La comisión especial encargada de analizar la aprobación y reformas al Código Penal y cómo se efectuó su proceso en la cámara legislativa, ha planteado la urgencia de una modificación a la normativa penal vigente.
Tegucigalpa, Honduras. -En el año 2021 el Congreso Nacional aprobó una serie de reformas al Código Penal, mismas que a criterio de analistas y especialistas en derecho penal estas modificaciones facilitaron la corrupción en el país, ya que, redujeron las penas para los delitos de corrupción, violencia contra las mujeres, ademas de criminalizar la protesta social, la reformulación de tipos penales como el de usurpación, entre otras.
En su momento la comisión especial legislativa que analiza la aprobación y las reformas al Código Penal, presidida por la diputada del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) Silvia Ayala, concluyó en la urgencia de aprobar una nueva normativa penal.
Entre las recomendaciones de la comisión especial está la eliminación del actual Código Penal por los vicios de nulidad que rodean la aprobación de las reformas hechas por el Congreso Nacional presidido por el nacionalista Mauricio Oliva (2014-2018 y 2018-2022).
Para el abogado penalista Raúl Paniagua lo correcto sería revisar y reformar algunos artículos de la actual normativa penal, pero no una derogación completa del Código Penal como lo han planteado algunos diputados.
“Creo que no es necesario un nuevo Código Penal, el problema es que el actual está en vigencia ese fue el problema y una vez entrando en vigencia, aunque se derogue algunas figuras de esta normativa penal pueden entrar en vigor y pueden aplicársele a un condenado o a un imputado cuando eso le beneficie”, dijo el abogado.
En ese sentido explicó a Criterio.hn el jurista que para los hondureños lo más importante, sobre el Código Penal es el aumento o disminución de penas, pero es ahí donde los diputados deben tener cuidado porque al hablar de aumentar las penas deben tener en cuenta que “si hay alguna pena derogada del algún tipo de delito y esa le beneficia al imputado o al condenado es la que se le aplicará, porque es más benigna para el imputado y en derecho penal es perfectamente aplicable”.
Paniagua recomienda al pleno del Congreso Nacional que solo deben eliminar aquellos decretos que no permiten que la corrupción sea penalizada, ya que el actual Código Penal cuenta con artículos que no brindan una verdadera justicia.
Además, sugirió a los congresistas buscar asesores nacionales o internacionales para que hagan las observaciones que ayuden a la construcción de una normativa penal que no genere impunidad.
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Por su parte, el director del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD, por sus siglas en inglés), Luis León, señala que la reforma al Código Penal es un tema fundamental para que las Naciones Unidas defina la llegada de la misión anticorrupción y sobre todo que pueda tenerse un Código Penal que garantice la sanción efectiva, especialmente en delitos de corrupción.
En entrevista con este medio digital el analista expuso que la forma en que se aprobaron las reformas a la normativa penal vigente en el que prima el debilitamiento de las penas, la falta de atención a temas graves de país como la violencia contra la mujer, entre otras generaron que la aprobación fuera repudiada por la sociedad.
León es de la opinión que la gama de delito en Honduras debería tener sanciones bien establecidas, lastimosamente el Congreso Nacional no avanzan en estos temas, pero es parte de la falta de una agenda legislativa.
“Me parece que la actual Junta Directiva es incapaz de construir un ABC de los grandes problemas que hay que resolver y sobre todo llegar a consensos en esos temas. Mientras no hagan las reformas necesarias en materia penal, que abarca el Código Procesal Penal, pactos de impunidad que se han aprobado en el gobierno anterior y en este muy difícilmente podemos hablar de justicia”, puntualizó el entrevistado.
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A juicio del director de Gobernanza y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Lester Ramírez, una reforma al Código Penal es una buena medida, pero se deben proporcionar los recursos para una correcta investigación del delito. En ese sentido afirma que, sino no se tiene el personal fiscal y de investigación capacitado y con el empoderamiento necesarios, de nada sirve tener un Código Penal reformado porque cualquier requerimiento fiscal que llegue va a estar mal elaborado.
“No tendrán las pruebas necesarias y la que llega no va a estar bien sustanciada, entonces creo que es de ver que esto requiere un trabajo. Hay que fortalecer las unidades de investigación como la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco), y ahí después hablaremos de revisar el Código Penal”, aseveró.
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REFORMAS APROBADAS
El 7 de octubre de 2021 el Congreso Nacional controlado por el Partido Nacional y presidido por el diputado, Mauricio Oliva Herrera, aprobó una serie de reformas al Código Penal.
Una de las reformas que mayor controversia generó es la que se efectuó al decreto 93-2021 que contempla una reforma a Ley de Lavado de Activos y que le quitó la facultad al Ministerio Público para investigar los delitos financieros, imponiéndose el secreto bancario.
También se reformó el artículo 26 que refiere que, para efectos de investigaciones penales o causas judiciales, la revisión de la información financiera de una persona natural o jurídica solo será autorizada por el juez competente.
Además, el Poder Legislativo aprobó reformas para aumentar las penas en el delito de usurpación que era de cuatro años y con la modificación paso a seis años. También se criminalizó la protesta social y la defensa territorial.
