En junio de 2022, el presidente del Congreso Nacional Luis Redondo Guifarro denunció un despilfarro de 61.3 millones de lempiras en pago de seguros médicos y planes dentales en favor de Roberto Michelleti Baín (2006-2009) y Juan Orlando Hernández (2010-2014), pero ahora esconde la información sobre las transacciones actuales.
La Ley de Transparencia estipula que las instituciones obligadas deberán publicar toda la documentación referente a las contrataciones, concesiones, licitación de obras públicas, las actas de apertura de ofertas y adjudicación, ampliaciones, prórrogas y declaratorias de compras directas, así como sus resultados deben ser divulgados.
Tegucigalpa, Honduras. -El Congreso Nacional ha incumplido la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al no publicar los contratos relacionados con la adquisición y contratación de seguros de vida, médicos y planes dentales para los 256 diputados (propietarios y suplentes), que en 2021, durante la gestión de Mauricio Oliva, superaron los 13 millones de lempiras.
De acuerdo con la normativa vigente, todas las instituciones del Estado están obligadas a publicar de manera oportuna y detallada la información sobre contratos y adquisiciones en el Portal de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Lo anterior con base, al artículo cuatro de la referida ley, que con base a la Ley de Contratación del Estado, señala que todas las instituciones obligadas deberán publicar la información relativa a sus gestión o, en su caso brindar toda la información concerniente a la aplicación de los fondos públicos que administren o hayan sido garantizados por el Estado.
Asimismo, el artículo 13, en su numeral nueve, señala que las contrataciones, concesiones, ventas, subastas de obras, convocatorias a concurso, licitación de obras públicas y suministros, los contratos de consultoría, las actas de apertura de ofertas y adjudicación, ampliaciones, prórrogas y declaratorias de compras directas, así como sus resultados deben ser divulgados.
Esta opacidad se puede observar en la plataforma Honducompras de la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de Honduras (ONCAE), ya que durante las administraciones de Mauricio Oliva Herrera (2014-2018 y 2018-2022) y Luis Redondo (2022 a la fecha) no se ha publicado ningún tipo de licitación o compra.
Hasta la fecha, en Honducompras no se ha encontrado ningún registro sobre la adquisición y contratación de seguros de vida, médicos y planes dentales en favor de los diputados, pese a que se conocen procesos de licitación para tales fines. Esta práctica opaca impide que se conozcan las condiciones, montos y proveedores involucrados en dichas transacciones.
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ESCASA INFORMACIÓN
Criterio.hn buscó en el Portal de Único de Transparencia los contratos de seguros colectivos de vida, médico hospitalario y planes dentales para las y los diputados y funcionarios del Congreso Nacional, pero únicamente encontró el aviso de Licitación Pública Nacional (LPN-001-2023-CN, LPN-No.01-2020 y de procesos de 2017).
También, se encontró el memorándum DA-101-2022, en el que se enumeró el pago de las contrataciones realizadas por el Congreso Nacional en enero de 2022. En ella aparece la contratación de un seguro colectivo de vida, médico hospitalario y plan dental para diputados y funcionarios del Poder Legislativo, cuyo desembolso fue de 1,043,766.79 lempiras.
Dicho seguro fue contratado a la empresa Interamericana de Seguros. Al igual que en ese entonces, el seguro de vida colectivo y médico, y el plan dental del que gozan las y los diputados fue otorgado a Interamericana de Seguros. Lo anterior fue corroborado por Criterio.hn al consultar con diputados de diferentes bancadas de ese poder del Estado.
En el memorándum se detalla el contrato con acuerdo No. 01-2020-JD/CN, suscrito el 30 de enero de 2020 por el expresidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera. Entre los numerales del contrato se detalla la duración del mismo, el cual constaría de 12 meses y 25 días a partir de las doce del mediodía del 1 de enero 2021 al 26 de enero a las 12:00 del mediodía del año 2022, fecha en la que tomaría posesión la nueva administración del Poder Legislativo, dirigido por Luis Redondo.
El valor de este contrato fue de 13,047,084.67 millones de lempiras, desembolsados en cinco pagos. Cuatro de ellos por 3,000,829.47 millones de lempiras –hechos en marzo, junio, septiembre y diciembre de 2020— y el último se realizó por un valor de 1,043,766.79 de lempiras –el 26 de enero de 2022—.
En enero de 2022, el Congreso Nacional publicó un documento de Excel en el que se enumeran los desembolsos realizados por ese poder del Estado y se detalla que el contrato/orden de compra no fue publicado en el portal de Honducompras.
