Por: Alex Navas Álvarez
La próxima elección del nuevo pleno de la Corte Suprema de Justicia, no solo representa un gran desafío para la estabilidad política del país, sino para la subsistencia del modelo democrático en Honduras. El acceso a la justicia es un valor sustantivo en la ecuación valida del estado de derecho, que protege a la sociedad de los embates excesivos del poder y establece un equilibrio positivo en la gobernabilidad y la consolidación institucional.
Definitivamente, una elección transparente, basada en los valores de justicia y bienestar común, genera la confianza necesaria para garantizar la desaceleración en la concentración del poder (Autocracia) y el resquebrajamiento del Estado de derecho, que es fundamental para que la democracia pueda funcionar en el país. Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “El Estado de Derecho es una organización del Estado que se caracteriza por la igualdad de toda la ciudadanía ante la ley y por tener leyes vigentes justas, no discriminatorias y que respeten los derechos humanos. Un sistema legal justo y eficiente constituye la piedra angular del crecimiento económico, habilitando procesos de desarrollo sostenible e inclusivo y fomentando la paz y la confianza” (PNUD, 2022).
Bajo esta concepción, el estado de derecho no solo se subsume en un apego irrestricto a la ley y la constitución, como ente regulador de la voluntad y los valores de un Estado, como una axioma que no admite contravenciones diversas (Dura lex sed lex), sino también, en un sentido amplio, como generador de elementos sustantivos que sostienen la democracia y limitan el poder omnímodo de los gobernantes, basado en elementos culturales, políticos y sociales, derivados de la participación ciudadana, el disenso, el equilibrio de poderes y el acceso a la justicia. Sin estos elementos, claro está, renacen las practicas autoritarias, desbocadas por un poder sin ataduras, que horada las estructuras de convivencia natural de la sociedad y encarna la desconfiguración de la democracia y la sana gobernanza.
El informe Nacional de Desarrollo Humano para Honduras (2022) resalta que, desde sus orígenes, el Estado de derecho surgió como una alternativa frente a formas autoritarias de ejercicio del poder acumulado por elites asentadas dentro del propio Estado. Su misión está ligada a contener los excesos que desde el Estado puedan cometerse, y lograr que este se oriente a la protección y el mejoramiento de la vida social. (PNUD, 2022). En consecuencia, el estado de derecho y los elementos que lo componen, se convierten en una barrera contra el ejercicio autoritario y centralizado del poder, que contribuye a la delegación de obligaciones administrativas dentro del mismo Estado, con una participación igualitaria de la sociedad en las decisiones de poder, mediante mecanismos de participación ciudadana y la consolidación de los cerrojos que constituyen los derechos a las libertades humanas, como una garantía de prevalencia del respeto a los derechos humanos, como fundamento sustantivo en la construcción de una sociedad igualitaria, así como ilustra Jesús Rodríguez Zepeda, parafraseando a Kant, “el Estado debe promulgar una constitución, con normas generales y abstractas, que garanticen libertad e igualdad para todos los sujetos” (Zepeda, 2019)
La construcción del estado moderno, necesita de una justicia efectiva y oportuna para poder satisfacer las necesidades de la población, que, liberándose de sus propias libertades en su estado natural, adquiere dentro del pacto social obligaciones y derechos que lo amparan para ser protegida y preservada por el andamio jurídico que se construye a su alrededor, como consecuencia legitimadora de una sociedad plural y generadora del bien común. Estos elementos necesitan instituciones sólidas, que amplíen la garantía de justicia y protejan los intereses sagrados de la sociedad.
Históricamente, la Corte Suprema de Justicia, ha sido el botín de elites de poder, que han “herrado” el sistema de justicia para imponer como ganado a magistrados con vínculos directos con intereses de grupos políticos y corporativos y en estas últimas etapas, con asociación directa con redes de corrupción y grupos subterráneos de poder. Esto representa una profunda grieta en la estructura democrática del país, generando inaccesibilidad a los sistemas de justicia, el crecimiento sustantivo de las espirales de impunidad y corrupción y la violación acrecentada de los derechos humanos, especialmente de los sectores en condición de vulnerabilidad. Los últimos datos de la encuesta de percepción del Equipo de Reflexión, Comunicación e Investigación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ), así como Corporación Latinobarómetro, señalan que la población desconfía claramente de las instituciones ligadas a la Justicia y que estos organismos están al servicio de grupos de poder, ligados a intereses económicos y crimen organizado.
