Ilustración de portada: Guillermo Burgos/Criterio.hn
Tegucigalpa. – La comunidad Garífuna de Chachahuate en Cayos Cochinos, en el Caribe hondureño, continúa siendo agredida sistemáticamente en su propio territorio en favor del programa de tele-realidad español Supervivientes.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras alertó que el pasado jueves 7 de marzo, nuevamente la Policía Nacional recurrió a las amenazas y la intimidación en contra de las defensoras y los defensores de la comunidad Garífuna de Chachahuate.
De acuerdo con esta organización, agentes de la Policía custodiaron a ciudadanos españoles –quienes participan en la filmación de un reality– a la Playa Uva, con el objetivo de evitar que la población Garífuna se acercara a la zona. La acción fue calificada como “abusiva e inconsulta” y con afectaciones en las actividades económicas y cotidianas de la población.
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Denunciaron, además, a miembros de la Fundación Cayos Cochinos por actos de intimidación y amenazas contra líderes del patronato pro-mejoramiento de la comunidad Garífuna de Chachahuate, así como la pretensión de instalar un patronato paralelo.
MENSAJES INTIMIDATORIOS PARA LIMITAR LIBRE CIRCULACIÓN
La Red Nacional de Defensoras denunció nuevamente las agresiones sistemáticas por quienes promueven proyectos turísticos extranjeros que se apropian del territorio Garífuna, exigiendo a las autoridades estatales garantizar la seguridad e integridad de las comunidades y sus liderazgos.
Yessica Trinidad, integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, señaló que detrás de las agresiones contra la comunidad de Chachahuate está “la intencionalidad de quitarle a la población Garífuna el acceso a ese territorio”.
Trinidad contó a Criterio.hn que compañeras y compañeros defensores de Chachahuate compartieron mensajes que recibieron, en los que se les advertía que “no se asomaran al territorio porque no querían que salieran en la grabación de este reality show que se graba en la zona.”
Ahondó que la población no va a dejar de ir, puesto que además de ser su territorio, es una zona de pesca artesanal por medio de la cual alimentan a sus familias y otros.
“No me parece, ni a ellos ni a nadie, que llegue un grupo a grabar un programa, que, además, no tiene nada que ver con la realidad nuestra en este país y que tengan todo el respaldo de la policía, que tengan todo el respaldo de la municipalidad y también, de empresarios en este país que están acostumbrados a pasar por encima de los pueblos, a despojar a los pueblos”, compartió.
CASO CAYOS COCHINOS ELEVADO ANTE LA CORTE-IDH
La Red de Defensoras señaló que el establecimiento de patronatos paralelos es “la misma práctica que utilizan los terceros que ilegalmente ocupan territorios Garífunas para evitar una sentencia condenatoria” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
A inicios de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó ante la Corte-IDH el caso sobre la afectación del derecho a la propiedad colectiva de la comunidad Garífuna de Cayos Cochinos.
La CIDH estableció mediante un comunicado que se han desarrollado una serie de incidentes en contra de la población Garífuna residente en Cayos Cochinos, entre estos la explotación comercial por parte de la entidad que maneja el área protegida, mientras los Garífunas son perseguidos y violentados por subsistir.
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En septiembre de 2023, pescadores y buzos artesanales Garífunas denunciaron durante un plantón “el contubernio, el servilismo y matrimonio económico de la Fuerza Naval de Honduras con la Fundación Cayos Cochinos” con el propósito de “intimidar, perseguir y amenazar a los lideres y a los pescadores de las comunidades Garífunas”
En marzo de 2024, la Fiscalía de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural presentó un requerimiento fiscal contra empleados de la Fundación Cayos Cochinos por el delito de explotación ilegal de recursos naturales en perjuicio del medio ambiente en Cayos Cochinos, específicamente el denominado Cayo Menor.
La Fiscalía estableció que, si bien la quema fue reportada como “una quema de palos secos”, inspecciones constataron “vegetación eliminada e incendiada”, mediante el uso de herramientas manuales y mecanizadas como motosierra y el uso de fuego para “provocar incendio de la vegetación y su eliminación”.
En total, la Fiscalía de Etnias reportó la pérdida de 1.31 hectáreas de bosque, con la eliminación de especies propias como “el almendro e indio desnudo, además se cortó uva de playa que servía de barrera natural contra las olas del mar”.
