La Sala de lo Penal confirmó las condenas contra siete de las ocho personas sentenciadas por el asesinato de Berta Cáceres.
Copinh denuncia que continua la impunidad a favor de los autores intelectuales y que persisten presiones económicas y políticas que dificultan alcanzar justicia plena.
La condena de Sergio Rodríguez, exgerente ambiental de DESA, no alcanzó unanimidad y será revisada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.
Tegucigalpa, Honduras. – A más de ocho años del asesinato de Berta Cáceres, la Sala de lo Penal ratificó las condenas contra siete de las ocho personas sentenciadas en su grado de autoría material y coautoría del crimen contra la lideresa ambiental lenca.
Los nombres de las personas cuya sentencia en el grado de autoría material quedaron en firme son: Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar); Mariano Díaz Chávez (mayor del ejército); Edilson Atilio Duarte; Elvin Rápalo Orellana; Henry Javier Hernández Rodríguez; y Óscar Torres Velásquez. Esta sentencia fue dictada el 2 de diciembre de 2019.
También quedó en firme la sentencia contra Roberto David Castillo, en el grado de autoría material intermedia, aunque se modificaron las agravantes lo que implicará la reducción de la pena. Castillo presidió el consejo de Administración de la empresa Desarrollos Energeticos S.A. (DESA).
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RATIFICACIÓN DE CONDENAS, EL CIERRE DE UN CICLO
Bertha Zúniga Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), señaló a Criterio.hn que la ratificación de la condena es un hecho importante por dos motivos: la espera prolongada del pronunciamiento final, y el cierre completo del ciclo para quienes las condenas ya fueron ratificadas.
“Obviamente, como lo hemos dicho, pues hay decisiones que no reflejan la justicia que exigimos, con la modificación de la condena de David Castillo y que para nosotras, bueno, es decepcionante en el sentido de que manifiesta cómo la justicia en Honduras sigue respondiendo a las presiones de estos sectores económicos que trabajan para la impunidad, como el que claramente está involucrado en el asesinato de mi mami”, afirmó Zúniga Cáceres.
Desde el Copinh señalaron que si bien “se confirman las sentencias, hay decisiones que no reflejan plenamente la justicia que exigimos”. Esto debido a que se modificaron las agravantes contra David Castillo, lo que implica una reducción de la condena, según explicó la organización en sus redes sociales.
David Castillo fue condenado a 22 años y seis meses de prisión por el asesinato de Cáceres en junio de 2022. Además, el pasado 15 de noviembre, fue condenado a otros cinco años de prisión por la causa Fraude sobre el Gualcarque, en la que fue encontrado culpable por los delitos de fraude a título de cómplice y uso de documento falso a título de autor.
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El Copinh señaló que con este fallo la justicia hondureña confirmó la estructura criminal detrás del asesinato de Cáceres, y remarcó que “quedan por capturar y enjuiciar a los autores intelectuales: la familia Atala”.
SENTENCIA DE SERGIO RODRÍGUEZ SERÁ EVALUADA POR EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA
El único fallo en el grado de autoría material que no alcanzó unanimidad ante la Sala de lo Penal fue la sentencia de Sergio Rodríguez, quien al momento del crimen era el gerente ambiental y social de DESA, por lo que el expediente será conocido por el pleno de los y las magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Bertha Zúniga Cáceres apuntó que la ausencia de consenso por parte de la Sala de lo Penal genera preocupación porque responde a la campaña que se sostuvo en el último año ante el sistema de justicia, y que involucran presiones visibles e invisibles.
“Es triste que un caso como este, que es tan conocido, tan protegido, tan acompañado, incluso tenga que vivir estos reveses cuando, bueno, seguramente otras personas, otros casos, no tienen este acompañamiento, esta visibilidad, pues no tienen ninguna garantía de que realmente exista una justicia que se ejerza desde el criterio jurídico y no desde las presiones políticas, económicas y mediáticas”, declaró.
A mediados de año, se elevó una campaña de desinformación que involucraba la falsa admisión de una nueva demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el caso de Sergio Rodríguez, haciendo hincapié en las repercusiones económicas para el Estado.
Sin embargo, contrario a lo informado, no fue la Corte IDH que admitió una nueva demanda contra el Estado de Honduras sino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano no jurisdiccional, que admitió este año una petición presentada en septiembre de 2018 para la revisión del caso por presuntas violaciones de derechos humanos del encausado.
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Desde el Copinh, a través de un comunicado de prensa, señalaron que persiste la impunidad a favor de los autores intelectuales del crimen. Agregando que Daniel Atala Midence continua prófugo de la justicia por el caso de Berta Cáceres.
