Quemadas y a disparos fueron asesinadas 41 mujeres privadas de libertad en pleno estado de excepción
Presidenta, Xiomara Castro, destituye al secretario de Seguridad, Ramón Sabillón y lo sustituye por el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez.
Ministerio Público pide compresión a familiares de las víctimas porque para la entrega de los cadáveres se necesitará, en algunos casos, estudios de ADN.
Tegucigalpa. – A las siete de la mañana del martes 20 de junio, los vecinos de la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) escucharon sonidos de disparos, similar a los de una balacera, que provenían del recinto. Pero, dicen los pobladores que, debido al control que ejerce el crimen organizado sobre las cárceles, lo consideraron como algo cotidiano, pese a que Honduras vive en estado de excepción desde el 6 de diciembre de 2022 y una intervención penitenciaria.
Una hora y media más tarde, a las 8:30, lo que escucharon ya no lo tomaron como algo normal: «¡Auxilio!, ¡nos estamos quemando!», “¡nos pretenden matar!”, “¡por favor, sáquennos de aquí!”. Y lo que vieron enseguida los sorprendió aún más: de la cárcel salían nubes de humo negro.
En cuestión de minutos, las autoridades de la Policía Nacional confirmaron que se trataba de un tiroteo que había dejado heridas a unas tres personas privadas de libertad. Horas después, como a eso de la 1:30 de la tarde, el vocero del Ministerio Público (MP), Yuri Mora, detalló a Criterio.hn que, preliminarmente, había 41 víctimas, entre calcinadas y por disparos de armas de fuego.
Mora aclaró que los datos proporcionados eran preliminares, pero detalló que unas 25 murieron calcinas y las 16 restantes por impactos de bala.
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Criterio.hn visitó, tras la tragedia, la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), una cárcel de baja seguridad, situada en Támara, Francisco Morazán, a unos 16 kilómetros de Tegucigalpa, capital hondureña, en donde constató cómo resultó el escenario del incidente que ratifica el dominio de la criminalidad en las prisiones de la nación.
Al mediodía, a casi cuatro horas del hecho, el perímetro de la cárcel estaba blindado por unos 200 uniformados de varias entidades: Policía Nacional, Policía Militar del Orden Público (PMOP), Dirección Policial de Investigación (DPI), entre otras fuerzas de seguridad, en cumplimiento a la orden de la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, que inmediatamente de conocerse el hecho violento declaró una emergencia y anunció una intervención en el recinto carcelario.
MOMENTOS DE TENSIÓN Y ANGUSTIA
En medio de la custodia, frente a la entrada principal de la PNFAS, el ambiente era de quebranto e incertidumbre: familiares y amigos de las privadas de libertad desconocían la situación, nadie les decía nada.
“Estoy desde las diez de la mañana que se confirmó el tiroteo; dejé mi trabajo y me vine para acá, para saber cómo está mi hija Kimberly Nicole. Ella está recluida en el módulo siete, pero hasta el momento no me han dicho nada”, contó una mujer de 70 años de edad, que prefirió el anonimato.
“Mi hija no se metía con nadie, ella no le debía nada a nadie, por eso trabajo, para ayudarle a que esté bien aquí (…) si algo le pasa a mi hija no sé qué pasaría, pero toda la responsabilidad es del gobierno”, agregó, sin saber la condición de su hija.
Los entrevistados por este medio de comunicación coincidieron en culpar a las autoridades de la Policía por permitir el ingreso de armas de medio y grueso calibre y drogas al interior de las cárceles, lo que promueve la gobernanza del crimen organizado.
Pasadas las dos de la tarde, cuatro carros de la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público ingresaron al recinto penitenciario, pero no se vieron salir, lo que representó una señal de alarma para los familiares por ser un indicador de que había varias muertas, entre las que podían estar algunas de las suyas.
Y mientras decenas de personas, debajo del sol abrasador, esperaban noticias de sus familiares, el expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, se solidarizó en medios de comunicación por la muerte de las privadas de su libertad en PNFAS, de donde su esposa, Rosa Elena Bonilla, salió hace más de cuatro meses (15 de febrero), gracias al cambio de una medida sustitutiva, de casa por cárcel, a raíz de un supuesto quebranto en su salud.
Hoy, la exprimera dama de Honduras, se encuentra viviendo en un lujoso apartamento ubicado en una exclusiva zona de la capital, luego de permanecer recluida cumpliendo una pena de 14 años de prisión al haber sido declarada culpable por los delitos de fraude continuado y apropiación indebida.
Mientras la ansiedad se acrecentaba en las afueras del centro penal femenino, ante la falta de información oficial, en las redes sociales y medios de comunicación se especulaba sobre la situación de Vanessa Molina, la expalillona implicada en el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) que guarda prisión en PNFAS. A ella la daban por muerta. Pero, su abogado, Carlos Chajtur, aclaró que estaba fuera de peligro, sin especificar en qué estado de salud se encontraba.
