A pesar de contar con medidas cautelares de la CIDH, el defensor ambiental fue asesinado, evidenciando las falencias del sistema que debería salvaguardar a quienes luchan por los derechos humanos en un contexto de creciente violencia e impunidad
Tegucigalpa, Honduras. – El asesinato del ambientalista hondureño Juan López, ocurrido el 14 de septiembre de 2024 en Tocoa, Colón, ha puesto de manifiesto la ineficacia del Mecanismo Nacional de Protección en Honduras. López, conocido por su firme oposición a las actividades extractivas y su defensa de los ríos Guapinol y San Pedro, fue atacado a disparos.
A pesar de contar con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a las amenazas que había recibido, su vida no fue protegida por el Estado.
A criterio del abogado y doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, el asesinato de Juan López, advierte la alarmante situación del Sistema Nacional de Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (SNP), en Honduras, resaltando su fracaso en la defensa de los verdaderos defensores de derechos humanos.
En octubre de 2023, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 30 miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y del Bufete Justicia para los Pueblos, entre ellos Juan López. Esta decisión fue tomada tras un análisis exhaustivo de la grave y urgente situación que enfrentan estos defensores, quienes están en riesgo inminente de sufrir daños irreparables a sus derechos en Honduras.
De interés: Honduras sigue sin adoptar medidas de la CIDH para defensores del ambiente de Tocoa
GOBIERNO SE DESMARCA DE RESPONSABILIDAD EN ASESINATO DE JUAN LÓPEZ
La respuesta del gobierno hondureño tras el asesinato de Juan López ha sido objeto de severas críticas, especialmente en relación con la justificación de que el defensor había renunciado a las medidas de protección que se le ofrecieron.
En un programa televisivo, la ministra de Derechos Humanos, Angelica Álvarez, justificó ante el cuestionamiento que Estado de Honduras no había bridado la protección necesaria al líder ambientalista de Tocoa.
“A Juan se le ofreció un vehículo blindado, (…), Juan rechazó el vehículo por dos razones”, expresó la ministra, al tiempo que señaló las razones por las que Juan rechazó el ofrecimiento. En primera instancia, agregó Álvarez, que Juan les señaló que el vehículo era de lujo que no era necesario y, en segundo lugar, la medida era individual. según la ministra al mencionar el rechazo de Juan, fue no para evadir la responsabilidad del Estado de Honduras.
La narrativa oficial que sostiene que López rechazó estas protecciones ha sido desmentida por defensores de derechos humanos, quienes afirman que el verdadero problema radica en la ineficacia del mecanismo de protección y la falta de compromiso del gobierno para garantizar la seguridad de los activistas.
Joaquín Mejía, en una entrevista con Criterio.hn, aclaró que el rechazo de Juan, no fue un acto de negación hacia la seguridad, sino una respuesta a lo que él consideraba inadecuado.
López había expresado su desconfianza en las medidas propuestas, las cuales no se alineaban con sus necesidades específicas ni abordaban el contexto de riesgo al que se enfrentaba él y los demás miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. “Juan a lo que se negó es obtener privilegios porque no sólo es Juan, es todo el comité, es toda la comunidad la que realmente está en riesgo”, enfatizó el doctor en derechos humanos.
Además, subrayó que las medidas de protección deben de ser en primer lugar consensuadas con las personas beneficiarias. En el caso del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, en la última reunión que hubo con el Comité Técnico del Mecanismo de Protección, el Comité municipal presentó una propuesta de medidas y ninguna de esas propuestas se tomó en cuenta.
Este contexto de desprotección, refleja una desconexión entre las autoridades y la realidad enfrentada por los defensores, quienes requieren soluciones integrales efectivas y consensuadas para garantizar su seguridad y no un sistema centrado en medidas de seguridad vinculadas con el tema policial o militar.
Juan López no es el primer defensor de derechos humanos asesinado en Honduras a pesar de contar con medidas de cautelares. Su trágico asesinato se suma a la lista de activistas que, habiendo solicitado o recibido medidas cautelares, han sido víctimas de la violencia. Este patrón revela las serias deficiencias del sistema de protección implementado por el Estado, que ha demostrado ser ineficaz para salvaguardar la vida de quienes luchan por los derechos ambientales y sociales.
Casos anteriores, como el de Berta Cáceres, quien también fue asesinada a pesar de tener medidas de seguridad, evidencian que el compromiso del gobierno para proteger a los defensores es insuficiente y a menudo se traduce en una falta de acción efectiva.
MECANISMO FALLIDO
El Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos en Honduras ha demostrado ser un sistema fallido, incapaz de salvaguardar efectivamente a quienes arriesgan sus vidas por la defensa de los derechos fundamentales.
Joaquín Mejía subrayó que el asesinato de Juan López es un claro ejemplo del deterioro del mecanismo de protección, el cual ha ido en declive desde su creación.
A pesar de las expectativas de que el nuevo gobierno revertiría esta tendencia, la realidad ha sido opuesta. De acuerdo con Mejía, se debe a “las pugnas internas” dentro del partido Libre que han convertido al mecanismo Nacional de Protección en un “campo de batalla”.
Dichas pugnas, han llevado a una inestabilidad que se refleja en los constantes cambios de directores y crisis dentro del Consejo Nacional de Protección.
El último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destaca que Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para la defensa de los derechos humanos, lo que agrava aún más la situación-
Angélica Álvarez, admitió que el mecanismo de protección presenta debilidad. “el Mecanismo, desde su creación, es una falencia y nunca ha funcionado”, expresó.
La abogada Reina Rivera ha expresado su indignación ante la alarmante distribución de los fondos del Mecanismo de Protección en Honduras, señalando que el 80% de estos recursos se destina únicamente a seis casos, de los cuales dos corresponden a personas en posiciones de poder dentro del Estado. Esta situación pone de manifiesto la falta de atención y recursos destinados a la protección de los verdaderos defensores de derechos humanos, quienes enfrentan amenazas constantes y un entorno hostil.
Rivera subraya que es fundamental fortalecer el deteriorado mecanismo y garantizar que la asignación de recursos se enfoque en proteger a aquellos que realmente están en riesgo por su labor en defensa de los derechos ambientales y sociales.
Ante esta crítica, la abogada sugiere que el Estado debe reevaluar sus prioridades y adoptar un enfoque más inclusivo y equitativo en la distribución de fondos. La protección efectiva de los defensores no sólo depende de la asignación adecuada de recursos, sino también de un compromiso genuino por parte del gobierno para garantizar la seguridad y el bienestar de quienes arriesgan sus vidas por la justicia social.
De acuerdo con la data del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), entre 2022 y 2024, más de 30 defensores del ambiente, la tierra y de pueblos originarios perdieron la vida de manera violenta.
En 2023, Honduras destacó como el país con la tasa más alta de asesinatos de defensores de la tierra y el medioambiente en el mundo por cada habitante en el mundo.
