Por: Rodil Rivera Rodil
No cabe duda de que la desaparición del bipartidismo nos ha traído grandes novedades. La elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ha sido una de ellas. A mi parecer, el resultado fue notablemente satisfactorio, y la irritación popular por el tiempo que tomó fue un tanto magnificada, sino incentivada, por los medios. Pero es indudable que la normativa de la selección debe ser revisada a fondo, tanto las disposiciones constitucionales como la ley de la Junta Nominadora. Y hacerlo cuanto antes. Cuando, como dice el tango de Gardel, “ya todo está en calma y la ambición descansa”.
El énfasis debe recaer, no en la aptitud de memorizar de los aspirantes sino en su idoneidad, cualidades morales y en su compromiso con los valores jurídicos universales que atañen a la esencia misma de las funciones del más alto tribunal de justicia de la nación. Y la comprobación de estos requisitos no requiere tanto de pruebas especiales como, esencialmente, del notorio conocimiento y siempre acucioso juicio de la ciudadanía; deben abolirse los exámenes degradantes y prácticamente inútiles como el toxicológico y el psicométrico y aceptarse no solo las auto postulaciones sino también las provenientes de organismos debidamente calificados. El puesto de magistrado de una suprema corte es de los que casi puede decirse que se nace para él, que no se busca, se ofrece; de hecho, representa la mayor dignidad que puede brindar un país a un profesional del derecho hondureño.
Por encima de todo, debe buscarse la máxima independencia de los candidatos. En el ideal de un nuevo procedimiento, debería incorporarse, entre otros cambios, un mecanismo que garantice que, en las pruebas que lo permitan, los evaluadores no conozcan a los postulantes, y reducir al mínimo los que serán enviados al Congreso y, de repente, que la instancia nominadora sea la que escoja los 15 magistrados y este se limite, propiamente, a formalizar la elección y juramentarlos. Para quienes opinan que esto no tendría sustento legal es oportuno recordarles que si la Constitución puede mandar que la instancia nominadora seleccione 45 candidatos también puede ordenar que sean solo los quince, y así podríamos decir que, efectivamente, se habría avanzado sustancialmente en la despolitización de la elección de los magistrados, de la politiquería se entiende, de la que durante el régimen de JOH condujo a la politización de la justicia y a la judicialización de la política. Se trata, en definitiva, de que nadie debe poder manipular el poder judicial, ni por razones políticas ni por ninguna otra.
El insigne jurista uruguayo Eduardo J. Couture, en una magistral conferencia sobre la justicia inglesa, a la que considera la mejor del mundo, define, con soberbia precisión, la diferencia y, a la vez, la relación que debe existir entre política y la justicia. Leámoslo:
“La elección del juez inglés constituye algo así como la coronación de una vida triunfal, ya que depara al hombre uno de los más altos honores que puede ofrecerle su país. La independencia del juez es el secreto de su dignidad. Justicia y política son palabras que no aman andar juntas por el mundo. De largo tiempo atrás se sabe que si la justicia se ocupa de política, no es plenamente justicia; y si los políticos se preocupan demasiado de la justicia, es porque ven en los jueces a ciertos impasibles y fríos enemigos de sus aspiraciones de conductores de pueblos. Pero en un sentido más profundo, también justicia es política, porque sin ella ningún ideal político de construcción, de encaminamiento y de vasta acción realizadora, puede considerarse consumado”.
De otro lado, la elección de la nueva corte, como era previsible, no pudo escapar a la lógica del resultado de las elecciones del 2021. Pero, sorpresivamente, en la conclusión del proceso se produjo una significativa variante en la correlación de fuerzas surgida de ellas, por lo que puede ser interesante comentar, a grandes rasgos, el comportamiento de los distintos partidos en las negociaciones que tuvieron lugar en el Congreso sobre la lista de candidatos que entregó la Junta Nominadora. Y en las cabe destacar que, como regla, se admitió de común acuerdo el mutuo derecho al veto.
Comienzo por el Partido Nacional, el único que por el número de sus diputados estaba en condiciones de prolongar la elección indefinidamente, con lo que mantenía el control de la corte que detentaba desde hace 12 años (el artículo 80 de la ley orgánica del Congreso que establece que los funcionarios permanecen en sus cargos hasta que sean electos sus sustitutos sigue vigente mientras no sea derogado o declarado inconstitucional) y, llegado el caso, podía desencadenar una crisis de insospechadas consecuencias. ¿Por qué los dirigentes nacionalistas no aprovecharon la oportunidad para forzar una distribución más favorable a su partido, como no vacilan en hacerlo, para el caso, los políticos italianos, acostumbrados a transitar de crisis en crisis? Hasta Maquiavelo, creo, lo hubiera aconsejado. Descartando, por supuesto, la ingenuidad de sus líderes o que estos no hubieran medido los alcances de su ventaja, las respuestas pueden ser muchas. Por ejemplo, porque no les convenía incrementar la pérdida de popularidad de su partido, la mayor en toda su historia de acuerdo con las encuestas; porque el desprestigio que les dejó JOH los ha afectado de tal forma que no se atrevieron a llegar hasta las últimas consecuencias, o, en fin, como piensa un amigo nacionalista, porque la embajada les giró las instrucciones correspondientes.