Entre tanto, Vivian Melissa Juárez Fiallos, quien fue tesorera del IHSS y guardaba prisión por estar relacionada al mismo caso del desfalco en el Seguro Social no corrió la misma suerte, ella es parte de la lista de las difuntas.
Conforme pasaron las horas y la información fue fluyendo, el Instituto Nacional Penitenciario (INP) dio a conocer los nombres de las primeras diez víctimas, entre las que destacan la joven cadete de la Academia Nacional de Policía (Anapo), señalada por matar a un compañero, quien presuntamente la chantajeaba con divulgar un video intimo que tenía la hoy fallecida.
ACUSAN A INTEGRANTES DE MARAS DEL CRIMEN
Entre tanto, una de las privadas de libertad que resultó herida y fue traslada hasta el Hospital Escuela de la capital, relató a medios de comunicación que mujeres armadas empezaron a disparar contra todas las reclusas y luego se trasladaron hasta el módulo número 1, donde están las integrantes de la Mara Salvatrucha MS-13.
Entre el llanto y el dolor de sus heridas dijo que una de las fallecidas estaba en el módulo donde se encuentran los niños. Otros testigos informaron que tras llegar al módulo de la MS-13 al menos 26 mujeres buscaron refugios en la zona de baños, en donde fueron encerradas y luego incendiadas.
Para el caso, un elemento del Cuerpo de Bomberos relató que en la mañana recibieron una llamada informándoles sobre el incendio en la cárcel, y como tienen una estación en Támara en pocos minutos llegaron hasta el lugar.
Producto de la balacera y el incendio las medidas de seguridad eran extremas, “no podíamos estar hasta que se nos autorizó escalar por uno de los muros hasta sofocar el incendio”.
Hasta el momento el Instituto Nacional Penitenciario no ha revelado cómo sucedieron los hechos ni las causas y mucho menos quienes son responsables del motín que se originó mediante una balacera y un incendio. Aunque, de manera extraoficial se presume que fueron privadas de libertad pertenecientes a la Pandilla 18 las autoras materiales del crimen.
A eso de las 2:30 de la tarde la presidenta Xiomara Castro reaccionó a través de sus redes sociales y atribuyó el crimen a las maras con la permisividad de las autoridades de la secretaría de Seguridad.
Al cierre de la tensa jornada, a las 9:15 de la noche, Casa de Gobierno informó sobre la destitución del secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, quien fue sustituido por Gustavo Sánchez, director de la Policía Nacional. Sabillón será nombrado en un cargo diplomático en el exterior.
IDENTIFICACIÓN DE CADÁVERES SERÁ ENGORROSO
Hasta entrar la noche, los 41 cadáveres fueron remitidos a la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público (MP), pero el proceso de identificación, de los 25 cadáveres calcinados, puede ser más engorroso, a diferencia de las 16 que murieron por impactos de bala.
El Ministerio Público informó que un equipo multidisciplinario de esa institución se había desplazado a la zona de crisis para el procesamiento de las diferentes escenas del crimen y labores de levantamientos cadavéricos.
Precisó que entre los análisis que los equipos de especialistas forenses practicarán para el reconocimiento de las víctimas (identificación humana), se auxiliarán de pruebas de necrodactiloscopia (huellas), autopista oral (estudios odontológicos que revelarán estimación de edad, sexo, entre otros) e investigación de comparación genética (para los casos de quemaduras graves o carbonación).
“Una vez que los cuerpos sean trasladados al servicio de morgue, los médicos y técnicos efectuarán las autopsias y harán las entregas a los familiares de los cadáveres plenamente identificados, sin embargo, se solicita comprensión a la población en cuanto a los términos de entrega en los casos en los cuales se requieran estudios de ADN”, estableció el MP mediante un comunicado.
En medio de la incertidumbre, exactamente a las 5:15 de la tarde la subsecretaria de Seguridad y coordinadora de la Comisión Interventora de los centros penitenciarios, Julissa Villanueva, aseguró que ya se había recabado el 70% de la prueba científica en la escena del crimen. Villanueva acompañó la publicación de dos fotografías, en una se observa una celda destruida por las brazas y en otra a una mujer caminando por los pasillos del PNFAS con un arma de fuego en una de sus manos y el rosto cubierto con un pasamontaña.
La masacre, que hasta el momento ha dejado 41 víctimas mortales, se desarrolló en medio de un estado de excepción parcial, vigente desde el 6 de diciembre de 2022 y que se mantendrá hasta el 5 de julio. Además de una intervención en todas las cárceles del país encabezada por la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva.
