Consejo de Ministros aprobó por unanimidad de votos el proyecto de Ley de Justicia Tributaria que será remitida al Congreso Nacional para ser discutida y posteriormente aprobada
Tegucigalpa, Honduras. -La anunciada Ley de Justicia Tributaria, impulsada por el Poder Ejecutivo ha sido un punto de debate y resquemores entre el Gobierno y la empresa privada, quienes han enfilado sus esfuerzos en desacreditar la normativa.
Esta normativa fue plenamente discutida en un Consejo de Ministros que se llevó a cabo el lunes 24 de abril en horas de la noche, dicho proyecto recibió el visto bueno del gabinete de Gobierno y ha sido enviado al Poder Legislativo, donde se espera el apoyo de las bancadas para su aprobación.
Durante su participación en el evento de conmemoración del 92 aniversario de las Fuerza Aérea Hondureña, el viernes 21 de abril en las instalaciones de la base Aérea Hernán Acosta Mejía, ubicada al sur de la capital, la presidenta, Xiomara Castro, anunció que el decreto sería discutido con el gabinete económico y posteriormente enviado al Congreso Nacional para su aprobación.
En su breve comparecencia ante los medios de comunicación la titular del Ejecutivo dijo que “no existe un solo hondureño que no este de acuerdo con lo que nosotros estamos haciendo, de lograr justicia tributaria en nuestro país”.
La mandataria señaló que en Honduras hay al menos 300 mil empresarios y en su gran mayoría pagan sus impuestos, pero se deben parar los abusos que se han llevado a cabo en los últimos años y le corresponde a su gobierno hacer las transformaciones y eliminar la destrucción tras 12 años de administraciones neoliberales dirigidas por el Partido Nacional.
Castro hizo el anunció la noche del lunes 30 de enero, en una cadena de radio y televisión en la que resumió sus logros del primer año de su gobierno y anunció algunos planes y proyectos a corto plazo.
La titular del Poder Ejecutivo explicó que la modificación a la actual política tributaria no implicará un aumento en los impuestos y que estará orientada a evitar y regular los abusos y los regímenes de exoneraciones fiscales, aunque no dio más detalles de dicho proyecto.
Según la mandataria son más de 60 mil millones de lempiras los que el Estado deja de percibir por concepto de exoneraciones que reciben los empresarios.
De acuerdo con lo expresado en un foro televisivo por el director del Servicio de Administración de Rentas (SAR) Marlon Ochoa en el país existen 300 mil empresas, de las cuales 21 mil son formales, 280 mil informales que sí pagan impuestos.
El funcionario agregó que, de esas 300 mil empresas, al menos dos mil no abonan al sistema tributario. En ese sentido, precisó que los empresarios hondureños de mayor riqueza quienes tienen decenas de formas habilitadas para evadir impuestos.
No obstante, explicó que la Ley de Justicia Tributaria esta en contra de la corrupción y los abusos que se han cometido por más de 30 años, no de los empresarios como han asegurado varios representantes de la iniciativa privada.
“¿Por qué no dicen nada sobre las cinco empresas que no siembran nada y reciben 4,700 millones de lempiras en exoneraciones? ¿Por qué no han dicho nada de las empresas vinculadas al narcotráfico que recibieron exoneraciones?”, cuestionó.
Ochoa ha explicado con lujo de detalle desde su cuenta de Twitter la Ley de Justicia Tributaria crea dos nuevos regímenes fiscales: Zonas Francas y el Régimen de Incentivos de las Inversiones para el Desarrollo (Rinde), los cuales priorizan 15 rubros productivos para las inversiones públicas, privadas y mixtas.
Señaló directamente al Partido Nacional de haber diseñado un esquema de evasión a través de mecanismos de opacidad mercantil y tributaria como el secreto bancario, acciones al portador, la falta de intercambio de información internacional y el principio de renta territorial.
Lo anterior esta contemplado en la aprobación del Código Tributario en el 2016 y gracias a ello el Partido Nacional convirtió a Honduras en el único país del mundo en retroceder el principio de renta mundial a territorial, permitiendo que rentas reales o simuladas del exterior no pagaran impuestos.
Externo que con esa modificación en el sistema tributario permitió que 503 personas jurídicas y naturales evadieran 57,132 millones de lempiras en impuestos entre 2017 y 2023, un promedio del 7.3% de la recaudación de cada año.
Producto de la diferencia entre el Gobierno de Honduras y la empresa privada, por la Ley de Justicia Tributaria, Pedro Barquero quien fungía como secretario de Desarrollo Económico, presentó su renuncia.