De igual manera, este medio digital realizó una solicitud de información al Congreso Nacional para obtener los contratos de seguros, pero la respuesta fue “que la información solicitada es difundida de oficio y se encuentra en el Portal de Transparencia”, pero al hacer la búsqueda lo único que se encontró fue la convocatoria de la licitación.
También, se buscó en el Portal de Transparencia del Congreso Nacional, en la sección de “Gastos”, donde se encontró una erogación de 1,541,666.66 de lempiras correspondiente a primas y gastos de seguros. Aunque no se especifica qué tipo de seguro es.
Criterio.hn contacto al gerente general del Congreso Nacional, David Reyes, para consultarle sobre la contratación de seguros médicos para las y los diputados, pero no hubo respuesta.
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MILLONARIO DESPILFARRO EN PAGO DE SEGUROS Y PLANES DENTALES EN ADMINISTRACIÓN DE MAURICIO OLIVA
En junio de 2022, el presidente del Congreso Nacional Luis Redondo Guifarro denunció un millonario despilfarro de 61.3 millones de lempiras en pago de seguros médicos y planes dentales en favor de Roberto Michelleti Baín (2006-2009) y Juan Orlando Hernández (2010-2014), ambos extitulares de ese poder del Estado.
Redondo explicó que durante las administraciones de Oliva (2014-2018 y 2018-2022), Roberto Micheletti Baín, expresidente del Congreso Nacional, de enero 2006 hasta junio de 2009 cuando asumió de facto la presidencia de Honduras tras el golpe de Estado contra José Manuel Zelaya, fue beneficiado con el pago de seguro médico, seguro de vida y plan dental pese que en enero de 2010 salió del poder.
Asimismo, señaló que el exmandatario Juan Orlando Hernández, sentenciado en Estados Unidos a 45 años de prisión por tráfico de armas y de drogas, formó parte de la lista de los beneficiados con seguros médicos, de vida y dentales, al igual que un hermano,varios empleados y también la fenecida Alba Nora Gúnera de Melgar.
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DESTACADO: Al no divulgarse la información no se conoce los procesos de contratación, las empresas beneficiadas, dejando en duda la transparencia y el manejo de los fondos estatales que al final están siendo utilizados para privilegios de los diputados, mientras la mayoría de los hondureños se enfrenta a un sistema de seguridad social y salud pública colapsado.
INSTITUCIONES DEBEN CUMPLIR CON LA LEY
La abogada especialista en derecho empresarial y público, Karla Alvarado, enfatizó que todas las instituciones están obligada a publicar la información, especialmente las compras, contrataciones y licitaciones, en los portales del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y de la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de Honduras (ONCAE).
En una entrevista brindada a Criterio.hn la jurista explicó que todas las instituciones que incumplan con las normativas deben ser sancionadas, con multas pecuniarias de hasta 30 salarios mínimos.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, impone sanciones a las instituciones obligadas que incumplan con la normativa, señalando en los artículos del 26 al 29 los procedimientos y motivos de sanciones que serán impuestas por incumplir la normativa.
El artículo 28, menciona que las sanciones pueden variar desde una amonestación por escrito hasta la imposición de multas que oscilan entre medio salario y 50 salarios mínimos mensuales, dependiendo de la gravedad de la infracción dichos valores “deberán ser enterrados en la Tesorería General de la República”.
En esa misma línea opinó el exdiputado del Partido Anticorrupción (PAC), Aníbal Cálix, al señalar que todas las instituciones están obligadas a publicar la información en los portales de transparencia para evitar cualquier suspicacia o corrupción.
Lamentó que la transparencia y el acceso a la información no sea una política en la administración y función del Congreso Nacional.
En ese sentido, externó que “en ninguna administración del Congreso se ha dado una verdadera rendición de cuentas o transparencia. El primer paso en la lucha contra la corrupción es la transparencia”.
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¿CUÁL ES EL PROCESO PARA UNA LICITACIÓN O CONTRATACIÓN?
Karla Alvarado precisó que los procesos de licitación pública deben ser publicados en diarios de difusión nacional, en La Gaceta y en los portales de Honducompras y de Transparencia del IAIP, para promover la participación de proveedores, previamente certificados por ONCAE.
Luego los oficiales de compras realizan una evaluación de las empresas que participan en la licitación. “Todo tiene que ir de acuerdo a la Ley de Contratación del Estado y con base a eso se puede ver quién cumple los requisitos de adjudicación de la licitación del contrato”, puntualizó la entrevistada.
