Urge saldar la deuda histórica de justicia en temas de derechos humanos y género en Honduras, para ello se debe fortalecer las fiscalías que ya fueron creadas
Portada: fiscal general, Johel Zelaya, se reunió con grupos organizados de mujeres de la plataforma 25 de Noviembre, la Vía Campesina, la ministra de la Mujer y Comisión de Género del Congreso para abordar el tema de violencia contra la mujer y femicidios. Foto ministerio Público
Tegucigalpa, Honduras. – Como “defensor de los DD. HH, del medio ambiente” se autodenomina el nuevo Fiscal Interino del Ministerio Público (MP), Joel Zelaya. Dicha afirmación solo fortalece el compromiso que deben tener las nuevas autoridades de la fiscalía en saldar la deuda en casos de violación de los derechos humanos, coinciden defensores entrevistados por Criterio.hn
La deuda con los derechos humanos es grande. Entre los casos destaca asesinato de grupos vulnerables como: defensores de derechos humanos, dirigentes campesinos, personas de la comunidad LGTBIQ+, mujeres y niños.
Entre los casos que más notoriedad han tenido está el de la líder ambiental Berta Cáceres que de momento siguen en impunidad sus autores intelectuales, además de casos de defensores de pueblos garífunas, abuso en explotación de reservas naturales como el sucedido en el parque Jeannette Kawas, entre otros.
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DEPURACIÓN INTERNA Y FORTALECIMIENTO DE FISCALÍAS ESPECIALIZADAS
Según un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh) de enero a septiembre de 2023 han sido asesinados 15 defensores de derechos humanos, unos 23 defensores ambientales y un periodista, este último entre 2022 y lo que va de 2023 en Honduras.
La deuda en impartición de justicia en delitos de violaciones de derechos humanos es grande opinó el director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Javier Acevedo a esta cifra se le suma muertes de periodistas, defensores de derecho humanos y dirigentes campesinos.
“El Ministerio Público ha tenido una tasa de respuesta baja, menor al 10 por ciento en casos”, apuntó el defensor, quien agregó que dicha impunidad es notoria en todos los ámbitos.
Para empezar a cumplir esta agenda de justicia en derechos humanos, analizó Acevedo, debe existir de manera simultánea una investigación interna del MP, debido a que de momento existen bastantes casos, que a su juicio, están envueltos en malos procedimientos por parte de los fiscales.
Dicha agenda, aseguró, se mantuvo relegada en las anteriores gestiones, acción que llama bastante la atención debido a que, en efecto, se crearon fiscalías para supuestamente atender estos temas, pero en la práctica no fue así.
“Hay una unidad de muertes violentas en el Bajo Aguán, unidad de muertes violentas de mujeres, de personas de la comunidad LGTBIQ+, de niños y jóvenes, pero los resultados son bastante limitados”, por lo que agregó que dicho tema es de los primeros desafíos que tiene que resolver las autoridades de la fiscalía.
Destaca que en su experiencia como defensor de los derechos humanos ha conocido una serie de casos de los cuales pasaron hasta cinco años, sin respuesta concreta de los hechos, por no haber una investigación seria sustentada con pruebas.
“Desde las organizaciones defensoras de derechos humanos se pide que se vuelque los esfuerzos hacia otras áreas que pueden resultar personas afines a él mismo partido político”, expresó Acevedo en entrevista con Criterio.hn
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PRUEBA CIENTÍFICA PARA REDUCIR IMPUNIDAD
La impunidad también está en femicidios y asesinatos de integrantes de la comunidad LGTBIQ+. Según datos de la Red Lésbica Catrachas, hasta el noviembre de 2023 se registró el asesinato violento de 47 integrantes de la comunidad LGTBIQ+
En tanto, el número de femicidios también va en alza ya que hasta el 31 de octubre se contabilizaron 341 mujeres asesinadas de acuerdo a datos brindados por el Centro de Derechos de la Mujer (CDM).
Ante este panorama, la directora ejecutiva del Grupo Sociedad Civil, (GSC), Jessica Sánchez dijo a Criterio.hn que el tema de feminicidios, se debe mejorar en temas de investigación criminal mediante la aplicación de la prueba científica.
En este sentido, reiteró que pese a que los homicidios han bajado no así los femicidios, por lo que, a su juicio, con la prueba científica se reduciría la impunidad y se reduciría el número de femicidios y revictimización que se les hace a las mujeres incluso después de muertas.
Sobre la mora en cuanto los casos históricos relacionados a la tenencia de tierras dijeron que se debe priorizar y dejar de lado el tema persecutorio e impartir justicia en dichos casos.
“Se esperaría que mejorar en tema territorial en los casos de Tierras del Padre, el Aguán, Ofraneh y los demás casos de conflictos de tierra y agua que hay que ya son temas que involucran a empresas”, precisó Sánchez.
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RESTRUCTURACIÓN INTERNA
En tanto, el director de Transparencia y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar opinó en entrevista con Criterio.hn que en Honduras no solo el Ministerio Público tiene una deuda en derechos humanos, sino toda la institucionalidad.
Mencionó que dicha afirmación ha quedado evidenciada sobre todo en caso de activistas de derechos humanos, líderes anticorrupción, líderes ambientales, “por ello la importancia de priorizar en una agenda de derechos humanos […] una agenda priorizada en ejes y componentes que son importantes para este país como ser: derechos ambientes, delitos contra la administración pública, entre otros”.
Destacó que mientras no se realice una reestructuración en las fiscalías que se encarga de dichos temas el Ministerio Público seguirá en deuda, sin ver resultados latentes, pese a contar con fiscalías encargadas de llevar los temas.
A juicio de Aguilar para que se empiece a ver una verdadera aplicación de la justicia se deben realizar verdaderos procesos de investigación, que posteriormente se traslade a requerimientos fiscales que serían sustento de peso para lograr justicia en los juzgados.
Contrario a los que ha ocurrido en años anteriores en que a los casos solo se le han brindado medidas diferentes a la prisión, debido a que no se cuenta con el suficiente material probatorio.
PETICIÓN A FISCAL
Cabe señalar, que el fiscal general interino, Joel Zelaya, se reunió en fecha reciente con integrantes de organizaciones defensores de mujeres y la diputada Scherly Arriaga, quien preside a la comisión de género del Congreso Nacional y la titular de la secretaría de la Mujer, Doris García, para entablar una ruta de trabajo en temas de género.
De igual forma, la secretaría de derechos humanos Natalie Roque entabló una reunión con el fiscal general interino Johel Zelaya para solicitar que se retome los 20 casos engavetados en casos de violaciones a derechos humanos.
En este sentido, pidió la pronta investigación efectiva y posterior captura a los responsables debido a que la impunidad histórica que ha habido en los casos genera la repetición de los hechos.
