La violencia sistémica contra los Garífunas en Honduras es atribuida a modelos económicos neoliberales impuestos por financistas internacionales, denuncian organizaciones.
Tegucigalpa. – Más de cincuenta organizaciones internacionales e individuos se manifestaron en contra de la violencia ejercida contra los liderazgos de las comunidades Garífunas en el Caribe hondureño, a manos de industrias financiadas por el capital trasnacional.
“Si bien el Estado de Honduras es responsable de violar los derechos territoriales del pueblo Garífuna, el gobierno de los Estados Unidos, las instituciones financieras internacionales y los bancos multilaterales de desarrollo son directamente cómplices de esta violencia, la cual emana de financiar estos proyectos e imponer un modelo económico neoliberal basado en el turismo, el extractivismo y las exportaciones”, lee el pronunciamiento público.
Las organizaciones denunciaron la violencia que se ejerce desde las empresas turísticas globales, la industria de narcóticos con destino a Estados Unidos y las empresas de aceite de palma con financiación extranjera.
Ejemplificaron la situación que viven las poblaciones Garífunas con los recientes ataques en las comunidades de El Triunfo de la Cruz en Tela, Atlántida, y Travesía en Puerto Cortés, donde recientemente se ha intentado imponer patronatos paralelos.
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“Estos actos de violencia sistemática no solo buscan terminar con su forma de vida sino erradicar al pueblo Garífuna”, señalaron.
Además, recordaron que, en el caso de El Triunfo de la Cruz, el debilitamiento de los liderazgos comunitarios tiene como propósito “bloquear los esfuerzos del Estado de Honduras para cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de 2015 que ordena al Estado restituir el territorio ancestral” a la comunidad Garífuna.
Otros hechos expuestos por las y los firmantes, que involucró a El Triunfo de la Cruz, fue el acoso y amenazas contra los liderazgos comunitarios por parte del propietario del complejo turístico “Rosa Negra”, en marzo de 2024. Dos meses después, se interrumpió la vía de acceso a la población de la comunidad Garífuna.
En su pronunciamiento, las y los firmantes pidieron al Congreso de Estados Unidos apoyar la H.Res.1278, cuyo propósito es afirmar la importancia de la supervivencia de la cultura e identidad Garífuna, condenando la apropiación violenta e ilegal del territorio Garífuna.
También instaron al Departamento de Estado y a los bancos multilaterales de desarrollo a respetar los derechos del pueblo Garífuna, y pedir al gobierno de Honduras cumplir plenamente con las resoluciones de los organismos multilaterales de derechos humanos que ordenan la devolución de la tierra y el territorio Garífuna.
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La resolución fue reintroducida el pasado 5 de junio por la representante Cori Bush, junto a los representantes Ilhan Omar, Jesús “Chuy” García, Jan Schakowsky, y Jamaal Bowman.
Al Estado de Honduras llamaron a cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que entre sus reparaciones ordena la restitución del territorio ancestral Garífuna en las comunidades de El Triunfo de la Cruz, Punta Piedra y San Juan, así como garantías de no repetición.
