El Congreso Nacional tiene en sus manos la posibilidad de facilitar la llegada al país de un mecanismo anticorrupción.

Sin embargo, analistas consideran que en el Legislativo prevalecen las divisiones internos y los intereses oscuros de algunos congresistas

Tegucigalpa, Honduras.- El 22 de diciembre de 2023, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) otorgó a la Secretaría General de ese órgano el mandato para apoyar y negociar la iniciativa destinada a instalar un mecanismo anticorrupción en Honduras o una eventual Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH).

Aunque, según analistas consultados por Criterio.hn, esto representa un avance hacia la posible instalación de un mecanismo anticorrupción en el país, durante la legislatura que iniciará el próximo 25 de enero, el Congreso Nacional no debe perder de vista el papel que deberá desempeñar para que ello ocurra.

Por un lado, el Poder Ejecutivo está encargado de designar una misión de expertos que, junto a la contraparte de la ONU, negocie el convenio del mecanismo anticorrupción, y por otro, el Congreso Nacional deberá allanar el camino a través de la aprobación, derogación y reforma de leyes que faciliten el trabajo de una eventual instalación de un mecanismo anticorrupción.

En 2023, se avanzó en la derogación de los decretos 116-2019, que obligaba al Ministerio Público a depender del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), como único órgano que determina indicios de responsabilidad penal cometidos por parte de imputados por delitos contra la administación pública.

También se anuló el decreto 57-2020, que restringía su capacidad para asegurar pruebas inmediatamente, y el 93-2021, que reformaba el Código Penal sobre lavado de activos, eximía a entidades financieras de revelar información sin autorización judicial.

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LARGO CAMINO POR RECORRER

Sin embargo, según analistas consultados por Criterio.hn, los diputados del Congreso Nacional aún tienen pendiente la aprobación y derogación de otras leyes.

El coordinador jurídico de Cristosal en Honduras, Álex Navas, aseguró que si el Congreso Nacional no cumple con su labor, será difícil que pueda instalarse en Honduras un mecanismo anticorrupción.

“Lo que hace falta es claro: la Ley de Colaboración Eficaz, la reforma al Código Penal, la revisión del decreto 4-2022, el nombramiento en propiedad del fiscal general y adjunto, y la elección del Tribunal Superior de Cuentas”, manifestó Navas a Criterio.hn.

Y agregó: “Si se mantiene una estructura de impunidad, se podrían presentar 1,000 requerimientos fiscales y 1,000 personas recibirían sobreseimientos provisionales o definitivos”, dijo Navas.

La Ley de Colaboración Eficaz, cuyo dictamen se encuentra engavetado desde el 15 de noviembre de 2022, buscará regular las reglas y procedimientos para la aplicación de beneficios que el Estado establecerá a personas que brinden información y evidencia para la eficacia de la investigación penal.

A criterio de Gabriela Blen, representante de la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), no solo es necesario que se apruebe una Ley de Colaboración Eficaz, sino que esta verdaderamente sea capaz de desmantelar redes de corrupción.

“Una ley que efectivamente ayude a un mecanismo anticorrupción. Si el Congreso aprueba una Ley de Colaboración Eficaz, maquillada, que solo cumpla con el requisito del nombre, y no proteja a los criminales que colaboren con la justicia, se correrá un riesgo y no existirá efectividad”, explicó Blen a Criterio.hn.

Por otro lado, el referido decreto 4-2022, según los analistas, representa un desafío en la lucha contra la corrupción al introducir la Ley para la reconstrucción del Estado de derecho y para que los hechos no se repitan, conocida como Ley de amnistía política.

Aunque esta normativa absuelve a presos y perseguidos políticos, incluye delitos contra la administración pública como abuso de autoridad, violación de deberes, malversación de fondos y fraude, generando preocupaciones sobre la impunidad para actos ilícitos.

Jimena García, directora de la organización Honduras Resurge, consideró en entrevista con Criterio.hn que la ciudadanía debe estar alerta a cualquier “boicot” que desde el Congreso Nacional se pretenda emprender contra la llegada al país de un mecanismo anticorrupción.

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“Dentro de las bancadas políticas hay personas a las que no les conviene que se instale la CICIH. Por lo tanto, habría que estar alertas a que estas personas no estén dilatando intencionalmente el proceso”, indicó García.

PROMESA

La CICIH representó una de las principales promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro e, incluso, apareció consignada dentro de su Plan de Gobierno, y finalmente el 27 de enero de 2022, con su asunción al poder, Castro reafirmó su voluntad por instalar el mecanismo anticorrupción.

El 18 de diciembre de 2023, la ONU y el Gobierno acordaron extender el memorando de entendimiento para la eventual instalación de la CICIH hasta el 15 de junio de 2024. Desde que se suscribió dicho memorando, a finales de 2022, una misión de expertos ha visitado el país en tres ocasiones, entre el 9 de julio y el 21 de octubre de 2023.