El caso Narcopolítica ha sido uno de los escándalos más sonados en Honduras, involucrando a exfuncionarios y políticos de alto nivel en tramas de corrupción y lavado de dinero. Las acusaciones han señalado la infiltración del narcotráfico en las instituciones del Estado
Tegucigalpa, Honduras. – La reciente resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ha generado descontento entre quienes esperaban que el actual pleno de magistrados no repitiera los errores del pasado. Sin embargo, esta decisión parece dar continuidad a los pactos de impunidad, que han marcado la historia judicial del país, en esta ocasión a implicados en el Caso Narcopolítica II.
El jueves 6 de febrero, el Ministerio Público informó que la Sala de lo Constitucional emitió una resolución en favor de implicados en el denominado Caso Narcopolítica II, concediendo una acción de amparo.
La resolución beneficia al exministro de la extinta Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi) y exalcalde capitalino, Miguel Rodrigo Pastor Mejía, acusado por 21 delitos de fraude, cohecho y lavado de activos, junto a Carol Ivón Pineda, acusada de 22 delitos de fraude y José Manuel Valladares Rosa por tres delitos de fraude.
Criterio.hn se comunicó con el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, para conocer detalles sobre la resolución de la Sala de lo Constitucional, sin embargo, el funcionario dijo que en los próximos días se pronunciarán sobre el tema.
Este caso presentado por la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), es una segunda línea judicializada y su primera fase comprendió una acusación contra 12 personas señaladas de formar parte de un esquema que permitió el lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas a través de obras contratadas con el Estado hondureño, que en su mayoría no se realizaron.
De acuerdo a las pericias presentadas por la fiscalía de la República y la MACCIH, exfuncionarios de Soptravi, quienes otorgaron contratos a empresas del cartel de Los Cachiros, durante la administración del expresidente, Porfirio Lobo Sosa (2010-2014).
La decisión ha sido vista como un retroceso en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en el país. Según el Ministerio Público, la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción se pronunció sobre la resolución emitida por la Sala de lo Constitucional, señalando que esta otorga un amparo que podría debilitar la investigación y el proceso penal en curso.
Entre los más críticos se encuentra el jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, quien alertó a través de su cuenta de X (antes Twitter) que el caso está «a un paso de quedar en impunidad».
El comunicado emitido por la Fiscalía de la República señala que el máximo tribunal de justicia argumentó que la acción de amparo fue concedida porque «no se agotó previamente el procedimiento correspondiente ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC)» y porque «el facilitamiento para el lavado de activos ya no es considerado delito por el Código Penal».
El Ministerio Público enfatizó que estos mismos argumentos ya habían sido analizados y rechazados en recursos de amparo interpuestos en el año 2022, es decir, aunque el Órgano Constitucional estaba integrado por distintos magistrados, conoció dos veces amparos basados en los mismos hechos, emitiendo resoluciones contradictorias, injustas y no apegadas a derecho.
En ese sentido, el ente acusador alega que estas decisiones vulneran los principios de justicia que el pueblo hondureño exige y merece, ya que este tipo de resoluciones ponen en precario futuras sentencias en los demás casos pendientes de fallos, avizorándose desde ya la misma resolución a favor de personas acusadas en otros casos.
“Es por eso que la UFERCO elabora un informe para remitirlo a la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ), con el fin que se inicien las investigaciones correspondientes y se determine si hay o no responsabilidad penal”, cita el comunicado del ente acusador.
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CSJ FAVORECE A EXFUNCIONARIOS SEÑALADOS POR CORRUPCIÓN
Pero este no es el primer caso en el que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emite resoluciones que favorecen a políticos, funcionarios y exfuncionarios implicados en casos de corrupción y narcotráfico.
En febrero de 2024, el magistrado de la Sala de lo Penal y juez natural asignado, Walter Miranda Sabio, dictó sobreseimiento definitivo a favor de exfuncionarios involucrados en el Caso Pandora II.
La resolución favoreció al expresidente Porfirio Lobo Sosa; el exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), Jorge Johny Handal Hawit, y el exdirector de Presupuestos de la Secretaría de Finanzas, Roberto Alonso Zúniga Barahona, quienes fueron acusador por delitos de violación de los deberes de los funcionarios y fraude.
De acuerdo a las investigaciones de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), el caso Pandora II se enfocó en una red de exfuncionarios del Estado que entre 2010 y 2013 facilitó desembolsos de más de 288 millones de lempiras a las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista. Este entramado incluyó instancias como el Congreso Nacional, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y Banadesa.
La justicia hondureña no solo ha favorecido a políticos, en diciembre de 2023, el Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por unanimidad de votos, absolvió a, Juan Ramón Mata Waldurraga, hijo del narcotraficante hondureño Juan Mata Ballesteros, a quien se le suponía responsable del delito de lavado de activos.
La administración del expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta Pérez, fue cuestionada por otorgar resoluciones favorables a funcionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández, sentenciado a 45 años de prisión en Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico.
En octubre de 2020, la Corte de Apelaciones de la CSJ aceptó un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado promovido por la defensa del exalcalde capitalino, Nasry Asfura Zablah, a quien se le acusaba de haber malversado más de 28 millones de lempiras de la comuna capitalina.
La Corte de Apelaciones ordenó al Ministerio Público que deje de conocer la causa hasta que la Corte emita una decisión en torno al recurso expuesto por Asfura. Ese mecanismo de acudir a la Corte cuando un funcionario o político están en aprietos se ha convertido en una estrategia muy utilizada.
Estas acciones del máximo tribunal de justicia hondureña deja en evidencia la fragilidad del sistema judicial y plantea dudas sobre el compromiso de las autoridades con la lucha contra la corrupción. La falta de independencia del poder judicial y las decisiones contradictorias solo refuerzan la percepción de impunidad en el país.
En este contexto, queda la pregunta de si esta resolución marcará un nuevo capítulo de impunidad o si las instituciones encargadas de impartir justicia darán un giro para restaurar la confianza de los hondureños en su sistema legal.
