Si bien reconocen la necesidad de la construcción de centros de reclusión, aseguran oponerse “firmemente” a que se realice dentro de un área marina protegida
Tegucigalpa. – La construcción de un centro penitenciario de máxima seguridad en la Reserva Marina de Islas del Cisne continúa siendo adversada por parte de la ciudadanía, sociedad civil y academia en Honduras. No obstante, desde el oficialismo el proyecto es promovido como una medida para combatir la criminalidad.
El comité técnico del Parque Nacional Marino de Islas de la Bahía pidió a las autoridades centrales reconsiderar la decisión tomada desde el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, presidido por la presidenta Xiomara Castro, y evaluar otras alternativas para la construcción del centro de reclusión de alta seguridad en territorio continental hondureño.
La organización señaló, a través de un comunicado, que la edificación en el archipiélago de Islas del Cisne traería consecuencias para el arrecife coralino mesoamericano, alteración a la biodiversidad local, contaminación y hasta el desplazamiento de especies nativas por la introducción de especies invasoras.
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Desde el Parque Nacional Marino de Islas de la Bahía recalcaron que el “Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, no fue debidamente socializado con los actores del área de influencia de Islas de la Bahía, incluyendo pescadores y organizaciones de sociedad civil; lo que impidió su análisis y discusión adecuada”.
Si bien aseguran reconocer la necesidad de la construcción de centros de reclusión para garantizar la seguridad pública, sostienen que se oponen “firmemente” a que la edificación se realice en áreas marinas protegidas, dado que estas “han sido declaradas como tales para evitar la instalación de infraestructuras en entornos extremadamente vulnerables”.
ADVIERTEN SOBRE DAÑOS IRREVERSIBLES DE CONTINUAR PROYECTO
El comité técnico del Parque Nacional Marino de Islas de la Bahía advirtió sobre los impactos negativos en los ecosistemas marinos, en particular los arrecifes de coral, “cruciales para la biodiversidad y la protección costera”, y ya amenazados por el incremento de las temperaturas a causa del cambio climático.
En el documento indicaron que la construcción del centro penitenciario en el archipiélago perturbará hábitats “esenciales” para especies endémicas y migratorias. Así como la generación de contaminación lumínica, acústica y química que impactaría en la salud de la fauna marina. Entre estas, especies en peligro de extinción como las tortugas marinas y aves migratorias.
Señalaron el riesgo de derrames de combustibles, entre otros materiales peligrosos, durante el transporte y construcción, lo que implicaría daños irreversibles a los arrecifes de coral y otros hábitats marinos. Mientras que el incremento de la actividad humana en una zona ecológicamente sensible podría introducir especies invasoras que desplacen a las nativas.
“la operación de una cárcel en las Islas del Cisne implicaría costos elevados, debido a la necesidad de tratamiento y disposición adecuada de los residuos sólidos y líquidos generados durante la construcción y operación de las instalaciones. Un manejo inadecuado de estos residuos podría ocasionar graves impactos en los ecosistemas marinos.
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En respuesta a los pronunciamientos de rechazo por parte de diversos sectores de la sociedad hondureña, las autoridades han optado por criminalizar y estigmatizar a quienes se oponen al plan.
La vehemente defensa por parte de los funcionarios ha escalado al punto de afirmar que quienes se oponen podrían estar involucrados con el crimen organizado. Dos de ellos son el titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) Lucky Medina, y el jefe de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) el coronel Ramiro Muñoz.
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a través de la Escuela de Biología, se pronunció en contra de la edificación del centro de reclusión en las Islas de Cisne, señalando que no existe actividad humana que esté libre de provocar un impacto ambiental.
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El Colegio de Biólogos de Honduras, previamente, concluyó que la instalación de un centro penal en esa zona no es ambientalmente sostenible y representa más amenazas a corto y mediano plazo, que una solución a largo plazo.
Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como personas defensoras, se ha exteriorizado preocupaciones con respecto a los principios de reinserción y readaptación social, que es el fin del sistema penitenciario, puesto que afirman que se estaría dificultando el acceso de los privados de libertad a visitas.
