Tegucigalpa, Honduras.- La nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel, recibió una herencia de poder omnímodo por parte de su predecesor, Rolando Argueta. Ante la ausencia de un Consejo de la Judicatura, distintas funciones relacionadas con administración de personal, a lo interno del Poder Judicial, recaen en ella.
El 17 de febrero de 2023, tomó posesión de su cargo como titular del Poder Judicial la exjueza de Letras de Francisco Morazán, Rebeca Ráquel, quien posee bastante cercanía con la familia presidencial, por existir un grado de afinidad e intereses compartidos. Su esposo, José Luis Melara, es tío de Juan Carlos Melara, esposo de Zoé Zelaya, la hija mayor de Xiomara Castro y Manuel Zelaya.
Más allá de lo anterior, la designación de la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia representó el fin de los siete años en dicho cargo para Rolando Argueta, cercano al Partido Nacional, y cuestionado por sus excesos al frente del Poder Judicial, entre ellos la remoción y el nombramiento de funcionarios judiciales violentando, en varias ocasiones, los procedimientos legales.
Uno de los principales problemas radica en que la actual Ley de Carrera Judicial no garantiza el deseado proceso en cuanto a nombramiento y remoción de personal, pero, sobre todo, no divide las facultades administrativas de las judiciales, otorgándole doble funciones al presidente de la Corte Suprema, quien exclusivamente debería enfocarse en la administración e impartición de justicia, y no en el funcionamiento administrativo del Poder Judicial.
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El 25 de noviembre de 2011, el Congreso de la República aprobó la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, una normativa que derogó la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y que otorgó labores administrativas a un nuevo ente, mismo que inició sus funciones el 6 de septiembre de 2013, y que se encargaba de organizar y dirigir la administración y las finanzas del Poder Judicial.
Sin embargo, la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial fue cuestionada desde su aprobación en el Legislativo, hasta que el 15 de abril de 2016 la Sala de lo Constitucional la declaró inconstitucional. De esa forma, todas las funciones administrativas recayeron en la presidencia del Poder Judicial, una herencia que cayó a Rebeca Ráquel.
FRACASO PREVIO
Además de ello, la gestión de quienes estuvieron al frente Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial fue caracterizada por la corrupción. El expresidente de la Corte Suprema, Jorge Rivera Avilés (2009-2016), quien presidió el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial entre 2013 y 2016, fue acusado por delitos de corrupción y encarcelado.
Adicionalmente, el 9 de agosto de 2018, el Ministerio Público presentó requerimientos fiscales contra Rivera Avilés y otros cinco exmiembros del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, quienes fueron acusados por más de 600 delitos de malversación de caudales públicos. Los demás imputados fueron Julio César Barahona, Liliam Maldonado, Francisco Quiroz, Celino Aguilera y Teodoro Bonilla.
Sin embargo, el 2 de noviembre de 2021, un juzgado de letras penal en materia de corrupción dictó sobreseimiento definitivo para los seis
Ahora, con la asunción de nuevos magistrados y nuevas magistradas a la Corte Suprema de Justicia, uno de los principales temas de discusión ha sido la reactivación de un Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, que está consignado en el articulo 318 de la Constitución de la República.
Por lo anterior, la nueva CSJ tiene la capacidad de elaborar una nueva ley del Consejo de la Judicatura y enviarla al Congreso Nacional, o, en su defecto, que el Legislativo la formule y la socialice con funcionarios del Poder Judicial.
A criterio de Joaquín Mejía Rivera, investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), lo ideal sería que el Congreso Nacional lo realizara.
“La clave está en que la Corte Suprema elabore la iniciativa de ley, pero luego va a venir otro gran problema, que es la elección de quienes integrarán el Consejo de la Judicatura, porque debemos recordar que ya hay un antecedente fallido, escogieron a personas que no cumplían con los requisitos mínimo. Eso sí, la responsabilidad de aprobar esta ley está en el Congreso”, declaró a Criterio.hn.
¿QUIEN DEBE DARLE VIDA AL PROYECTO DE LEY?
El abogado Omar Menjívar manifestó, por su lado, que cuanto antes debe ser bien la Corte Suprema quien agilice la elaboración de una nueva ley del Consejo de la Judicatura.
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“Lo ideal sería que naciera como iniciativa del Poder Judicial porque en su materia y la naturaleza de sus funciones la que va a ser regulada en esa ley y debería ser la Corte Suprema de Justicia quien proponga un proyecto o anteproyecto de la Ley”, comentó Menjívar a este medio digital.
El diputado del Partido Nacional, David Manaiza, y miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, declaró a Criterio.hn que es necesario reactivar el Consejo de la Judicatura, pero que este no debe ser presidido por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel.
“A un cargo como magistrado a la Corte Suprema de Justicia, se llega por situaciones políticas, entonces a veces las contrataciones administrativas siempre llevan ese tinte político entonces considera. Si hablamos de crear un nuevo Consejo de la Judicatura, lo ideal sería apartar al presidente o la presidenta de la Corte de su organización”, manifestó el congresista.
Similar criterio tuvo Omar Menjívar. “Yo comparto que quien preside la Corte no debe estar en el Consejo de la Judicatura, porque ello implica otorgarle el mismo poder, solo que un poco disminuido y compartido con un órgano colegiado”, sentenció.
