pueden reinventarse. Si no permitieran la entrada de nuevas personas, entonces no habría renovación. Si el partido abre sus puertas a quienes quieren incursionar en política sin ningún tipo de extorsión, eso representa una esperanza de cambio», afirmó.
Edgardo Rashid Mejía, de 33 años, asegura que es un emprendedor que administra un negocio heredado de su familia. Según él mismo y quienes lo rodean, su versatilidad lo convierte en una especie de «navaja suiza«, capaz de desempeñarse en múltiples áreas con facilidad.
«Muchos me han dicho que soy multifacético, pero simplemente sé un poco de todo», mencionó, aludiendo a su experiencia en edición y producción audiovisual, actuación, cocina y otras disciplinas. En el ámbito académico, se graduó en 2011 del colegio Summer Hill y, una década después, obtuvo su título en Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Honduras, combinando sus estudios con trabajo en el Aeropuerto Internacional de Toncontín en distintas áreas operativas. Además, domina tres idiomas, una habilidad que, según él, le ha permitido ampliar sus oportunidades en distintos ámbitos.
Sin embargo, la versatilidad y su formación académica privilegiada no fueron suficientes para tomar decisiones con criterio al incursionar en la política hondureña. Basta con señalar que el partido que lo acogió está dirigido por Yani Benjamín Rosenthal, excandidato presidencial y exconvicto en Estados Unidos, donde en diciembre de 2017 fue sentenciado a tres años de prisión por lavado de dinero proveniente del cártel de Los Cachiros.
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En ese mismo espacio político figuran exdiputados que actualmente cumplen condenas en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, como Fredy Nájera sentenciado a 30 años de prisión por tráfico de drogas y uso de armas de alto calibre y Midence Oquelí Martínez Turcios, extraditado en 2023 y a la espera de sentencia. También hay legisladores en funciones con señalamientos de haber recibido financiamiento del crimen organizado, como Mauricio Villeda, a quien Devis Leonel Rivera Maradiaga, líder del cártel de Los Cachiros, señaló en una corte estadounidense de haber entregado entre 200,000 y 250,000 dólares para su campaña electoral de 2013.
A esta lista de irregularidades que han garantizado impunidad se suma Mario Segura, jefe de la bancada liberal y precandidato a diputado por el movimiento de Jorge Cálix, quien en enero de 2020 votó en contra de la renovación de la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Esta decisión favoreció a figuras como el exdiputado liberal Elvin Ernesto Santos Ordóñez, vinculado en 2018 a un caso de corrupción por el desvío de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería para financiar campañas políticas.
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AUSENCIA DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS
Criterio.hn entrevistó a Rashid Mejía para indagar sobre algunos aspectos esenciales que se manejan en el Congreso Nacional, institución a la que aspira representar durante el período 2026-2030. Se le plantearon preguntas básicas que cualquier precandidato debería dominar, considerando que su labor principal, si no es decorativa, será la creación, reforma y aprobación de leyes.
Por ejemplo, cuando se le consultó sobre el papel del Congreso Nacional en la declaratoria de estados de excepción, que actualmente el país lleva más de dos años bajo ese modelo y ha sido un tema de debate, su respuesta fue ambigua y dejó de lado una disposición clave de la Constitución.
“El Congreso debe garantizar el respeto a las garantías y la seguridad jurídica de los ciudadanos”, afirmó, sin mencionar que, según el Artículo 187 de la Constitución, el presidente de la República puede decretar un estado de excepción en algunas circunstancias específicas, pero dicho decreto debe ser ratificado o rechazado por el Congreso en un plazo de 30 días.
Asimismo, al ser interrogado sobre los requisitos constitucionales para ser diputado, un aspecto que, al menos, debería manejar con precisión, como se dice coloquialmente, “de pe a pa”, su respuesta fue parcialmente correcta, pero presentó imprecisiones y careció de respaldo jurídico. “Ser mayor de 21 años, ser ciudadano en pleno goce de sus derechos, no tener antecedentes penales ni haber estado preso”, respondió.
Si bien acertó en la edad mínima y el goce de derechos, erró al afirmar que no haber estado preso es un requisito, ya que la Constitución garantiza el goce de los derechos plenos a los exconvictos. Incluso esa garantía se reconoce, aunque la privación de la libertad haya sido en otro país, como el caso de Yani Rosenthal, el presidente de su partido, quien pagó una pena en Estados Unidos. Su omisión al citar la base legal y la incorporación de un criterio inexistente evidenciaron un manejo limitado del marco básico normativo que medianamente regula el Congreso Nacional, institución en la que aspira a desempeñarse.
La historia política de Honduras ha demostrado que los discursos de renovación y lucha anticorrupción, cuando no van acompañados de preparación y acciones concretas, terminan diluyéndose en las mismas dinámicas que buscan erradicar. Su postulación deja abierta la interrogante: ¿es realmente una apuesta por el cambio o simplemente una estrategia dentro del juego electoral?
Para Gabriela Blen, integrante de la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), la respuesta a esa interrogante es clara: los partidos políticos tradicionales, ante el desgaste de los precandidatos que han ocupado cargos de elección popular por varios períodos, están recurriendo a figuras mediáticas como Rashid Mejía y a deportistas, como el exdefensor del Motagua y del Celtic de Escocia, Emilio Izaguirre, y Julio César «Rambo» de León, quienes están siendo instrumentalizados para atraer votos.
«Es realmente lamentable que este tipo de individuos, que, por supuesto, tienen derecho a diferir con cualquier gobierno de turno y a expresarse como ciudadanos, terminensiendo las propuestas de la clase política. Esto no significa que estén capacitados y que cuenten con los méritos necesarios. Sin embargo, lo que más parece importarles a estos partidos no es la capacidad de los candidatos, sino su popularidad. Desafortunadamente, así es como se mueve la política en Honduras«, opinó Blen.
