Tegucigalpa.- A cuatro meses de que se cumplan tres años de la desaparición forzada de cuatro jóvenes de la comunidad garífuna del Triunfo de la Cruz, durante el estado de excepción decretado en Honduras por la pandemia de covid-19, el caso continúa en opacidad.
Esta semana la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) se reunió con el Grupo de Trabajo Sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas (WGEID) para plantear la situación que vive el pueblo garífuna ante la persecución, criminalización, asesinato y desapariciones forzadas en el marco del incumplimiento del Estado en las sentencias a favor de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra en 2015.
La madrugada del 18 de julio de 2020, el presidente del Patronato de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, Tela, Alberth Sneider Centeno y los jóvenes Suami Aparicio Mejía, Gerardo Mizael Róchez Cálix y Milton Joel Martínez, fueron sustraídos de sus viviendas de forma violenta en un operativo dirigido, según testigos y vecinos de la comunidad, por elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), sin presentar orden de captura.
Desde entonces debido a los nulos avances en la investigación, la Ofraneh junto a otras organizaciones indígenas y defensoras de derechos humanos han exigido la creación de la fiscalía especial contra la desaparición forzada, señalando que la Fiscalía de las Etnias no hace nada por la defensa de los pueblos indígenas y negros del país.
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Asimismo, han demandado la incorporación del Comité Garífuna de Investigación y de Búsqueda de los Desaparecidos del Triunfo de la Cruz (en Garífuna SUNLA) en los procesos de investigación, petición que fue negada en junio de 2021 por la Procuraduría General de la República.
ESTADO NO CUMPLE SENTENCIAS Y FAVORECE IMPUNIDAD DE EMPRESARIOS
Sobre el encuentro con la representación del Grupo de Trabajo Sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas, la Ofraneh indicó mediante un comunicado que a este grupo se le informó sobre la situación actual de las comunidades y la respuesta del Estado.
“Enfáticamente la comunidad, a través de distintas voces, reiteró que el Estado de Honduras no sólo no ha cumplido las sentencias ganadas en los tribunales internacionales, sino que ha favorecido la impunidad de los empresarios que se han apropiado de la tierra de las comunidades, y que la situación tiende a empeorar, pues hay múltiples conflictos derivados de la presencia de terceros en las comunidades”, apuntó la organización.
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU que visita Honduras está conformado por: la presidenta relatora Aua Baldé, Grażyna Baranowska y Luciano A. Hazan, con el acompañamiento de Ugo Cedrangolo y Anna Fisher de la Secretaría del Grupo de Trabajo de la Desaparición Forzada.
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Tras la reunión, el integrante de la Ofraneh, Rony Castillo, requirió desde redes sociales que el Ministerio Público incorpore al SUNLA en las investigaciones relacionadas a la desaparición forzada de los jóvenes de Triunfo de la Cruz, además de la no criminalización de la misma.
En agosto de 2022, la Fiscalía Contra Delitos Comunes y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) confirmaron que se abrió una investigación contra Miriam Miranda, coordinadora general de la Ofraneh; Luther Castillo, titular de la Secretaría de Ciencia y Tecnología; y Edy Tabora, abogado del Bufete Justicia para los Pueblos, que representa a la Ofraneh, entre otros líderes y lideresas, tras una movilización exigiendo justicia.
COMUNIDAD GUÍO RECORRIDO DOCUMENTADO EN LA DESAPARICIÓN FORZADA DE CUATRO DE SUS MIEMBROS
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, que acompañó la visita, informó que la Ofraneh y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas han estado en comunicación desde que ocurrió la desaparición forzada de los cuatro jóvenes, entre ellos el presidente del patronato de la comunidad.
Además, relató que la comunidad guío el recorrido documentado de la desaparición forzada de los cuatro jóvenes garífunas la madrugada del 18 de junio de 2020 por individuos uniformados con la indumentaria de la Dirección Policial de Investigaciones.
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El 8 de octubre de 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) declaró responsable al Estado de Honduras por la violación del derecho a la propiedad colectiva de estas poblaciones Garífunas y dictó una serie de reparaciones que a siete años siguen sin cumplirse.
En junio de 2021, la Corte-IDH calificó como “insuficientes” y “lentos” los avances del Estado de Honduras con relación a la implementación de medidas provisionales y el cumplimiento de las sentencias por los casos de las comunidades Garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz.
La falta de cumplimiento de las sentencias tanto de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz ha generado violencia contra los pobladores de ambas comunidades Garífunas.
A la desaparición forzada de los jóvenes Alberth Sneider Centeno, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Mizael Róchez Cálix y Milton Joel Martínez Álvarez, y otras acciones violentas, se suma la amenaza a muerte contra el fiscal del Comité de Defensa de Tierras del Triunfo de la Cruz, Alfredo López Álvarez, en octubre de 2022.
López Álvarez denunció el ultimátum realizado por terceros de Playa Escondida, quienes establecieron un límite de 24 horas para que abandonara la comunidad garífuna y cesara en la lucha para la restitución del derecho del pueblo Garífuna.
El origen de la problemática que enfrenta el pueblo Garífuna en Honduras tiene su origen en el irrespeto del gobierno a su territorio comunal y a la falta de cumplimiento del Estado a las sentencias de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, lo que facilitó que terceros se apropien de las tierras.
