Tegucigalpa, Honduras.- Aunque el sector del transporte urbano sostiene que está cumpliendo con los pagos de extorsión a diversas agrupaciones criminales para evitar consecuencias como la paralización de rutas, quema de unidades y asesinatos, en lo que va de 2024 han sido ultimados 49 transportistas por este delito, cuatro menos (53) que los registrados en 2023.
De acuerdo con información compartida por dirigentes del rubro del transporte, los departamentos en donde se registraron más asesinatos de transportistas en 2024 incluyen Cortés, Francisco Morazán, Choluteca y Comayagua.
En Cortés, la violencia sigue siendo particularmente alta, especialmente en la ciudad de San Pedro Sula, mientras que, en Francisco Morazán, el área de Tegucigalpa también ha registrado altos índices de homicidios.
Además, en Choluteca, ubicada en el sur del país, y en Comayagua, al centro de Honduras, se ha observado, a través de monitoreos de información y recopilación de datos subidos en el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), una proliferación de la delincuencia común y otros delitos.
Todos estos departamentos, que han experimentado un mayor número de asesinatos de transportistas, comparten un factor común: han sido objeto de intervenciones por parte de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y la Policía Nacional desde el primer trimestre de 2023. Estas intervenciones tenían como objetivo frenar la creciente violencia.
Sin embargo, los datos sobre los transportistas evidencian que, a pesar de los despliegues de seguridad y la asignación de cientos de agentes, la presencia de las fuerzas de seguridad no ha logrado frenar efectivamente la violencia. La falta de resultados tangibles en la protección de este y otros rubros pone en duda la efectividad de las estrategias de seguridad implementadas en estas zonas conflictivas.
Lea: En la antesala del año electoral, transportistas y gobierno se enfrentan por pago de subsidio
ASESINATOS BAJO UN ESTADO DE EXCEPICÓN QUE “NO FUNCIONÓ”
En noviembre de 2022, el gobierno de Honduras implementó un estado de excepción con el objetivo de reducir la violencia y el crimen organizado, un fenómeno que afecta principalmente a sectores como el transporte urbano. Sin embargo, este régimen no ha logrado frenar la escalada delictiva, como lo demuestra el asesinato de 49 transportistas en 2024, un número despierta cuestionamientos en la efectividad de la medida en un contexto de constante inseguridad.
“Realmente el estado de excepción nunca funcionó. El rubro del transporte urbano puede decir que no se experimentó ninguna diferencia positiva con esta medida. Continúan los asesinatos y la extorsión se mantiene. Nuestro cuestionamiento es porque la Policía, cuando interviene estaciones de buses en zonas conflictivas solo hace presencia no hacen investigación”, valoró el empresario del transporte Jorge Lanza.
Jorge Lanza explicó que, además de los homicidios, en los últimos meses han surgido nuevas bandas criminales que exigen pagos de extorsión, algunas de ellas actuando en nombre de las poderosas agrupaciones que dominan la violencia y criminalidad en el país. Lo paradójico es que el estado de excepción fue implementado, en gran medida, para combatir precisamente este delito.
El director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, explicó que la dinámica criminal en el país persistirá si el Congreso Nacional no concreta las reformas sugeridas por la presidenta Xiomara Castro hace varios meses.
Estas reformas incluyen modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal, orientadas a evitar que personas capturadas por vínculos con actividades criminales queden en libertad debido a la falta de evidencia o de denuncia formal.
Sin embargo, Castañeda advirtió que, aunque estas reformas podrían reducir la extorsión y los asesinatos en el sector del transporte urbano, también existe el riesgo de que incrementen las violaciones a los derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad, como se ha observado en los últimos años bajo el estado de excepción.
