La sentencia resalta la falta de protocolos médicos adecuados y la violencia obstétrica, exigiendo al Estado salvadoreño adoptar medidas efectivas para garantizar la salud y los derechos reproductivos de las mujeres
Foto portada: Randall CAMPOS / AFP
Tegucigalpa, Honduras. – El Estado de El Salvador ha sido declarado responsable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso que resalta la grave violación de los derechos de Beatriz durante un embarazo de alto riesgo, evidenciando la falta de protocolos médicos adecuados y el contexto de violencia obstétrica al que fue sometida.
La Corte encontró que El Salvador incumplió con su deber de garantizar el acceso a recursos judiciales efectivos, así como el derecho a la salud y a la integridad personal de Beatriz, quien enfrentó un embarazo complicado debido a múltiples condiciones médicas, incluyendo lupus eritematoso sistémico y artritis reumatoidea. A pesar que su segundo embarazo era considerado de alto riesgo, el sistema de salud pública no proporcionó la atención médica necesaria, lo que culminó en una situación de inseguridad jurídica para Beatriz y su familia.
En ese sentido, la Corte destacó que el Estado no solo falló en proteger a Beatriz, sino que también permitió que su caso se burocratizara y judicializara. Esto resultó en largos períodos de espera para recibir atención médica adecuada, lo que constituyó violencia obstétrica. La falta de protocolos claros llevó a los médicos a dudar en tomar decisiones críticas sobre su salud, afectando gravemente su bienestar y el de su familia.
El Salvador reconoció durante el proceso internacional que existía «una situación de confusión» respecto a los protocolos médicos aplicables en casos como el de Beatriz. En ese sentido, la Corte IDH determinó que esta falta de claridad y la ausencia de un marco normativo adecuado constituyen una violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la Convención de Belém do Pará. Como resultado, se ordenaron medidas de reparación, incluyendo el establecimiento de directrices claras para el personal médico y judicial en situaciones similares.
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MEDIDAS RECOMENDADAS
La Corte instó al Estado salvadoreño a adoptar medidas efectivas para garantizar la seguridad jurídica en la atención médica para embarazos complicados. Esto incluye la creación o adecuación de protocolos existentes para evitar que situaciones como las vividas por Beatriz se repitan en el futuro. La sentencia subraya la necesidad urgente de reformas en el sistema sanitario del país para proteger los derechos humanos fundamentales
Este fallo subraya la responsabilidad del Estado de El Salvador en garantizar no sólo el acceso a servicios médicos adecuados, sino también en proteger los derechos humanos básicos de sus ciudadanos.
Razón por la cual, la sentencia es considerada un llamado a la acción para mejorar las condiciones del sistema de salud pública y asegurar que todas las mujeres reciban la atención digna y oportuna que merecen durante el embarazo y en otros aspectos de su vida.
La Corte Interamericana además estableció la posibilidad de interrumpir un embarazo en casos de sepsis, así como la necesidad de protocolos claros para la atención médica en situaciones obstétricas críticas.
Morena Herrera, feminista y defensora de derechos humanos de El Salvador, señaló que es un día histórico. “se ha hecho justicia para Beatriz, el tribunal de derechos humanos del continente americano ha hecho justicia para Beatriz, para su familia, para su madre”, destacó la defensora.
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IMPACTO REGIONAL
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Beatriz representa un hito significativo para la región incluido Honduras, ya que establece un precedente sobre la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos humanos, especialmente en el ámbito de la salud reproductiva y la atención médica.
En Honduras, las mujeres enfrentan desafíos similares en el acceso a servicios de salud seguros y adecuados y además el sistema de justicia tienen muchas carencias y se convierte en un sistema que criminaliza.
La responsabilidad del Estado de El Salvador que dictó la Corte IDH, pone de relieve la necesidad urgente que los gobiernos centroamericanos adopten políticas efectivas que garanticen la protección de los derechos reproductivos y prevengan la violencia obstétrica.
La prohibición absoluta del aborto en Honduras ha sido llevada ante la ONU a raíz del caso de Fausia, una mujer indígena que fue víctima de violación sexual. Este caso ha sido presentado por organizaciones como el Centro de Derechos Reproductivos y el Centro de Derechos de Mujeres como un hito histórico para la región latinoamericana, subrayando la urgencia de modificar leyes que vulneran los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres hondureñas.
El caso de Beatriz en El Salvador y el de Fausia en Honduras están interrelacionados, ya que ambos destacan las graves violaciones a los derechos reproductivos de las mujeres en contextos de prohibición absoluta del aborto y falta de atención médica adecuada.
