“Los [cuatro] casos presentados denuncian la comisión de delitos de violaciones a los deberes de los funcionarios, tráfico de influencias, fraude en subvenciones y ayudas, así como delitos fiscales y suman un perjuicio total que ronda los 1,500 millones de lempiras en contra del Estado de Honduras”, declaró el titular del Servicio de Administración de Rentas
Portada: Jorge Burgos/Criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras. – La manzana de la discordia es el proyecto de ley de justicia tributaria y el escenario del nuevo capítulo del circo mediático entre el gobierno de Xiomara Castro y las elites económicas fueron las oficinas principales del Ministerio Público (MP) en Tegucigalpa.
Pasadas las 10:00 AM empleados del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) arribaron al exterior del MP a continuar denunciando su inconformidad por los señalamientos realizados por el titular del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa.
La presencia del funcionario se originó luego de ser emplazado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada para que presentara las pruebas sobre sus expresiones en cuanto a que este organismo es parte de una red criminal.
El funcionario a través de la red social X [antes Twitter] expresó el miércoles 6 de septiembre, que “Honduras está controlado por una mafia de 10 familias exoneradas representadas por el Cohep, que a través de su brazo narco político BOC [Bloque de Oposición Ciudadano] busca imponer su fiscal de la impunidad”.
El señalamiento se dio en medio de un retraso —que se mantiene en el tiempo— en la elección de segundo grado del fiscal general y fiscal general adjunto por las y los diputados del Congreso Nacional, quienes trece días después que venciera el plazo establecido, siguen sin llegar a consensos sobre quién de la lista de cinco nominados liderará la institución que tiene el monopolio de persecución penal en Honduras.
Aproximadamente a las 10:40 AM, arribó a las afueras del Ministerio Público el titular de la SAR en un camión en el que transportaba al menos 17 cajas con supuestas pruebas del enriquecimiento por parte de empresarios de cúpula, que concentran el poder a costa del empobrecimiento de las mayorías.
OCHOA ARGUMENTA LA NECESIDAD DE UNA LEY DE JUSTICIA TRIBUTARIA FRENTE A QUIENES SE NIEGAN A PAGAR IMPUESTOS
Vitoreando “Justicia tributaria, es justa y necesaria”, “Marlon, amigo, el pueblo está contigo” y “Si los pobres pagan mucho que los ricos paguen más” funcionarios públicos y activistas del Partido Libertad y Refundación (Libre) recibieron a Ochoa quien en conferencia de prensa —evitando dar nombres— reseño cuatro de los casos que presentaría ante la fiscalía.
El arribo de Ochoa a las oficinas principales del Ministerio Público abordo de un pequeño camión contenedor tenía todos los vistos de recordar las acciones del expresidente Manuel Zelaya cuando subió a uno de los 100 tractores donados por la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), que tuvieron como destino organizaciones campesinas, previo al golpe de Estado de 2009.
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Además del calor de los funcionarios intermedios y los militantes de Libre, Ochoa fue acompañado por los titulares de las secretarias de Energía, Erick Tejada; Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Russel Garay, director del despacho municipal; Ricardo Salgado, secretario de Planificación Estratégica; Lucky Medina; Ciencia y Tecnología, Luther Castillo Harry; y el director del Instituto Nacional de Migración, Allan Alvarenga.
En su discurso, Ochoa manifestó estar empujando la agenda de la presidenta Xiomara Castro, quien en el Día de la Bandera, anunció que no cesaría en su “permanente lucha por refundar Honduras”, frente a una clase política que defiende los intereses de quienes se niegan a pagar impuestos y eluden la discusión y aprobación de la ley de justicia tributaria, que además son los mismos acusados por el narcotráfico e implicados en los sonados casos Pandora, desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social, y saqueos a través de organizaciones no gubernamentales del fondo departamental.
“Reitero por tercera vez mi denuncia, quienes ostentan el poder político y económico del país son una mafia de diez familias que han concentrado su riqueza a costa del empobrecimiento de las grandes mayorías. Hoy estas diez familias disfrazadas como Bloque de Oposición Ciudadana conspiran [para] impedir los cambios profundos que el país necesita y la elección de un fiscal general que finalmente traiga justicia al país”, recalcó.
Además, manifestó que si el Cohep representara los intereses de los 300 mil empresarios en Honduras que pagan sus impuestos, esta organización “se sumaría al combate emprendido por la presidenta Castro en contra de los privilegios de unos pocos y los monopolios prohibidos constitucionalmente, verdaderas causas de la pobreza, del estancamiento productivo de Honduras”.
