Tegucigalpa. La violencia y la inseguridad en Honduras han dejado a decenas de familias hondureñas hundidas en la pobreza y la miseria. Por falta de seguridad y políticas públicas muchos hondureños se han visto obligados a abandonar el país para salir del ambiente hostil que generan estos flagelos.

Expertos en temas de seguridad y migración aseguran que un gran número de hondureñas y hondureños se ven obligados a abandonar sus hogares, porque muchos son víctimas de la extorsión.

La población hondureña ha sufrido el embate de la corrupción, inseguridad y extorsión por años, es por ello que también se ha normalizado que muchos hablen de muertes violentas como si el crimen fuera una cosa más.

En un informe presentado el primer día del año en curso, la Secretaría de Seguridad señaló que Honduras, uno de los países más violentos del mundo, cerró el 2022 con una tasa de homicidios de 35,79 por cada 100.000 habitantes, la más baja en los últimos 16 años.

Uno de los sectores que más se vio golpeado por este delito fue el sector transporte, solo en 2022, unos 60 trabajadores del sector perdieron la vida de forma violenta mientras trabajaban en las unidades del transporte.

Los transportistas, cansados de poner las vidas de sus empleados en riesgo fueron constantes en sus exigencias y muchas veces salieron en protesta a nivel nacional exigiendo seguridad y protección para sus vidas y libertad para poder circular.

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Tomando en cuenta los niveles de violencia que el país iba registrando a diario fue que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, decidió implementar un estado de excepción como mecanismo para contrarrestar estos delitos, bajo el PCM 29-2022, que abarcaba 162 barrios y colonias del Distrito Central y San Pedro Sula. Dicha mediad entró en vigencia y operatividad el seis de diciembre de 2022 y tuvo vigor de un mes.

Este fue extendido por 45 días más, desde el 6 de enero hasta el lunes 20 de febrero de 2023, según versión oficial, dicha extensión del estado de excepción se debió a petición de la ciudadanía y a los buenos avances arrojados para contrarrestar el delito.

El estado de excepción siguió en la cobertura estipulada desde un principio en los 89 barrios de Tegucigalpa y 73 de San Pedro Sula, donde se implementó el PCM, sin embargo, con la extensión se sumaron distritos de otros 73 municipios de Honduras, un país que cuenta con más de 10 millones de habitantes.

Según declaraciones del director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, el denominado ‘’Plan integral para el tratamiento de la extorsión y delitos conexos’’, está orientado para abordar el delito de extorsión de manera integral, con la aplicación de estrategias a partir de un modelo de seguridad ciudadana con la articulación de las instituciones del Estado y sectores claves, para la investigación y persecución penal efectiva.

Por su parte, la presidenta Castro recalcó en diciembre que la ofensiva se enfocaba sobre todo en combatir los extorsionistas, “una de las principales causas de la migración y del cierre de medianos y pequeños negocios, especialmente los transportistas”, señaló.

El criminólogo Nery Ordóñez, en entrevista reciente con Criterio.hn manifestó que estos son delitos heredados por los gobiernos anteriores, al tiempo que, celebró que sea la policía quien tenga el control de las unidades que le corresponden, no como en años anteriores que se le habían dado unidades de investigación policial a la institución militar.

Ordóñez expuso que las autoridades policiales tienen los elementos para dar una respuesta rapida a la población, aunque también reconoce que para combatir este delito lo que se necesita es voluntad política, tomando en cuenta que ya se cuenta con el elemento humano, pero falta el presupuesto y la logística necesaria.

El coordinador de proyectos de seguridad del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Carlos Sierra, en conversación con Criterio.hn manifestó que se deben revisar elementos cuantificables, hay que tomar en cuenta los elementos subjetivos y ¿a qué me refiero con esto?  es a la percepción de las personas y cómo se sienten alrededor de estos temas.

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Nosotros seguimos observando qué puntos de taxi, que son emblemáticos en la capital, han reiterado que ellos siguen siendo presa de la extorsión o que tienen miedo de trabajar en sus unidades. Para medir efectividad de estas medidas deberíamos de ver tanto, los elementos objetivos, tangibles y cuantificables, pero también la percepción que tiene la población, señaló Sierra.

A juicio de Sierra hay muy pocos elementos para hablar de avances y esto puede llevar a la población a caer en la falsa idea que se va por una buena ruta, por eso hay que ser muy cuidadosos dado que el delito de la extorsión tiene esas complejidades. Asegura que no es lo mismo la muerte violenta que el robo y otros delitos, donde sí se pueden medir únicamente los elementos objetivos, sino que inicialmente tienen que pensar en cómo se sienten las personas.

Expuso que con el cierre de algunas empresas de transporte durante el estado de excepción se evidencian dos cosas: por un lado, no se están realizando todas las medidas que se iban a realizar o las que se están realizando no son efectivas.

Sierra considera que, aunque la medida implementada bajo el PCM va inclinado directamente al tema de garantías constitucionales para poder hacer capturas, esta funcionaría de mejor manera si se llevaran a la práctica todas las medidas estipuladas en el plan antiextorsión.