Los representantes de la Unidad de Política Limpia y del TJE coinciden en que el financiamiento adecuado es crucial para garantizar la transparencia y evitar cualquier tipo de irregularidad que pueda afectar la credibilidad de los comicios
Ambas instituciones han manifestado su preocupación por la tardanza en la aprobación de los recursos, ya que la falta de un presupuesto oportuno podría comprometer el proceso electoral
Tegucigalpa, Honduras. -Con miras a las elecciones primarias y generales de 2025, la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), más conocida como Unidad de Política Limpia, y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) urgen al Congreso Nacional aprobar sus respectivos presupuestos para garantizar el correcto desarrollo de sus funciones en los procesos electorales.
La Unidad de Política Limpia, encargada de fiscalizar el financiamiento de las campañas políticas, ha solicitado al Poder Legislativo un presupuesto de 124,467,239.98 millones de lempiras para la fiscalización de las elecciones primarias de marzo de 2025.
Por su parte, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), responsable de resolver los conflictos y controversias que surjan durante las elecciones, ha solicitado 82 millones de lempiras para cubrir los gastos operativos y administrativos que le permitan cumplir con sus funciones en las elecciones primarias y generales.
Tanto la Unidad de Política Limpia como el TJE han advertido que sin los recursos necesarios, la capacidad de ambos organismos para cumplir con sus responsabilidades se verá seriamente afectada.
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APROBACIÓN DE PRESUPUESTOS A ORGANISMOS ELECTORALES Y FISCALIZADORES ES URGENTE
Geovany Agueta, director ejecutivo e integrante de la Red por la Equidad Democrática en Honduras (REDH), dijo a Criterio.hn que la aprobación de los presupuestos para la Unidad de Política Limpia y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) debe ser una prioridad del Congreso Nacional.
Enfatizó que la aprobación de presupuestos, de manera oportuna, es esencial para garantizar la fiscalización del financiamiento en las campañas electorales de los aspirantes a la Presidencia de la República, diputados y alcaldías.
Argueta señaló que “no es sorpresa para nadie” que dinero del narcotráfico y del crimen organizado se infiltre en las campañas políticas, es algo que ha sucedido antes y en los últimos procesos electorales ha sido más evidente.
En ese sentido, manifestó que “desde la Red por la Equidad Democrática en Honduras (REDH) nos preocupa que la aprobación de los presupuestos esté tardando”.
Mencionó que representantes de la REDH se han reunido con los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), quienes manifestaron que tienen problemas con la asignación y aprobación de presupuesto.
“La aprobación del presupuesto para estas instituciones no hay que verlo como algo sin importancia, es un tema principal. Porque todas las actividades de los órganos electorales se hacen con tiempo y buena planificación para tener buenos resultados, pero si las cosas se hacen como se han estado haciendo en las últimas elecciones vamos a tener los mismos resultados”, indicó.
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PREOCUPACIÓN POR FALTA DE FONDOS
Durante una entrevista brindada a medios de comunicación la magistrada del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Barahona, declaró que la institución requiere unos 82 millones de lempiras.
Los representantes de la Unidad de Política Limpia y del TJE han manifestado su preocupación por la tardanza en la aprobación de los recursos, ya que la falta de un presupuesto oportuno podría comprometer el proceso electoral primario, que se realizará el 9 de marzo de 2025.
De igual manera, coinciden en que el financiamiento adecuado es crucial para garantizar la transparencia y evitar cualquier tipo de irregularidad que pueda afectar la credibilidad de los comicios.
Este monto es necesario para llevar a cabo la supervisión y auditoría de los fondos utilizados por los partidos políticos durante las elecciones primarias. Los comisionados de la Unidad de Política Limpia enfatizaron que su rol es clave para asegurar la transparencia en el uso de recursos durante el proceso electoral.