De ahí, seguramente, la insatisfacción y molestia que se percibió en el jefe de la bancada azul, quien, en lugar de explotar con altura el rol jugado por ella en la integración de una corte de manera más participativa, deslució el acto de la elección con un iracundo discurso impregnado de fundamentalismo religioso y de repudio al cambio, con lo que dejó muy claro que su partido se mantiene en la deriva extremista en la que lo sumió su antiguo jefe. Pareciera que, de los nacionalistas, como de la monarquía de los Borbones que aplastó la Revolución Francesa, bien podría decirse la famosa frase atribuida a Talleyrand: “Nada aprendieron, nada olvidaron”.
A Libre debo reprocharle que desde que supo que no tendría la mayoría en el Congreso no hubiera actuado con el tino y ponderación de un partido de izquierda y no hubiera asumido, le gustara o no, que tarde o temprano se vería obligado a negociar con el Partido Nacional, y, en lugar de tolerar la confrontación con sus diputados, debía tender puentes de comunicación con ellos, al igual que con los disidentes de su partido. Nadie lo puede asegurar, pero no es improbable que con más habilidad hubiera podido impulsar una corte más “amigable”, como se dice ahora, con su proyecto de transformación social. Debo reconocer, sin embargo, la buena disposición de que hizo gala en el transcurso de las negociaciones para apegarse a la realidad de la coyuntura histórica en que estas se desenvolvieron, incluyendo la concertación de una fórmula para quitarle hierro al cuestionamiento de la legalidad de la junta directiva del congreso, lo que debería seguir siendo su invariable regla de conducta para el próximo futuro. “Los hechos son tozudos”, solía recordar Lenin.
El mayor beneficiado de las deliberaciones lo fue, indiscutiblemente, el Partido Liberal. Con el número de magistrados que le correspondieron y las posiciones clave que se les asignaron en la estructura de la corte, pasa ahora a desempeñar un papel preponderante en el balance de poder que supera con creces el que recibió en las urnas. El éxito alcanzado, pues, muy posiblemente puede acarrear la consolidación del liderazgo de Yani Rosenthal y el fracaso de los planes que para defenestrarlo del partido han estado preparando algunos de sus opositores con el respaldo financiero de un grupo de empresarios de la extrema derecha, mayormente de la Costa Norte.
Y en cuanto al PSH, como también era predecible después de su rompimiento con Libre, le fue imposible negociar un solo magistrado. El malestar de Nasralla con este no tiene mayor asidero, su pretensión de gobernar al par de la presidenta Castro nunca fue realista. Tal vez lo habría sido, si hubiera alcanzado al menos los 15 diputados que necesitaba la alianza para contar con la mayoría simple en el Congreso. Y no le lucen para nada a su bancada los señalamientos personales que hizo a varios de los aspirantes a magistrados -saber perder es indispensable en política- como tampoco las excesivas efusiones que suele hacer por cuestiones de principios. El político debe tener principios, sí, pero sin caer en la mojigatería, pues corre el riesgo de que lo pongan en ridículo, como cuenta Ortega y Gasset que durante la Revolución Francesa hizo Mirabeau con el mismísimo Robespierre, apelado “el Incorruptible “, que se la pasaba ensalzando principios: Joven, la exaltación de los principios no es lo sublime de los principios”.
Y, dicho sea de paso, el futuro del PSH en solitario no se ve muy promisorio. Con el peculiar temperamento de Nasralla y la ligereza con que recurre a la ofensa con sus correligionarios y aliados, difícilmente le será dable formar una alianza sostenible con alguien más, y aun restablecer la que tenía con Libre, aunque ambos deben procurarlo. Y con la salida de JOH, como era natural, ha menguado el fuelle de la lucha contra la corrupción, hasta ahora su razón fundamental de ser, y no se sabe que esté pensando en enarbolar otras banderas para conformar un nuevo ideario. Como lo prueba la historia, solo logran crecer y perdurar los partidos con visión y metas de largo plazo. En palabras del citado Ortega y Gasset: “No será gran político un hombre si no posee una política de alta mar, de poderosa envergadura y larga travesía, si no ha tenido la revelación de lo que con el Estado hay que hacer en una nación”.
Tegucigalpa, 22 de febrero de 2023.
