La incógnita sobre si se está debatiendo la no prolongación del estado de excepción desde Casa de Gobierno surgió no sólo a raíz de los cuestionamientos a la medida, sino también por información publicada en algunos medios de comunicación. Sin embargo, como afirmaron desde el Ejecutivo, por el momento no hay discusión relacionada a no volver a prolongarlo
Tegucigalpa, Honduras. – A pesar de que varios sectores de la sociedad civil, rubros empresariales afectados por las organizaciones criminales y grupos políticos de oposición han solicitado la suspensión y no prolongación del estado de excepción debido a su falta de eficiencia y violación de los derechos humanos, el gobierno de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, no está considerando esta alternativa, hasta el momento.
Lo anterior lo confirmó en conversaciones con Criterio.hn Delia Arita, directora de comunicaciones de la Secretaría de Estado de la Presidencia. Arita detalló, además, que hasta el momento en el Poder Ejecutivo no se ha discutido la posibilidad de discontinuar la medida que se implementó desde que Gustavo Sánchez asumió el control de la Secretaría de Seguridad, después de la destitución de Ramón Sabillón.
Rafael Sarmiento, diputado oficialista presidenta de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional (Fotografía: Horacio Lorca)
Sin embargo, aunque en el Ejecutivo no se analiza la posibilidad de descontinuar la medida, en el Congreso Nacional, el presidente de la bancada oficialista Libertad y Refundación, Rafael Sarmiento, recordó que el estado de excepción debe ser temporal. Señaló que en los próximos días se deben evaluar otras alternativas policiales para, de una vez por todas, no volver a prolongarla.
“Las medidas como el estado de excepción parcial, que es atípico porque permite la libre locomoción, son mecanismos que han fortalecido a la Secretaría de Seguridad para poder realizar, por ejemplo, allanamientos en horas y días inhábiles. Sin embargo, esto no es permanente, es provisional, y creemos que pronto debe plantearse una nueva estrategia”, precisó el congresista en pláticas con este medio de comunicación.
El diputado Sarmiento reafirmó la temporalidad del estado de excepción, enfatizando que no es una medida permanente. Destacó la importancia de planificar las acciones futuras para mantener una respuesta efectiva a las necesidades de la población y establecer un plazo claro para concluir con esta medida excepcional.
Sin embargo, Sarmiento, diputado representante de Olancho y presidente de la Comisión de Seguridad, dejó claro que continuarán apoyando desde el Legislativo todas las prórrogas al estado de excepción que sean aprobadas por el Ejecutivo. “Nosotros respaldamos todos los esfuerzos que hace el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Seguridad para seguir luchando contra la corrupción, la impunidad, el crimen organizado y la delincuencia común en el país”, afirmó.
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CONTINUIDAD SIN RESULTADOS
A pesar de las afirmaciones del oficialismo sobre la temporalidad del estado de excepción y su uso en circunstancias excepcionales, la realidad contradice estas palabras. En Honduras, esta medida, que constitucionalmente está limitada a periodos de 45 días, ha sido extendida por más de un año, siguiendo un patrón similar al observado en el país vecino, El Salvador, pero sin alcanzar la misma efectividad.
El artículo 187 de la Constitución de la República establece los parámetros para instaurar un estado de excepción, indicando que su duración inicial es de 45 días, con la posibilidad de ser prolongado si la situación lo requiere. Sin embargo, han surgido cuestionamientos debido a la percepción de que su aplicación se ha vuelto habitual, perdiendo así su carácter excepcional.
“Esta medida, que por naturaleza debería ser excepcional, ha perdido su carácter temporal. Llevamos más de un año bajo estado de excepción y, lo más preocupante, es que no observamos una disminución significativa en los índices de criminalidad, que fue el motivo original de su implementación. Tampoco percibimos una dirección clara hacia la cual estén apuntando las autoridades”, opinó Joaquín Mejía, abogado constitucional.
Mejía, doctor en derechos humanos, comparó la situación del estado de excepción con la militarización en el país. Señaló que, si bien ambas medidas se utilizan para abordar la criminalidad, en ambos casos es evidente la falta de estrategias claras.
“Un gobierno puede implementar estrategias de seguridad pública, pero al hacerlo debe establecer límites de tiempo para su aplicación, garantizar que todo esté bajo control civil y elaborar un plan de salida. Es fundamental que estas medidas no se conviertan en permanentes, como está sucediendo tanto con la militarización como con el estado de excepción”, explicó Mejía.
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DESCONTINUARLA SERÍA LA MEJOR OPCIÓN
Según declaraciones de Liliana Licona, oficial jurídico del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), la prolongación del estado de excepción no cuenta con el respaldo de la institución.
Licona indicó que desde el principio han dejado clara su postura al respecto, fundamentada en las violaciones a los derechos humanos documentadas a través de tres informes y las denuncias recibidas. Asimismo, señaló que el estado de excepción no cumplía con los criterios de idoneidad, ya que la mayoría de las detenciones no se ajustaban a los criterios establecidos en los PCM publicados en La Gaceta.
El Conadeh valora positivamente la posibilidad de no prolongar el estado de excepción, considerándolo un avance significativo. Desde el inicio de esta medida, la institución inició un proceso de investigación. Hace aproximadamente dos semanas, el comisionado remitió 110 quejas a Didadpol (Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales) en contra de policías, como parte de este proceso de seguimiento y documentación.
Estas declaraciones refuerzan la creciente percepción de que la prolongación del estado de excepción no es justificada, ya que se han evidenciado múltiples violaciones a los derechos humanos y un uso inadecuado de esta medida por parte de las autoridades. En este sentido, el llamado del Conadeh es a poner fin a esta situación y buscar alternativas más acordes con el respeto a los derechos fundamentales de la población.
El estado de excepción fue implementado el seis de diciembre de 2022 y estará vigente hasta el cuatro de julio de 2024. Fue instaurado con el objetivo de combatir frontalmente el delito de extorsión. Sin embargo, tras más de un año bajo esta medida, no solo no se ha reducido este delito, sino que además ha proliferado y se ha extendido a otros sectores empresariales.