Con voz firme, Ochoa señaló que por décadas unas cuantas familias han concentrado y acaparado las riquezas mediante “inmorales y corruptos mecanismos”. Afirmó que a lo largo de doce años de gobiernos del Partido Nacional “se legalizó el saqueo y la corrupción, tal y como ocurrió el 20 de enero de 2014, cuando se aprobaron a favor de las finanzas de las diez familias […] 100 contratos y 67 decretos, con los 40 decretos de exoneraciones y perdones fiscales que se firmaron a lo largo de la última década para favorecer una corrupta e inmoral a las empresas de las diez familias mientras se cargaba con catorce nuevos impuestos a los más pobres”.
CASOS SUMAN 1,500 MILLONES DE LEMPIRAS EN PERJUICIO DEL ESTADO DE HONDURAS
En la denuncia realizada en el Ministerio Público, Ochoa mencionó cuatro casos que acumulan unas 20 mil páginas de evidencias, entre declaraciones de impuestos, declaraciones aduaneras, resoluciones de exoneraciones, expedientes administrativos de diversas secretarías de Estado, protocolos de constitución de sociedades mercantiles, actas certificadas de sesiones legislativas, reportes de inteligencia aduanera y fiscal, manifiesto de vuelos, entre otros.
El titular del Servicio de Administración de Rentas declaró: “Los casos presentados denuncian la comisión de delitos de violaciones a los deberes de los funcionarios, tráfico de influencias, fraude en subvenciones y ayudas, así como delitos fiscales y suman un perjuicio total que ronda los 1,500 millones de lempiras en contra del Estado de Honduras”.
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El primero de cuatro casos denunciados, corresponde a la importación sin pago de impuestos de un helicóptero que fue utilizado para transportar a la familia dueña de la empresa y a sus amistades, sin embargo, su compra fue realizada al amparo de un régimen que tiene por objetivo la atracción de turistas al país.
El segundo concierne a la exoneración del pago de 500 millones de lempiras por motivo de impuestos por parte de un grupo económico que uso influencias y conexiones en el Congreso Nacional y un extitular de la Secretaría de Desarrollo Económico para la aprobación de tres decretos y una resolución que habría trasladado ilegalmente los beneficios de una empresa en Zona Libre a otras en Régimen de Importación Temporal.
La tercera denuncia pertenece a una empresa multinacional que a través del uso de influencias políticas gestionó un decreto en el Poder Legislativo para eliminar el ajuste derivado de una auditoria tributaria, el cual se estimó en más de 500 millones de lempiras.
Mientras que la cuarta incumbe a un empresario y exdiputado, quien en un claro conflicto de intereses promovió un decreto contentivo de beneficios fiscales para sus empresas en el régimen de Zona Libre Turística de Islas de la Bahía, por más de 450 millones de lempiras.
“Estos son apenas los primeros casos que serán presentados, pero resumen de una forma muy clara cómo algunas empresas ligadas a la cúpula empresarial utilizaron su poder político durante la narcodictadura de JOH [Juan Orlando Hernández] para promover privilegios particulares en detrimento del interés del pueblo hondureño”, concluyó.
COHEP NO ABORDA TEMA DE MILLONARIAS EXONERACIONES A GRUPOS ECONÓMICOS
Ya en las instalaciones del Cohep —dejando a un lado las acusaciones de exoneraciones en detrimento del Estado de Honduras por 1,500 millones de lempiras— en tono burlón el gerente de asesoría legal, Gustavo Solorzano, mencionó que los documentos que llevaba el titular de la SAR no iban foliados, como correspondía al momento de interponer denuncias ante el Ministerio Público.
Por su parte, Oscar Calona del Cohep, sin abordar las acusaciones de millonarias exoneraciones amañadas en los cuatro casos presentados, prefirió enfocarse en el espectáculo generado, el uso de recursos públicos invertidos y lo que llamó el ataque constante a la iniciativa privada.
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Pese a que el Cohep ha sido señalado durante décadas por servir los intereses de los grandes empresarios, dejando a un lado a la mediana y pequeña empresa, Calona desempolvó la retórica en la que acusan al gobierno de estar atacando a los emprendedores, empresas familiares y a los microempresarios que luchan, además de hacer que cada vez crezca más la pobreza en Honduras sin referirse jamás a cómo afectan las millonarias exoneraciones a estos mismos sectores que deben competir en un mercado desigual.
De hecho, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó al Estado de Honduras en tres informes distintos —que fueron clasificados en reserva por administraciones pasadas— la eliminación progresiva de privilegios fiscales por considerarlos inequitativos e ineficientes.
La recomendación fue abordada en “Bases para la evaluación de los Gastos Tributarios y sus Beneficios” de 2016, “Pequeños Contribuyentes, Gastos tributarios e Impuesto Mínimo” de 2017 y “Gastos Tributarios, Micro Simulación y Tratados para Evitar la Doble Tributación” en 2018. En los tres informes, el FMI apuntó que los privilegios fiscales en Honduras deben ser eliminados progresivamente por ser inequitativos, ineficientes, complejos y poco suficientes al crear un “agujero fiscal”.
