La persistencia de las comunidades lencas afectadas fue vital para evidenciar corrupción en el proceso de concesionamiento de su territorio, pese a las presiones de grupos económicos sobre el sistema de justicia de Honduras
Tegucigalpa, Honduras. – A cinco años de que se presentó el caso Fraude Sobre el Gualcarque y a ocho años del asesinato de la lideresa ambiental, Berta Cáceres, la justicia en Honduras se mantiene en suspenso.
El pasado 10 de octubre, el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada reprogramó por tercera vez la audiencia de individualización de la pena de las personas condenadas en el caso Fraude sobre el Gualcarque.
Para Laura Zúniga, integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) e hija de la lideresa ambiental asesinada en 2016, el retraso es otra forma de mantener en impunidad ambos casos.
Agregó que lee en estas reprogramaciones una forma de agotar a las comunidades organizadas que han acompañado el proceso.
PIE DE FOTO: La audiencia de individualización de la pena de las personas condenadas en el caso Fraude sobre el Gualcarque fue reprogramada para el 15 de noviembre.
“Es importante reconocer que el trabajo de las comunidades y del Copinh ha sido importante para evidenciar las dinámicas de corrupción que se dan en estos procesos de concesionamiento de los territorios indígenas y comunitarios. Esto se ha demostrado en el juicio”, compartió Zúniga Cáceres
En mayo de 2023, fueron declarados culpables por fraude: David Castillo Mejía, exgerente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A.(DESA); y Carolina Lizeth Castillo Argueta, exfuncionaria de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Mientras que Raúl Pineda Pineda, exalcalde de San Francisco de Ojuera, en el occidental departamento de Santa Barbara, fue encontrado responsable por los delitos de usurpación de funciones y falsificación de documentos.
Noticia relacionada: Culpables tres imputados en caso Fraude sobre el Gualcarque, incluido coautor del asesinato de Berta Cáceres
Durante la lectura del fallo, el Tribunal determinó que era claro que David Castillo y Carolina Castillo estuvieron de acuerdo para obtener un beneficio propio. En tanto que Pineda Pineda no tenía la función de emitir certificaciones de la corporación municipal.
Castillo, quien fue condenado a 22 años de prisión por su coautoría en el asesinato de Berta Cáceres, ejerció al mismo tiempo su cargo en DESA y la ENEE, lo que le permitió asistir a las reuniones en las que se discutieron y aprobaron los contratos de su empresa, pese al evidente conflicto de intereses.
CORRUPCIÓN Y EXTRACTIVISMO EN HONDURAS: EL CASO FRAUDE SOBRE EL GUALCARQUE
El caso Fraude sobre el Gualcarque es el primer caso de corrupción que involucra el extractivismo en Honduras y fue presentado el cuatro de marzo de 2019 por la desaparecida Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción del Ministerio Público (UFECIC-MP), con la colaboración de la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
El año pasado, al cierre del juicio, el Bufete Estudios para la Dignidad (BED) señaló que las pruebas del juicio demostraron que la “subyugación de la institucionalidad del Estado por parte de grupos empresariales, financieros y funcionarios corruptos no solo se realizó para este caso, sino que fue práctica estandarizada para muchos otros proyectos de generación de energía”.
Conozca más: Fraude sobre Gualcarque evidenció corrupción en concesionamiento de proyectos de generación eléctrica
Otros procesos judiciales que continúan demorándose están relacionados a la causa Berta Cáceres. Si bien fueron declarados culpables y condenados a prisión siete personas, incluido David Castillo, las sentencias siguen sin ser confirmadas debido al retraso de los magistrados de la Sala Penal en resolver los recursos de casación interpuestos por las defensas privadas de las personas declaradas culpables por la autoría material y coautoría en el asesinato de la defensora ambiental.
“Estamos muy preocupadas porque, aunque han pasado más de cinco años que se emitió la primera sentencia, no ha habido la confirmación de las sentencias en el caso de mi mamá, y sabemos que eso responde a las presiones que hacen los grupos económicos responsables de estos crímenes al sistema de justicia”, señaló recientemente Bertha Zúniga Cáceres, coordinadora general del Copinh.
