La denuncia pública que hizo la subsecretaria de Seguridad, ha provocado que varios sectores pidan al Ministerio Público priorizar la investigación del caso y, de igual manera, a la institución armada proporcionar protección a la denunciante
Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional de Honduras podría estar involucrada en la masacre que se registró el pasado 20 de junio, en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), en la que murieron 46 privadas de libertad, ya que en la escena fueron encontrados casquillos de bala pertenecientes a la institución armada, denunció la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva.
Villanueva, que fue directora de Medicina Forense del Ministerio Público (MP) de 2013 a 2018, reveló que 119 de los casquillos de bala percutidos, de pistola nueve milímetros, tienen estampados las siglas “IMI.PN”, que significan Industria Militar Israelí, pertenecientes a la institución que lidera el secretario Gustavo Sánchez.
“La evidencia científica no está diciendo que los cartuchos, en un 96%, son de la Policía Nacional. Los que se encontraron en la escena con los que se originó”, denunció Villanueva en un foro televisivo y, de igual manera, mencionó que algunas armas de fuego encontradas, también pertenecían a la Policía Nacional.
Tras la delicada denuncia de la doctora Villanueva, quien en reiteradas ocasiones ha externado su descontento con acciones del actual ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, la institución armada emitió un comunicado en el que no desmienten la información de la doctora y, además, afirmar que los casquillos son similares a los encontrados en otras escenas de crimen.
Además, la institución armada, que antes de la masacre en la cárcel de mujeres ubicada en Támara, a unos 190 kilómetros de Tegucigalpa, capital hondureña, era dirigida por el general Ramón Sabillón, justificó que en el gobierno anterior compraron, a través de la Tasa de Seguridad Poblacional (TSP), armas, municiones, aeronaves y vehículos que actualmente no están en el inventario, por lo que podría estar en manos de grupos criminales.
Lo revelado por Villanueva podría traerle consecuencias, que le costarían hasta su cargo, ya que en el comunicado, la Policía advierte que ningún funcionario puede poner en riesgo los proceso investigativos, divulgándolos, mientras los resultados no se hayan entregado a las autoridades competentes.
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ACEPTACIÓN DEL ESTADO EN LA PARTICIPACIÓN DE LA POLICÍA EN LA MASACRE
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), a través de un comunicado, expuso que las declaraciones de la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, se podrían interpretar jurídicamente como una aceptación del Estado a que en el hecho violento participaron agentes de la institución armada.
“La titular (del Conadeh, Blanca Izaguirre) considera que las aseveraciones de la subsecretaria de Seguridad podrían interpretarse jurídicamente como una aceptación legal del Estado respecto a la participación de sus agentes del orden en la comisión de hechos internacionales ilícitos derivados de violaciones a derechos humanos”, dice el numeral tres, del comunicado emitido por el Conadeh.
De igual manera, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, sostiene que la falta de rendición de cuentas en la investigación del caso, podría permitir que los perpetradores, de estar vinculados con los entes operadores de justicia, podrían alterar la evidencia.
“La situación se ve agravada por la falta de rendición de cuentas, respecto al desarrollo de la investigación judicial (…) la información no habría sido resguardada de la alteración de la prueba que pudieran realizar los posibles perpetradores. Han transcurrido cinco meses de los hechos y los responsables no han sido identificados, procesados ni castigados”, dice el inciso cuatro del escrito.
Por su parte, el exdirector de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), Ismael Moreno, también pidió al Ministerio Público no dilatar más el proceso de investigación y, de igual manera, solicitó al gobierno brindar protección a Villanueva por la envergadura de la información que reveló.
“Las declaraciones de la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, sobre involucramiento de la Policía Nacional en la masacre de 46 privadas de libertad son serias. El MP está en la obligación de investigar las misas y el gobierno en darle protección especial a la funcionaria”, escribió Moreno en X (antes Twitter).
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El pasado 20 de junio, en la cárcel de mujeres se registró la peor masacre en la historia hondureña: 46 privadas de libertad muertas. 23 fueron asesinadas con armas de fuego y, las otras 23, fallecieron por quemaduras, producto de un incendio que desataron las perpetradoras en los módulos en los que se encontraban las víctimas.
Han transcurrido cinco meses desde que se registró ese hecho, y todavía las autoridades no han establecido un informe oficial que detalle el cómo y por qué se registró la masacre. También se desconoce quiénes fueron las perpetradoras y si también eran privadas de libertad.
Tras la tragedia, la presidenta Xiomara Castro, destituyó a Ramón Sabillón de cargo de ministro de Seguridad y fue enviado al servicio diplomático en el exterior. En su lugar quedó el exdirector de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez.
De igual manera, Julissa Villanueva, después de estar dos meses llevando las riendas de la intervención penitenciara de la mano de la Policía Nacional, fue separada del cargo, como consecuencia de la masacre y, el mismo, fue entregado al coronel Ramiro Muñoz, de la Policía Militar de Orden Público (PMOP).
Desde el pasado uno de julio, la Policía Militar, creada por el expresidente Juan Orlando Hernández, es la encargada de llevar las riendas de los centros penales, contradictorio a lo que prometió Castro en su campaña proselitista, de no usar la fuerza militar en operativos por los antecedentes de violación a los derechos humanos que arrastra.
