Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo de Ministros, liderado por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, en el marco del Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión no tenía justificaciones ni fundamentos para aprobar el PCM-29-2022 e instaurar un estado de excepción parcial desde el seis de diciembre de 2022 y, en consecuencia, con base a los resultados, no hay suficientes argumentos para continuar prolongándolo.
Lo anterior fue explicado por el director del observatorio del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Daniel Cáceres. Además, detalló que, antes de aprobar un estado de excepción o medida de emergencia, se debía contar con una estrategia clara sobre cómo se aplicaría gradualmente y un esquema de los resultados esperados en el breve período de duración de esta medida, que es de 45 días, con la posibilidad de ser prolongada.
“En el primer PCM (decreto ejecutivo) con el que se dio inicio al estado de excepción, descubrimos que no había una justificación adecuada para su implementación. Se abordó solo como una medida más, sin una estrategia que, según los análisis que debían ser elaborados, produjera efectos positivos durante su duración (45 días)”, mencionó Cáceres en medios de comunicación.
Cáceres agregó que lo mismo que ocurrió con el primer PCM, referente a la escasa efectividad de los resultados, sucedió con los otros aprobados en el consejo de ministros que otorgaron la prórroga a esta medida que está vigente hasta el cuatro de julio de 2024. Esto ha sido cuestionada incluso por organizaciones defensoras de derechos humanos internacionales, debido a que, presuntamente, se estarían violentando los derechos humanos con la suspensión de garantías constitucionales.
“Nosotros (Conadeh) hemos reiterado en varias ocasiones que el estado de excepción no es una política de seguridad ciudadana. El estado de excepción no debe prorrogarse porque el Estado, de manera seria y comprometida, debe abordar el tema de seguridad ciudadana sin desnaturalizar algo que se debe aplicar solo cuando es una solución,” mencionó.
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NO SÓLO ES LA FALTA DE POSITIVIDAD, TAMBIÉN HAY IRRUGULARIDADES
Cáceres explicó que entre los arrestos realizados en el marco del estado de excepción han encontrado diversas irregularidades que podrían culminar en la desaparición de personas. Mencionó, por ejemplo, que elementos de la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público (PMOP), a la hora de hacer un arresto, a veces no informan a dónde trasladarán a la persona ni el motivo, basado en la ley, de la detención.
“Nosotros evidenciamos que había una irregularidad en los libros de detenciones: no consignaban el nombre completo, el número de identidad ni el motivo de la detención. Además, se establecía que el motivo de las detenciones era más por infracciones. Hay un problema que podía comprometer al Estado en el tema de desapariciones forzadas”, precisó.
Explicó que, debido al mal manejo de la información de los delitos por parte de las instituciones de seguridad mientras ha estado vigente el estado de excepción, posiblemente haya siete personas desaparecidas (seis hombres y una mujer) después de haber sido detenidas.
“No consignar en el libro dónde está detenida esa persona no me permite saber a mí dónde está ni a los familiares. Siempre hemos recibido quejas en las que nos dicen ‘una patrulla de la Policía o de las Fuerzas Armadas se llevó a mi familiar, pero no sé a dónde’”, mencionó.
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MIENTRAS AUTORIDADES ARGUMENTAN EFECTIVIDAD
El subdirector de la Policía Nacional, Wilmer Saavedra, no desmintió ni reconoció la información proporcionada por el Conadeh. En cambio, destacó que mediante el estado de excepción se ha logrado reducir la violencia y la criminalidad, problemas que, según el actual gobierno, heredaron de los 12 años de hegemonía de los presidentes del Partido Nacional, haciendo referencia a Porfirio “Pepe” Lobo (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (2014-2022).
“No se puede desconocer que se permitió que las estructuras criminales crecieran en los últimos años. Tampoco se puede dejar de reconocer que, gracias al estado de excepción, se redujo el índice de homicidios. Esto quizás no ha permitido los resultados que se esperaban, pero es un avance en contra de los miembros de maras y pandillas”, explicó el comisionado.
