A lo largo de más de dos décadas, la actual diputada nacionalista Gladys Aurora López ha estado involucrada en diversos delitos y conflictos que han afectado a comunidades. Este día, fue nuevamente requerida por actos de corrupción relacionados con el sector eléctrico.
Tegucigalpa, Honduras. – Gladys Aurora López Calderón, diputada del Congreso Nacional por el Partido Nacional de Honduras (PNH), fue requerida esta mañana por el Ministerio Público bajo la acusación de malversación de fondos por uso diferente, según informó esta institución en un comunicado oficial.
La Fiscalía Especial de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) señaló que López habría gestionado un proyecto a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para beneficiar a la comunidad de La Ceibita, en el municipio de Opatoro, departamento de La Paz.
No obstante, investigaciones revelaron que dicha comunidad ya contaba con alumbrado público, por lo que, según los indicios, los fondos asignados habrían sido desviados hacia un proyecto privado en San Pedro Sula, departamento de Cortés, configurando el delito de malversación por uso diferente.
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ALEGA INOCENCIA
En respuesta al requerimiento fiscal, Gladys Aurora López se pronunció a través de su cuenta en X, asegurando contar con un video como prueba de que entregó el material destinado a la comunidad de La Ceibita.
“Este video muestra el momento en que, desde las bodegas de la @EneeHnOficial, se realizó la entrega. Confío en la justicia y en las pruebas que nos respaldan; estos materiales fueron entregados”, afirmó en su publicación.
Sin embargo, el video presentado solo registra un acto en el que aparecen personas, sin que se pueda identificar claramente ni los lugares específicos ni los materiales aludidos.
En relación con esta acusación, Marlon Duarte, apoderado legal de Gladys Aurora, rechazó la idea de que se trate de un doble juzgamiento, como inicialmente se había especulado.
Duarte explicó a los medios que Gladys Aurora no estuvo involucrada en la compra de los materiales, ya que estos fueron gestionados directamente por el Fondo Social de Desarrollo Eléctrico (FOSODE), una oficina adscrita a la ENEE.
El abogado aseguró que su cliente únicamente se encargó de gestionar el proyecto, y en el video publicado por la congresista en su cuenta de X, se puede observar el acto de recepción de los materiales por parte de la entidad estatal.
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HISTORIAL DE ABUSO Y CORRUPCIÓN
Gladys Aurora López, ha estado vinculada a varios casos de corrupción y conflictos sociales a lo largo de su carrera.
En 2018, fue acusada de malversar más de 21 millones de lempiras destinados a proyectos sociales, desviándolos a una ONG vinculada a ella, “Asociación Planeta Verde”. El caso, presentado por la MACCIH y la UFECIC, fue archivado en 2020 por tecnicismos legales.
Además, su implicación en la construcción de la hidroeléctrica Aurora 1 (2010-2014) afectó a las comunidades lencas de La Paz. Investigaciones de Global Witness indican que Gladys Aurora López y su esposo aprovecharon su poder legislativo para constituir las represas Aurora I, II y III, obteniendo licencias y concesiones que violaron la Constitución y la Ley de Contratación del Estado.
En 2018, su esposo fue imputado por lavado de activos, pero el cargo fue posteriormente reducido a encubrimiento, y en 2021, el Departamento de Estado de EE. UU. la incluyó en la Lista Engel por presunta corrupción y el uso indebido de fondos públicos. Además, se le acusó de facilitar el despojo de tierras indígenas en su rol como secretaria del Congreso Nacional, vinculado al proyecto hidroeléctrico.
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GLADYS AURORA Y OTROS REQUERIDOS
El comunicado emitido esta mañana detalla, además, varios requerimientos fiscales por casos de corrupción en Honduras.
Norma Agripina García, secretaria Municipal de Tocoa, está requerida falsificar un acta de cabildo para aprobar proyectos mineros a favor de la empresa Ecotek/Pinares, con el fin de obtener ilegalmente una licencia ambiental.
En tanto, Bayron Hernández Castañeda, juez municipal de Santa Rosa de Copán, enfrenta acusaciones por utilizar a privados de libertad y menores infractores para trabajar en la construcción de su casa.
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La Fiscalía Especial de Enjuiciamiento de Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ) presentó acusaciones por prevaricato judicial contra cinco exmagistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, así como por fraude a la UNAH en el desvío de más de 80 millones de lempiras.
En tanto, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) también presentó un requerimiento contra Lisandro Rosales Banegas, exsecretario de Relaciones Exteriores y excomisionado de COPECO, por el desvío de fondos destinados a la construcción de puentes en un programa financiado por el BID. Además, se acusó a Héctor Ramón Ventura Hernández y José Alberto Zelaya Guevara por lavado de activos relacionado con el desfalco al IHSS.
