Tegucigalpa, Honduras.- A cuatro días de iniciado el proceso de convocatoria para la elección de Fiscal general de la república y fiscal general adjunto del Ministerio Público (MP), a los integrantes que conforman la Junta Proponente todavía no se les ha asignado el presupuesto para desarrollar esta selección de abogados.
De acuerdo con los integrantes de la Junta Proponentes consultados por Criterio.hn, lo anterior podría desencadenar en dos factores. El primero es que la falta de dinero podría entorpecer el trabajo que hagan los proponentes por carencia de materiales o personal que sean necesarios, y el segundo, al contrario, es que este tema no afectará en nada del proceso.
Por ejemplo, el director de la Universidad José Cecilio de Valle (UJCV), Julio Raudales, quien es el portavoz de la Junta Proponente, comentó que la falta de presupuesto no afectará en nada el desarrollo del proceso de selección, pues cada institución representante ante la instancia tiene el compromiso de proveer lo necesario.
“No veo, hasta el momento, que la falta de presupuesto afecte el trabajo que estamos haciendo porque todo está marchando bien. Hasta el momento cada necesidad que se requiere para hacer este trabajo cada integrante de la Junta lo está supliendo, ese fue el compromiso que adquirimos al integrarnos ante esa instancia”, mencionó el economista Raudales.
Agregó “recordemos que cada integrante de la Junta está trabajando ad honorem (sin goce de sueldo) y eso hay que dejarlo bien claro. El equipo que yo utilice o personal, por ejemplo, quien tiene que costearlo es la institución que yo represento, es decir las universidades privadas. El presupuesto sólo se necesita para comprar cosas de logística”.
Raudales consideró que, lo más costoso y valioso que se está invirtiendo en este proceso, que de momento se mantiene en la primera fase de presentación de postulaciones de los abogados, es el tiempo que invierte cada integrante de la Junta Proponente, “eso nadie nos lo pagará porque es un trabajo para el pueblo”.
Contrario a lo que analiza Odir Fernández, representante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), quien asegura que la falta de recursos puede representar una traba en el buen funcionamiento de selección de los fiscales que asumirán la titularidad del Ministerio Público a partir del próximo 1 de septiembre del corriente año.
“No tenemos presupuesto para absolutamente nada. Creemos que cada una de las instituciones debería pronunciarse sobre este tema”, mencionó Fernández en medios de comunicación y, al mismo tiempo, aseguró que, hasta el momento, todas las actividades que ha desarrollado la JP han sido financiadas por la Corte Suprema de Justicia.
De igual manera, el representante de sociedad civil en la Junta Proponente, José Ramón Ávila, coincidió con Fernández, al demandar una agilización para la aprobación del presupuesto para la Junta Nominadora porque podría, en lo que resta del proceso, entorpecer las investigaciones que se hagan de los perfiles de los postulantes.
“De nuestra parte estamos con los recursos de las instituciones (…) tengo entendido que la Corte Suprema de Justicia está costeando las reuniones, pero no hay que dilatar este proceso del presupuesto porque en algún momento de la selección podría jugar en contra, pese a que de momento no es necesario”, valoró el abogado.
Lo cierto es que, el artículo 35 del reglamento con el que regirán los proponentes para la selección, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 15 de junio de este año, en síntesis, establece que la Junta Proponente funcionará con presupuestos de cada organismo, y menciona, también, que la secretaría de la Junta, enviará una nota por escrito a cada institución solicitando el desembolso del dinero.
Es decir, hasta el momento, según esta normativa, la secretaría de la Junta Proponente, ya debería haber solicitado los aportes a cada institución que conforma esa instancia, pero, hasta en el momento, en el Portal de Transparencia, donde debería estar esa información, no se reflejado ningún movimiento..
El mismo inciso menciona literalmente que la institución que carezca de recursos para hacer la aportación, podrá recibir donaciones de parte de reconocidas organizaciones de Derechos Humanos vinculadas al sector justicia o agencias de cooperación debidamente acreditadas en el país y, en un caso extremo, el Congreso Nacional podrá aportar.
Que aporten fondos para el desarrollo de selección que hará la Junta Proponente, no significa que ninguna organización, institución y el Congreso Nacional, tendrá la facultad de incidir en este procedimiento y decisiones que tomen los proponentes, advierte el mismo artículo.
NI PRESUPUESTO NI ASPIRANTES
Lo paradójico de caso es que los proponentes no tienen ni presupuesto ni abogados postulados, desde que se abrió la convocatoria desde el pasado lunes 19 de junio y cerrará el próximo martes 27 de del mismo mes, sin embargo, expertos apuntan a que, “como todo hondureño”, están esperando hasta el último día para inscribirse.
Por ejemplo, Ana María Calderón Boy, la exvocera de la ya extinta Misión de Apoyo Contra la Impunidad (Maccih), aseguró que es inadecuado atribuir la falta de postulaciones a la desconfianza en el proceso que hará la Junta Proponente, sino, al contrario, los abogados están esperando hasta el último momento para postularse.
“Todavía faltan varios días para que los abogados lleguen a postularse, y lo harán conforme transcurran los días. Sí existe temor, no lo creo, porque tengo entendido que la Junta Proponente está haciendo un trabajo apegado a la legalidad y con principios de transparencia” valoró la experta en conversaciones con Criterio.hn.
Para el caso, el jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, anunció que tiene la intención de postularse para el cargo de fiscal general de la república, pero que lo meditará, junta a su familia por el resto de esta semana, para postularse el próximo lunes o martes.
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SIGUIENTE PROCESO DE LA JUNTA
Al concluir el proceso de postulaciones, la siguiente labor de la Junta Proponente será investigar y analizar los perfiles de los abogados que llegaron a postularse y, en ese mismo espacio, la población tendrá la facultad de denunciar y tachar a los abogados que han incumplido con los requisitos que establece la norma, como violentar derechos humanos y estar salpicado en la comisión de delitos, entre otros.
Luego de pasar ese filtro, los postulantes serán evaluados con base en su experiencia como operadores de justicia, principalmente en la materia procesal y penal y, dependiendo de los resultados, se les dará una calificación de 1 a 100 puntos, para luego seleccionar a los mejores cinco, nómina que el 21 de julio la Junta presentará ante el Congreso.
En la nómina tendrán que incluir dos mujeres, según lo establece la norma de la Junta Proponente, para que los diputados, en una elección de segundo grado, con la mayoría calificada de votos (86), elija a las dos nuevas figuras del Ministerio Público, que actualmente ocupan Óscar Fernando Chinchilla (fiscal general) y Daniel Sabrián (fiscal adjunto), que dejarán sus puestos el próximo 31 de agosto, para que los nuevo entren a más tardar en funciones el 1 de septiembre.
