Tegucigalpa, Honduras. – A más de seis meses del estado de excepción, la criminalidad y violencia orquestada y ejecutada por el crimen organizado y narcotráfico continúa campante en Honduras, mostrando la ineficacia de las medidas tomadas en materia de seguridad para contrarrestar este mal.
Lo alarmante de la situación, pese a estar en un estado de excepción, es que la violencia e impunidad siguen afectando a los hondureños, de acuerdo con versiones policiales, que, hasta el momento, no hay ningún arresto relacionado a estos asesinatos ocurrido entre el sábado y domingo, mientras aseguran que están trabajando en el proceso de investigación.
Sólo el fin de semana pasado, 27 personas fueron asesinadas (según un monitoreo de medios de Criterio.hn) entre asesinatos múltiples, femicidios y homicidios a operadores del sector transporte, que ya contabilizan 28 decesos en lo que va de 2023, posicionándose como las víctimas principales de la extorsión, consecuencia del poder del crimen organizado en el país, dicen dirigentes.
De estos 27 hondureños asesinados, 11 fueron en tres masacres: la primera se registró la madrugada del sábado 10 de mayo en el interior de un club nocturno en Nacaome, departamento de Valle, al sur del país, lugar en el que acribillaron a tres hombres, mientras que, en San Pedro Sula, Cortés, en la misma noche, acribillaron a 8 personas más, en dos hechos distintos.
El resto de las víctimas fueron ultimadas en otras partes del país. Por ejemplo, el mismo sábado, sicarios acribillaron al conductor de un taxi mientras permanecía estacionado en la colonia Miraflores de la capital hondureña. En tanto, una mujer fue ultimada en la residencial Villeda Morales, también de Tegucigalpa.
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“NO HAY VISIÓN INTEGRAL”
Para Kenneth Madrid, director legal de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), el estado de excepción, que entró en vigencia desde el 6 de diciembre de 2022 y continuará hasta el 5 de julio, ha sido ineficiente porque carece de una estrategia integral de investigación.
“Realmente no hay una estrategia integral y científica definida, por lo tanto, vamos a seguir viendo estos ajustes de cuentas porque no hay investigaciones en los distintos homicidios que se ejecutan. Si hubiera el mínimo de efectividad, por lo menos ya estuviéramos viendo a los orquestadores de estos homicidios procesados por la ley”, valoró.
Agregó que “si el crimen organizado en realidad estuviera siendo perseguido y no quedando en impunidad sus asesinatos, ellos mismos retroceden y buscarán una forma para cometer sus actos delictivos, pero como no es así, saben que el país es un terreno fértil para seguir cometiendo este tipo de acciones”.
“Si esto fuera así, los informantes comunicarían previamente en qué barrio y colonia planean cometer el próximo incidente, ya sea extorsión o asesinatos y abordarlos (criminales) antes de que se cometa el delito, pero acá no tienen nada de eso, no hay red de colaboradores ni estrategias”, opinó.
Además, aseguró que el gobierno de Xiomara Castro no tiene un plan de prevención para rescatar de las garras de las maras, pandillas y narcotráfico a los niños de entre 7 y 14 años, que son utilizados para ejecutar cobros de extorsión y cumplir con otras funciones dentro de las agrupaciones criminales.
“El otro tema es que no trabajan en prevención ¿qué hace el gobierno para rescatar a los jóvenes entre 7 y 14 años para que no caigan en manos de maras y pandillas?, no hacen nada, no conocemos esa estrategia. Hay demasiados puntos y aristas que están sobrando del por qué estamos como estamos”, lamentó.
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PELIGRA RATIFICACIÓN DE ESTADO DE EXCEPCIÓN
En el Congreso Nacional varios diputados opositores han advertido que no votarán a favor para ratificar la extensión de estado de excepción en Honduras por falta de efectividad en los resultados y porque se están violentando las garantías constitucionales.
“Desde que se suspenden las garantías constitucionales se están violentando los derechos humanos. Desde que se les faculta a las autoridades de seguridad en hacer allanamientos o hacer arrestos sin ningún tipo de orden se vulneran los derechos humanos de la población”, comentó la congresista del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena.
Con el estado de excepción en Honduras, a la población se le suspendieron seis derechos garantizados en la Constitución de la República (suscritos en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99), lo que, en síntesis, faculta a las autoridades a hacer detenciones y allanamientos de vivienda sin tener ningún tipo de requerimiento fiscal.
Mena también lamentó que desde la Policía Nacional manejan como logros los resultados obtenidos de los allanamientos ejecutados en los que han encontrado drogas y armas, “pero esos son resultados normales que la Policía debe tener con o sin estado de excepción (…) se deben implementar medidas que den frutos”.
El director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, argumentó que, desde diciembre de 2022, hasta abril de este año, lograron reducir los homicidios relacionados con el cobro de extorsión y han ejecutado más allanamientos de vivienda que les ha permitido arrestar a presuntos cabecillas de organizaciones criminales.
Con respecto a las constantes denuncias por violación a los derechos humanos, Sánchez aseguró que la Policía está facultada para ejercer capturas y allanamientos sin ningún tipo de orden judicial y que esas medidas van acompañadas de investigaciones que hacen en contra de las estructuras criminales.
Sin embargo, pese a la postura y resultados que muestra la Policía Nacional, desde el 1 de enero, hasta el 11 de mayo de 2023, en Honduras han asesinado a 1,307 personas, de las cuales 171 son mujeres y 28 son transportistas de taxis, buses y servicios privados.
El estado de excepción en Honduras comenzó el 6 de diciembre de 2022 y estará vigente hasta el 5 de julio de 2023, de acuerdo a la última actualización del Poder Ejecutivo. El objetivo, según el gobierno, fue hacer una lucha frontal al crimen organizado y, para ello, también implementaron otras medidas de seguridad en las que le asignaron funciones a las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA).
Por ejemplo, en abril de este año entró en vigor la segunda etapa del plan Solución Contra el Crimen (SCC) en el que se le autorizó a la Policía Militar del Orden Público (PMOP) intervenir los departamentos de Colón, Olancho, El Paraíso, Atlántida, Copán, Yoro y Gracias a Dios, medida que no fue bien vista por defensores de derechos humanos por los antecedentes malévolos que salpican institución armada.
Criterio.hn intentó comunicarse con las autoridades de seguridad para conocer qué acciones ejecutarán para frenar los homicidios, pero no hubo respuesta a las llamadas ni mensajes.