En varias ocasiones el exfuncionario se mostró en contra de la Ley Tributaria, asegurando que esta afectaría la inversión en el país y que no todas las exoneraciones eran “malas”.
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EMPRESA PRIVADA RECHAZA LEY TRIBUTARIA
Durante una conferencia de prensa representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) enfatizaron que el Gobierno de Honduras debe entender que su constante “hostilidad” hacia la iniciativa privada solo genera incertidumbre a la economía.
Desde el anuncio del proyecto de Ley Tributaria la empresa privada ha mantenido una postura en contra de la aprobación de esta normativa, justificando con ella se perderán empleos y afectará la inversión (nacional y extranjera).
HONDURAS NECESITA UNA REFORMA FISCAL INTEGRAL
A juicio del economista y rector de la Universidad José Cecilio del Valle, Julio Raudales, lo que Honduras necesita es una reforma fiscal integral, en donde se haga un cambio radical e importante en la tributación, ya que, el sistema tributario en Honduras es sumamente injusto y regresivo.
En una entrevista con Criterio.hn explicó que lo que sucede es que lo que está proponiendo el proyecto de ley es que “no tiene elementos que lleven a un cambio radical en el sistema tributario, porque no se tocan los impuestos, únicamente está haciendo es eliminando ciertas reglas que fueron introducidas hace más de 30 años y que ha venido metiendo más reglas que tienen que ver con la atracción de inversión”.
En ese sentido, expone que el tema de las exoneraciones fiscales y las facilidades que te dan para la inversión, si bien es cierto, son muy desordenadas y se prestan para abusos, es importante entender que no solo las exoneraciones son lo único injusto que tiene el sistema tributario hondureño, pero más importante que eso es lograr que el sistema tributario en si este dirigido a que haya una mayor equidad tributaria y eso no está sucediendo con esa propuesta.
Desde su cuenta de Twitter el economista, Ismael Zepeda, dice que la Ley de Justicia Tributaria no debe verse como una eliminación de exoneraciones (en algunos casos privilegios) si no como un ordenamiento de los regímenes especiales y sumado a un mejor control para su seguimiento y monitoreo, hasta su evaluación permanente.
A juicio del economista y asesor del Congreso Nacional en temas fiscales, Claudio Salgado, la Ley de Justicia Tributaria viene a poner orden en el sistema de exoneraciones ya que, hasta ahora todas ellas no han tenido auditorias y nadie las controla.
En una conversación con Criterio.hn dice que en este tema de abusos fiscales han fallado tanto el gobierno como la empresa privada, ya que no hubo un control sobre las mismas.
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¿DE DÓNDE Y CÓMO SURGE LA IDEA?
A finales de julio de 2022 el gobierno de Xiomara Castro reveló tres informes que elaboró el Fondo Monetario Internacional (FMI), en los que el organismo internacional apuntaba que las exoneraciones fiscales son inequitativos e ineficientes por lo que recomendó su extinción o eliminación gradual.
Los informes que habían sido declarados en secreto por el gobierno de Juan Orlando Hernández, instan al gobierno a eliminar todas las exenciones del Impuesto Sobre la Venta (ISV), eliminar paulatinamente, en 10 años, las exenciones al aporte para la atención de programas sociales y conservación del patrimonio, transparentar el régimen de exenciones publicando la matriz con todas las exenciones e implementar el tributo único para pequeños contribuyentes, conocido como monotributo y la eliminación paulatina de exenciones del ISV y en combustibles.
Siguiendo las recomendaciones del FMI la presidenta Xiomara Castro anunció, en el informe de su primer año de gobierno, una profunda reforma a la Ley de Justicia Tributaria que, en primera instancia, plantea la eliminación de las exoneraciones fiscales.
Castro aseguró que la modificación a la actual política tributaria no implicaría un aumento en los impuestos y que estaría orientada a evitar y regular los abusos y los regímenes de exoneraciones fiscales, aunque no dio más detalles de dicho proyecto.
Para el director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Ricardo Barrientos, quien considera que las exoneraciones y exenciones fiscales de Honduras son las más altas de la región y no se reflejan en el clima de inversión y tampoco en la generación de empleo.
Barrientos dijo además que la revisión de las exoneraciones y exenciones fiscales también ha sido una sugerencia del ICEFI y que esto tampoco implicaría un cambio de modelo económico.
En los últimos días algunos empresarios hondureños y sus representantes han vaticinado que un cambio en la ley tributaria conduciría a un cambio de modelo económico.
En Honduras existe una alta dispersión de normas tributarias, es decir, que no hay una norma general, por lo que el economista del ICEFI considera que la reforma anunciada por el gobierno puede revertir los entuertos.
