Las tres principales fuerzas políticas (Partido Libre, Nacional y Liberal) han pactado, entre otras cosas, reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Katerin Galo
Tegucigalpa. –El jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) Luis Javier Santos es del criterio que el Ministerio Público necesita una reestructuración, pero esta debe surgir desde adentro de la Fiscalía y no de parte de los políticos.
Durante su participación en el Twitter Space de Criterio.hn, efectuado la noche del jueves, el fiscal expuso que no se ha querido solucionar la crisis en el Ministerio Público, originada por un paro de labores que ya ha arribado a la séptima semana, porque la intención de fondo es intervenir la institución y con ello debilitar o, en el peor de los casos, desaparecer oficinas como la Uferco.
Santos dijo que, no le sorprendería que los partidos políticos salgan con una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público a la medida de ellos y no a lo que el ente acusador del Estado necesita.
En el marco de la elección de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) los tres partidos mayoritarios (Libre, Nacional y Liberal) firmaron un pacto mediante el cual se estableció la repartición de cuotas de poder con base al caudal electoral, en aquellas instituciones donde se requiere elección de segundo grado. El acuerdo determina, entre otras cosas, hacer reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público.
“A mí me preguntan por qué este conflicto se ha alargado tanto, yo considero que es porque se está trabajando en una reestructuración a escondidas de la misma Fiscalía”, sostuvo Santos.
Santos considera que, si los políticos meten sus manos en el ente acusador del Estado, a través de una modificación a la Ley Orgánica del Ministerio Público, lo harán de acuerdo a sus intereses y para obtener cuotas de poder para su beneficio y esto podría debilitar a la institución.
Pese a su postura contraria a las reformas, el coordinador de la Uferco está consciente que en la actualidad sólo el 5% de los homicidios se resuelven y en delitos de corrupción apenas el 1% de los casos.
Por otra parte, cuestionó que la Fiscalía dedique tanto tiempo en ejecutar operativos que lo único que dejan es una gran cantidad de procesados por delitos comunes con lo que se criminaliza a la sociedad y no se efectúa una efectiva persecución penal.
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SOCIEDAD CIVIL DEBE ACTUAR PARA EVITAR QUE ESTO OCURRA
Entre tanto el director de Gobernanza y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) Lester Ramírez es de la opinión que la sociedad civil no debe esperar que lleguen esas reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público porque los políticos “juegan con pelota adelantada”.
Ramírez, quien también participó en el Twitter Space de Criterio.hn concuerda con la opinión del jefe de la Uferco , Luis Javier Santos, en cuanto a que los políticos ya tienen un guion preestablecido para agenciarse con el poder en las instituciones públicas.
El líder de sociedad civil enfatizó en que se debe generar presión desde los diferentes sectores y grupos interesados en un Ministerio Público que no responda a interés de partidos políticos porque de lo contrario esto pasará factura.
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CONGRESO APROBÓ DECRETO PARA FORTALECER UFERCO
El 5 de mayo del 2022 el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, presentó un proyecto de ley que, supuestamente, permitiría a la Uferco ejercer acción penal sin autorización del fiscal general Óscar Fernando Chinchilla.
La normativa conformada por seis artículos, tiene la finalidad de fortalecer las acciones de la fiscalía anticorrupción, que dirige Luis Javier Santos, relevando las directrices del fiscal general y el fiscal adjunto que han limitado la judicialización en casos de corrupción de alto impacto.
En su primer artículo la ley contempla otorgar un grado de independencia superior a la Uferco sobre las demás fiscalías a efecto de que los fiscales procedan al ejercicio de la acción penal pública de oficio, es decir, que actúen directamente en la judicialización de casos de corrupción sin que se deba someter su decisión a la aprobación previa del fiscal general.
En otro de los artículos establece que la normativa estará vigente hasta que asuma un nuevo fiscal general y adjunto como titulares del Ministerio Público a quienes se les deberá presentar informes pormenorizados de los casos presentados durante el periodo de vigencia en caso de aprobarse la ley.
Además, esta ley ordena al Ministerio Público incrementar en un 10% el presupuesto asignado a la Uferco y aquellas disposiciones que contraponen el decreto que presentó el titular del Poder Legislativo quedarían en suspenso mientras esta tenga vigencia.
