Tegucigalpa. – Integrantes de las comunidades Garífunas en Trujillo, Caribe hondureño, denunciaron amenazas realizadas por parte de miembros de la Policía Nacional (PN) durante procesos de recuperación territorial.
El líder comunitario Mario Solorzano contó a Criterio.hn que las autoridades no tienen interés en respetar el título ancestral de inicios del siglo XX. El lunes 24 de junio, al llegar las y los Garífunas al predio, policías les rodearon, amedrentaron, les expresaron que las tierras ya no eran del pueblo Garífuna y que difundieran la información
“[N]os dijeron que esas tierras ya no eran nuestras, ni siquiera nos presentaron una orden de desalojo, ni nos presentaron los documentos de los supuestos dueños”, declaró.
Agregó que al ser minoría frente a la policía optaron por moverse para evitar que el conflicto escalara, dejando la bandera del pueblo Garífuna en el predio. Sin embargo, al retornar, está había sido hurtada.
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“Cuando regresamos al predio, después de aproximadamente una hora, […] ya la bandera no estaba ni los postes que habíamos colocado, donde estábamos dividiendo las calles y solares”, narró Solorzano, quien calificó el robo de la bandera como un acto de irrespeto contra el pueblo Garífuna.
En protesta por la sustracción de la bandera, este martes, 25 de junio, las poblaciones Garífunas de Trujillo, Colón, se movilizaron al puente de barrio Cristales el cual comunica con la comunidad de Santa Fe.
“Estamos tomándonos el puente, de aquí regresaremos a los predios, como protesta para que nos regresen la bandera y para que no nos estén hostigando en el predio, donde estamos reocupando”, expuso.
LA PRESENCIA DE RANDY JORGENSEN EN LA BAHÍA DE TRUJILLO
La coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda, denunció que la policía protege los intereses de Randy Jorgensen, “a quien se le incautaron más de 140 lotes de terrenos en toda la Bahía de Trujjillo”.
Randy Jorgensen es un empresario canadiense, propietario de Carivida, empresa que aduce ser la propietaria de predios en la comunidad de Trujillo, uno de estos ubicado en la comunidad Garífuna de Guadalupe.
Esta población interpuso en 2008 una serie de denuncias ante la Fiscalía Especial de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural por la venta ilegal de tierras dentro de los perímetros de su título comunitario ancestral.
Pese a las denuncias, las autoridades no actuaron y tras el golpe de Estado de 2009, Jorgensen se apoderó de muchos predios ubicados en la bahía de Trujillo y que contaban con títulos de propiedad ancestrales en favor de las comunidades Garífunas, en los que se especifica que los terrenos no pueden ser vendidos a foráneos, la cual fue ignorada por el Registro de la Propiedad en Santa Fe y Trujillo.
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Otra de las comunidades afectadas son Cristales y Río Negro, sobre la que en marzo de 2012, el Instituto Nacional Agrario (INA) publicó un informe en el que concluyó que Jorgensen usurpó cuatro manzanas y 1,190 varas cuadradas del título ancestral.
El 23 de mayo de 2012, la Fiscalía de Etnías presentó un requerimiento fiscal contra Jorgensen por el delito de usurpación en perjuicio de la comunidad de Cristales, sustentado por los títulos, escrituras públicas y el informe del INA.
Pasaron más de tres años para que el caso avanzara en el Juzgado de Letras Seccional en Trujillo, sin embargo, el juez dictó sobreseimiento provisional en favor del imputado.
Durante el proceso, desde el INA se informó sobre la existencia de “un título de propiedad inigualable, y que no puede ser trasferido, no puede ser vendido, y no se puede hacer ningún trámite con él”.
El proceso avanzó y es hasta octubre de 2019, cuando se evacuó el juicio oral y público contra Randy Joy Jorgensen por el delito de usurpación en perjuicio de las comunidades Garífunas de Cristales y Río Negro en Trujillo.
El Ministerio Público informó que se acreditó que Jorgensen además de estar en dominio ilegal de tierras de la comunidad Garífunas de Cristales y Río Negro, también se apropió de otras áreas de terreno dentro del título comunitario extendido en 1934 por el entonces presidente Manuel Bonilla.
Para abril de 2024, el Ministerio Público anunció el aseguramiento de 233 lotes de terrenos por parte de dos sociedades mercantiles, entre cuyos titulares de derecho se encuentra Randy Joy Jorgensen y otros dos canadienses, quienes habrían estafado a sus propios compatriotas mediante la venta de lotes de terrenos ubicados en las comunidades arriba mencionadas.
