Las alianzas público-privadas, caracterizadas por utilizar recursos externos al Presupuesto General de Ingresos y Egresos y aumentar el endeudamiento público, requieren de un nuevo régimen
Tegucigalpa, Honduras.- Cuando el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional el anteproyecto de la Ley de Justicia Tributaria, el 26 de abril de 2023, se planteó en el artículo 38 la supresión de la Ley de Promoción de las Alianzas Público-Privadas, contenida en el decreto legislativo 143-2010, y sus reformas.
Este artículo incluye la creación de la Superintendencia de Alianzas Público-Privadas, figura a través de la cual, durante los últimos tres gobiernos del Partido Nacional, entre 2010 y 2022, se gestionaron mediante fideicomisos diversas obras, como la construcción y operación del aeropuerto internacional Palmerola en Comayagua y el Centro Cívico Gubernamental en el Distrito Central.
Asimismo, se gestionó la operación de la Empresa Energía Honduras (EEH), encargada de la distribución y facturación de energía eléctrica entre 2019 y 2023, y el mantenimiento vial y cobro de peaje en la carretera CA-5 a través de la Concesionaria Vial Honduras S.A. de C.V. (Covi Honduras).
Las alianzas público-privadas surgieron, según su normativa, como una herramienta destinada a gestionar y regular los procesos de contratación para permitir la colaboración público-privada en la ejecución, desarrollo y administración de obras y servicios públicos, fomentando la inversión en el país.
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Sin embargo, ante la ausencia de un régimen verdaderamente regulatorio, las alianzas público-privadas fueron utilizadas de manera poco transparente y, en algunos casos, con abusos o condiciones leoninas a favor del sector privado en varios contratos. El gobierno liderado por Xiomara Castro desde 2022 prometió emprender acciones legales contra algunos de estos contratos o revisarlos, pero los resultados han sido mínimos.
De acuerdo con el informe Alianzas Público-Privadas y su huella en la deuda pública, publicado el 7 de junio de 2024 por la Red Latinoamericana de Justicia Económica y Social (Latindadd) y el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), las alianzas público-privadas han incrementado el endeudamiento público sin recursos directos del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, al haberse establecido a través de fideicomisos.
Las alianzas público-privadas, según dicho informe, han sido causantes del déficit fiscal al considerarse entre los 18 regímenes de exoneración fiscal que pretenden ser eliminados a través de la Ley de Justicia Tributaria.
APP SON NECESARIAS, PERO…
A consideración de analistas económicos consultados por Criterio.hn, las alianzas público-privadas son modelos de economía mixta que resultan factibles, siempre y cuando ambas partes, Estado y empresa privada, no evadan responsabilidades.
El expresidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Martín Barahona, manifestó que es necesario establecer un nuevo marco regulatorio para las alianzas público-privadas, mas no eliminarlas completamente.
“Es algo que el país necesita, pero bajo el principio de que el Estado actúe responsablemente en la administración de sus recursos y que, cuando entre en asociaciones con el sector privado, lo haga conservando la mayoría de las decisiones. Que no sea como en el pasado, cuando no se garantizaba la transparencia en los recursos y se utilizaba para evadir responsabilidades del Estado”, declaró Barahona a este medio digital.
Por su lado, el rector de la Universidad José Cecilio del Valle (UJCV), Julio Raudales, coincidió en que es necesario que exista un nuevo marco regulatorio para las alianzas público-privadas, sobre todo por la falta de claridad y transparencia que ha existido en cuanto a su manejo.
“Se necesita una reforma profunda. Es importante, sobre todo, que tanto el COHEP, el gobierno, y los interesados en el tema tengan un diálogo. Las alianzas público-privadas han sido instrumentos importantes en algunos países, pero acá se convirtieron en un mecanismo de negociación para apropiarse de proyectos por interés de grupos económicos, con escasa transparencia”, declaró Raudales a Criterio.hn.
¿QUÉ ALTERNATIVAS EXISTEN?
En una entrevista previa con este medio digital, el economista Ismael Zepeda Galo indicó que una de las medidas ideales para regular las alianzas público-privadas sería a través del fortalecimiento de la Unidad de Contingencias Fiscales de la Secretaría de Finanzas.
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Diputados que integran la comisión de dictamen de la Ley de Justicia Tributaria indicaron a Criterio.hn, en junio de 2024, que la supresión de la Ley de Promoción de las Alianzas Público-Privadas y, por ende, de la Superintendencia de Alianzas Público-Privadas, continuaba bajo deliberación.
