Pactos de impunidad, falta de conclusión en mecanismos de prevención y castigo a la corrupción y repartición de cuotas de poder en entes claves como el Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia, han sido y siguen abonando a la corrupción en Honduras, opinan analistas
Tegucigalpa, Honduras. – La corrupción es un flagelo que ha sufrido la población hondureña de manera histórica. Esta ha mantenido empobrecida a la nación debido a que unos cuantos se hacen más ricos mientras la mayoría sigue hundida en la miseria, lo que provoca fuertes brechas de desigualdad.
Honduras nuevamente quedó fuera de la Cuenta del Desafío del Milenio al reprobar 8 de los 20 indicadores; la calificación más baja la obtuvo el indicador de Control a la Corrupción.
En dicho indicador se obtuvo una calificación de 9%, tres puntos más que la evaluación correspondiente al 2021 que se ubicó en 6%. Que también fue baja.
Este hecho trae al panorama nacional los históricos actos de corrupción en Honduras ligada con la clase política y grupos empresariales.
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SIGUEN VICIOS DEL PASADO
Sobre el tema el integrante del observatorio de política criminal del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Cesar Espinal dijo en entrevista con Criterio.hn que actos de impunidad, no apoyo a la transparencia y leyes que solo han quedado en intentos, son actores que han permitido que Honduras siga sumergido en la corrupción.
Espinal explicó que desde gobiernos pasados se crearon leyes para blindar la corrupción en el país, que impulsaron una cultura de corrupción, este año las esperanzas fueron depositadas en la administración de Xiomara Castro, sin embargo, el comportamiento de la clase política empezó a replicar algunas acciones de gobiernos pasados.
Un claro ejemplo del daño es la crisis en el Congreso Nacional que impide que se pueda desarrollar la agenda que apruebe mejoras en las políticas públicas del país, “parece que se tiene una agenda que se aleja de los intereses nacionales y se acopla a las de un partido político”, opinó Espinal.
Del mismo modo, mencionó el decreto 04-2022 que establece la llegada de una Comisión Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CCIH), sin embargo, hasta la fecha no se ha instalado.
Otro de los factores actuales que dejan duda sobre la aprobación de una ley de amnistía que vino a dar perdón a las personas que ya habían sido condenadas por delitos en contra de la administración pública.
Además, que se impulsaron reformas y derogación de leyes a medias 93-2021 que ya se ha destacado, no hubo derogación total, impulsar proyecto de veeduría ciudadana se cierran las puertas.
“El Instituto de Acceso a la Información Pública otorgue 100 por ciento no se puede considerar como transparente porque al final la evaluación del IAIP es una evaluación superficial”, dijo Espinal.
Del mismo modo detalló que la elección del fiscal no influyó en la pasada evaluación del mecanismo antes mencionado, pero seguramente el siguiente año si lo hará.
“Los partidos políticos no están pensado en los intereses de la población, no están pensado en un fiscal que venga a responder a los intereses de la sociedad hondureña, y eso se vio que la clase política es evidente”.
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Sobre el tema, el director legal de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Kenneth Madrid, explicó a Criterio.hn los incrementos a la corrupción en Honduras pasan por mecanismos de preventivos y de reacción ante actos de corrupción, del mismo modo, iniciativas de prevención y reacción e impulsos al combate que no se han podido concretar y han quedado en meras intenciones.
El analista recalcó que, para entender el tema de la corrupción, específicamente a la evaluación que hacen desde la cuenta del Desafío del Milenio, se debe entender que no es un hecho que puede tener rezagos, es decir que hechos pasados influyen en evaluaciones presentes.
Detalló que las acciones siguen igual que años anteriores, como sucedía con parálisis legislativa, gran cantidad de viáticos a funcionarios, por lo cual mira lejos de llegar a un 50 por ciento para aprobar el mecanismo de cara al 2024.
En este sentido, recalcó que de momento solo se ha visto esfuerzos pero que no han concluido para el caso por ejemplo llegada de CCIH, pero en la práctica se han visto en la realidad además de la no elección de magistrado en el Tribunal Superior de Cuentas.
El manejo de Corte Suprema de Justicia (CSJ), y Ministerio Público que al igual que la elección pasada se observó una repartición de poderes “la diferencia con esta elección es que no se la repartieron entre dos partidos sino entre tres, dividiéndose la cuota 6, 5 y 4 y en el Ministerio Público era tres escaños y solo había dos puestos”.
