La ineficiencia del estado de excepción en cuanto a operatividad no se limita únicamente a las capturas por extorsión, sino también a los resultados de las estrategias de saturación
Tegucigalpa, Honduras. – Entre el 6 de diciembre de 2022 y noviembre de 2024, la Policía Nacional reportó la captura de solo 561 personas por extorsión, delito que motivó al gobierno de la presidenta Xiomara Castro a implementar esta controvertida herramienta prolongada por más de 15 ocasiones de manera irregular y podría amenazar derechos fundamentales como la libre asociación, reunión y circulación, especialmente de cara al próximo año electoral.
Lo anterior se fundamenta en un análisis de datos realizado por Criterio.hn con información proporcionada por la institución dirigida por el general de la Policía, Gustavo Sánchez. El estudio reveló que, a pesar de que en 2024 esta medida ha sido fortalecida con millonarias inversiones destinadas a equipar a la Policía con unidades blindadas como las Black Mamba y otros recursos para combatir la delincuencia, 2023 sigue siendo el año con el mayor número de capturas por extorsión.
Entre el 6 y el 31 de diciembre de 2022, la Policía capturó únicamente a 16 individuos por extorsión. En 2023, un año completo bajo esta medida, se registraron 377 aprehensiones, convirtiéndose en el año con más arrestos por este delito. Hasta noviembre de 2024, se han capturado 168 personas por extorsión.
El Distrito Central, en el municipio de Francisco Morazán, es la zona de Honduras con el mayor número de arrestos por este delito, con 412 casos. Le sigue San Pedro Sula, en Cortés, con 98 capturas. Además, se registraron 51 arrestos en municipios como El Progreso, en Yoro; La Lima, también en Cortés y los departamentos Comayagua y Choluteca, donde este año se está observando un incremento en la criminalidad y violencia.
Entre los capturados, 164 son mujeres mayores de edad, lo que representa el 29% del total, y 20 son menores de edad. Además, 106 son varones menores de 18 años, mientras que el resto son hombres mayores de 18 años. Esto indica que, en su mayoría, las capturas involucran a jóvenes que, debido a la falta de oportunidades o por la intimidación de grupos criminales, se ven obligados a cometer extorsiones. Mientras tanto, los autores intelectuales de estos delitos continúan operando desde sus trincheras, ubicadas en zonas peligrosas de las ciudades mencionadas.
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Estos datos contrarrestan la narrativa del secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, quien ha enfatizado que se han realizado miles de capturas por extorsión durante el estado de excepción, pero al reconocer que el dato no es preciso, justifica con el término “y delitos conexos“. Esta estrategia parece intentar respaldar la baja efectividad de una medida que, al haber dejado de ser excepcional, se mantiene vigente sin resultados claros.
“Hemos capturado a casi cinco mil miembros de estructuras criminales relacionados con el delito de extorsión“, afirmó el general Sánchez en un medio estatal. Sin embargo, los datos presentados desvirtúan una vez más esas cifras, ya que no representan ni el 12% de las detenciones reales precisamente por ese delito orquestado y perpetrado por diferentes estructuras criminales.
¿EN QUÉ CONTEXTO ESTÁ Y QUÉ RIESGOS TRAE EL ESTADO DE EXCEPCIÓN DE CARA AL PRÓXIMO AÑO?
La ineficiencia del estado de excepción en cuanto a operatividad no se limita únicamente a las capturas por extorsión, sino también a los resultados de las estrategias de saturación. Un ejemplo de ello ocurrió la madrugada del jueves 21 de noviembre, cuando un elemento de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y un presunto miembro de una agrupación criminal murieron tras un enfrentamiento en el sector La Laguna, ubicado en la salida a Olancho de la capital.
Según la información disponible, los hechos comenzaron cuando el grupo de militares, que incluía al cabo Darwin Lobo Lobo, llegó al velatorio de un miembro de la Pandilla 18 que había sido abatido días antes. Al momento del despliegue, los presentes en el velatorio –supuestos integrantes de la misma pandilla– abrieron fuego contra los militares, lo que resultó en la muerte de Lobo y un pandillero, así como varios heridos.
Kenneth Madrid, especialista en temas de seguridad, ha cuestionado en diversas ocasiones a las autoridades por no preparar estrategias adecuadas para intervenir en barrios y colonias de alta peligrosidad, lo que a menudo desencadena intercambios de disparos y muertes, como ocurrió en La Laguna, y no en resultados positivos que justificarían el estado de excepción: captura de los líderes de estas agrupaciones criminales.
Estos datos y hechos expuestos generan preocupación sobre lo que podría ocurrir en 2025, un año electoral en el que el partido gobernante, Libertad y Refundación (Libre), tendría la posibilidad de utilizar las restricciones constitucionales que contempla el estado de excepción para actuar contra grupos de partidos políticos opositores.
Esta teoría no surge únicamente por la vigencia de un estado de excepción inconstitucional que ha facilitado abusos de poder por parte de uniformados, sino también por la inclinación del jefe de las Fuerzas Armadas y del secretario de la Policía Nacional hacia el gobierno de Xiomara Castro, manifestada en reiteradas ocasiones a través de su apoyo público.
