Tras la expulsión de la MACCIH, el 19 de enero de 2020, la Uferco, “quedó desprotegida, y ha sido sistemáticamente debilitada, embestida y obstruido su crecimiento”, aseguró ACTJ, organización de sociedad civil
Tegucigalpa, Honduras. – La Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ) solicitó al fiscal general interino del Ministerio Público (MP), Johel Zelaya, que proteja la Unidad Fiscal Especializada contra las Redes de Corrupción (Uferco) y garantice su operación, para que pueda colaborar estrechamente cuando se establezca la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH).
Las organizaciones de la sociedad civil que forman parte de la ACTJ, mediante un comunicado, instaron a las autoridades interinas de la fiscalía a implementar un plan para fortalecer la UFERCO, con el objetivo de facilitar su colaboración con la CICIH, de la misma manera en que lo hizo con la MACCIH durante su presencia en Honduras.
La petición específica es que el plan de fortalecimiento sea liderado por el actual jefe de la Uferco, Luis Javier Santos, y que se implemente de manera inmediata.
Es crucial que el mismo incluya aspectos como el “aumento de presupuesto, la contratación y capacitación del personal y la protección de la información de las investigaciones, entre otras necesidades identificadas por el jefe y el equipo de la unidad consideren”, reza el comunicado emitido esta mañana.
Se hace hincapié en la importancia de que el personal nuevo sea certificado, al igual que se hizo con la Ufecic (hoy Uferco), para garantizar su independencia e integridad en el desempeño de sus funciones.
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LIMITACIÓN DE LA UFERCO
Es importante mencionar que Luis Javier Santos, jefe de la Uferco, ya ha expresado a Criterio.hn la falta de apoyo que ha enfrentado la unidad élite de investigación, la cual incluye limitaciones en recursos económicos y personal.
Bajo este panorama, no descartó que la verdadera intención sea desmantelar la unidad, lo que dejaría la lucha contra la corrupción como un mero discurso político.
En el segundo día del juicio de Juan Orlando Hernández, y, tras haberse revelado una serie de nombres de posibles implicados en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, Luis Javier Santos declaró ante los medios de comunicación la necesidad de que la fiscalía investigue a los posibles involucrados.
Refiriéndose al motivo por el cual «JOH» enfrenta un juicio por narcotráfico en Estados Unidos, mientras que en Honduras no tiene procesos abiertos, Santos recordó que incluso fue interrogado por la Uferco en las instalaciones de la Casa Presidencial.
En este sentido, mencionó que fue difícil actuar en su momento debido al contraste de poder entre las partes involucradas: mientras Hernández contaba con el respaldo del Consejo de Seguridad Nacional, la Uferco tenía un apoyo menor e incluso, de manera sorpresiva, el personal encargado de la investigación renunció.
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UFERCO Y CICIH
Es importante destacar que el comunicado resalta el débil sistema de justicia que enfrenta Honduras, especialmente durante el mandato presidencial de Juan Orlando Hernández, quien está siendo enjuiciado por vínculos con el narcotráfico, ya que en Estados Unidos, existen numerosas pruebas de estos vínculos y de corrupción, sin embargo, Hernández no ha enfrentado procesos legales en su país.
Para que tales acciones fueran posibles, era evidente la participación de piezas clave dentro de las instituciones encargadas de la persecución penal. Sin embargo, fue solo con la colaboración coordinada entre la MACCIH y la UFECIC que se comenzaron a investigar a altos funcionarios.
Sin embargo, tras la expulsión de la MACCIH el 19 de enero de 2020, según dicta el comunicado, la Uferco quedó desprotegida y ha sido sistemáticamente debilitada, obstruyendo su crecimiento y siendo atacada repetidamente por los poderes oscuros que se benefician de la corrupción.
Gabriela Blen, integrante de la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), expresó en diálogo con Criterio.hn la importancia crucial de que llegue una nueva misión de combate a la corrupción, como lo prometió la presidenta Xiomara Castro, debido a la evidente relación entre los funcionarios y el crimen organizado, lo que ha generado una situación de corrupción y crimen.
Ante esto, es necesario que las autoridades retomen los casos que se iniciaron durante la presencia de la MACCIH, la cual enfrentó numerosos obstáculos por parte del propio Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, dirigida en ese momento por Óscar Fernando Chinchilla y Rolando Argueta, respectivamente.
La Uferco es la unidad que puede desempeñar un papel clave en este ámbito, pero para ello es necesario que se investigue a toda su estructura instalada en el Ministerio Público, como sugirió la integrante de la sociedad civil.
Un dato importante es que el 11 de noviembre de 2023, las nuevas autoridades interinas del Ministerio Público removieron al director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Ricardo Castro, y al jefe de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), Héctor Morales, acusándolos de mal proceder.
A pesar de ello, en lugar de investigarlos, fueron enviados a la Uferco. Sobre este tema, la subsecretaria de seguridad, Julissa Villanueva, refirió en su momento a Criterio.hn que esta acción pretendía desmantelar la Uferco, ya que esas figuras actuaban como aliados de Óscar Fernando Chinchilla.
