Paradójicamente, las autoridades de la Policía Nacional ahora prometen ser más efectivas en sus operaciones sin depender del estado de excepción. Este régimen, según sus propias estadísticas, les ha permitido realizar más allanamientos de viviendas gracias a la suspensión de garantías constitucionales como la libre circulación, la libertad de asociación y de reunión
Aunque las estadísticas indican un aumento en estas operaciones, las denuncias ante el Ministerio Público y las quejas presentadas al Conadeh señalan que muchas de estas acciones se han llevado a cabo en un contexto de abuso de poder y violación de derechos humanos. No obstante, las autoridades sostienen que quienes presentan estas denuncias o quejas suelen estar vinculados con el crimen organizado
Tegucigalpa, Honduras.- De manera inesperada, el director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar Godoy, aseguró que la institución será más efectiva una vez que el Poder Ejecutivo decida no prolongar el estado de excepción. Sus declaraciones surgen en un contexto donde esta medida podría estar llegando a su fin debido a la falta de respaldo para su ratificación y a las constantes denuncias en su contra por el abuso de poder y violación a los derechos humanos.
“¿Van a quitar el estado de excepción?: está perfecto. Nosotros ya tenemos nuestras salidas legales; ya elaboramos nuestro plan para que, cuando quiten el estado de excepción, la Policía no deje de trabajar y seamos aún más eficientes. Si quitan el estado de excepción, la Policía no va a dejar de funcionar”, aseveró Aguilar Godoy en un foro televisivo.
Esta declaración de Aguilar Godoy, quien fue procesado judicialmente por abuso de autoridad, tortura, lesiones y violación a los deberes de los funcionarios, se realizó bajo un planteamiento hipotético: que, debido a los múltiples factores negativos asociados al estado de excepción, el Poder Ejecutivo podría optar por no prolongarlo en 2025, un año clave por su carácter electoral.
De igual manera, Aguilar Godoy mencionó que durante el año y 11 meses que ha estado vigente el estado de excepción, la Policía ha logrado un 98% de efectividad en todas sus labores. Sin embargo, destacó que los resultados no han sido aún más positivos debido a que el Congreso Nacional no ha aprobado las reformas legislativas solicitadas, las cuales, según él, son necesarias para hacer más efectivas las capturas y allanamientos.
“Estamos hablando de que tenemos casi un 98% de efectividad en lo que hemos hecho. Quiero dejar algo claro: desde que iniciamos este período como funcionarios policiales hemos pedido al Congreso Nacional que se realicen varias reformas, pero hasta ahora no hemos recibido respuesta. Entonces, nos exigen, nos critican, pero el Congreso, al que hemos pedido muchas reformas, no nos da las herramientas para devolverle la confianza a la Policía”, cuestionó el funcionario.
Lo planteado por el director de la Policía sobre las reformas legales resulta coherente. Desde junio de 2024, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), en el marco del Plan Solución Contra el Crimen, acordaron impulsar reformas al Código Penal, al Código Procesal Penal y aprobar la Ley de Colaboración Eficaz, con el objetivo de que el estado de excepción sea verdaderamente efectivo.
En esencia, estas reformas buscan que la ley clasifique como terroristas a quienes formen parte de grupos criminales y cometan delitos como extorsión, secuestro, tráfico de drogas y armas, asociación ilícita, lavado de activos y narcotráfico. Además, proponen que toda persona capturada por orden judicial o en flagrancia permanezca en prisión preventiva, evitando su liberación por falta de denuncias o insuficiencia de pruebas.
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SIN ESTADO DE EXCEPCIÓN SERÁ MÁS DE LO MISMO
Que el estado de excepción no sea prolongado por el Poder Ejecutivo permitirá restablecer las seis garantías constitucionales suspendidas. Sin embargo, un análisis breve revela que el abuso de poder y las violaciones a los derechos humanos podrían persistir, ya que tanto la Policía Nacional como la Policía Militar del Orden Público (PMOP) han sido históricamente señaladas por estos actos contra la población. Una solución viable sería implementar una depuración efectiva y capacitar a los uniformados para promover una convivencia armónica con la sociedad.
Lo anterior fue planteado por el analista en temas de seguridad, Kenneth Madrid, quien enfatizó que, para que el estado de excepción sea efectivo, no solo se requieren reformas legales, sino también un plan integral que impida el reclutamiento de menores por parte de organizaciones criminales.
Además, subrayó la necesidad de una depuración en los cuerpos de seguridad, ya que la infiltración de criminales en sus filas fomenta la corrupción, la implantación de pruebas, el abuso de poder, los secuestros, entre otras fechorías, perpetuando la hegemonía de estas prácticas en las instituciones de seguridad (Fuerzas Armadas y Secretaría de Seguridad).
“El estado de excepción por si solo ya demostró que es una herramienta que ha quedado en deuda porque necesita de más elementos para que funcione. Pero lo que sí vino a desnudar esta herramienta es el abuso por parte de elementos de seguridad; esto únicamente les ha permitido cometer más ilegalidades y que se evidente la falta de efectividad”, analizó Kenneth Madrid.
Durante el estado de excepción, de acuerdo con artículos expuestos por Criterio.hn, este ha sido utilizado por elementos de la Policía Nacional para cometer delitos, como aprovechar los allanamientos de vivienda para realizar secuestros o implantar evidencias (drogas, armas o dinero).
Sin embargo, respecto a los supuestos logros, surgen dudas sobre la veracidad de la reducción en los homicidios y el número de capturas por extorsión, ya que las autoridades afirman que son miles, pero por ese delito no se han arrestado ni a 600 personas por ese delito, que motivó la implementación de esta medida.