Es un hecho irrefutable que, el actual pleno de la máxima magistratura (2016-2023), fue electo de una forma opaca, con serias denuncias de compra de votos de algunos congresistas (as) para obtener la mayoría calificada y elegir el alto tribunal, acomodado a los intereses del gobernante del momento (Juan Orlando Hernández 2014-2022), sin la capacidad profesional y académica necesaria y la idoneidad requerida para el cargo. Al final de ese mandato, los resultados son evidentes, sobreseimientos a personajes ligados a la corrupción, aprobación de una jurisdicción especial para las ZEDES, favoreciendo con fallos y sentencias las estructuras de corrupción y crimen organizado, en clara violación a la constitución y el marco normativo hondureño. Por esta razón, la actual Junta Nominadora para la CSJ, admitió las tachas y denuncias contra todos los actuales magistrados que pretendían relegirse, enviando un claro mensaje que retrataba la administración que preside el abogado Argueta, como nefasta y adversa a los intereses nacionales.
En la actualidad, el Congreso Nacional aprobó la nueva Ley de Junta Nominadora para la elección de la CSJ, que ha significado un avance cualitativo para mitigar la maniobra de los grupos de poder y crear espacios de transparencia y participación ciudadana en este proceso. No se puede desconocer, que el Poder Legislativo es el epicentro de la política partidaria en el país y serán los diputados y diputadas de diferentes Partidos Políticos que elegirán la nueva Corte Suprema de Justicia. Seria ilusorio pensar, bajo el sistema y la cultura política reinante en Honduras, que los Partidos y otros sectores poderosos no jugarán “ajedrez” con esta elección, moviendo sus piezas de acuerdo a su conveniencia e intereses de grupo.
Aristóteles, el gran filósofo griego y profesor del Conquistador Alejandro Magno, señalaba que “La política es el arte de gobernar”, ese concepto ha ido mutando con el tiempo, aunque no su esencia, ya la política se ha convertido en el arte de lo posible, pero también de la estrategia y el engaño como lo señalaba Maquiavelo. Las fuerzas políticas, sociales y económicas deberán hacer su máximo esfuerzo para llegar a acuerdos en la elección de la Corte Suprema de Justicia, enmarcados en la ley y el bienestar de las mayorías, haciendo eco de los principios de la política y la ética, como valor sustantivo de los consensos y consentimientos.
Seguramente, el anhelo es tener una CSJ totalmente alejada de intereses políticos o corporativos, y esa será una tarea pendiente para otras elecciones de segundo grado, con diferente sistema de elección, que contenga la aprobación de una ley de elección de altos funcionarios, el fortalecimiento de la carrera judicial y la construcción de un sistema ético y rendición de cuentas efectivo dentro del sistema de justicia. Sin embargo, en la práctica, las fuerzas mayoritarias en el Congreso (PN, PL, LIBRE) tendrán una cuota importante de poder en el nuevo pleno, debido a que el mecanismo de elección está diseñado para que funcione de esa manera y probablemente, la correlación de fuerzas marcaría la narrativa de este proceso.
Los sistemas perfectos no existen y especialmente la democracia, pero si pueden perfeccionarse, en Estados Unidos, por ejemplo, los magistrados a la Corte Suprema, los nomina el presidente del Ejecutivo y son ratificados por el Senado, electos de por vida. Este proceso, tiene un alto contenido político partidario, debido a la distribución bipartidaria en ese país; Lo que distingue ese mecanismo, es el ligero desplazamiento del factor partidario, sobreponiendo el alto perfil profesional, ético y académico de los nominados, generando confianza en los sectores políticos, sociales y económicos.
A lo que se tiene que apostar en la próxima elección de la CSJ, es a la idoneidad, capacidad y valentía de los 45 hombres y mujeres que se enviarán al Congreso Nacional para su elección, que tendrán que enfrentar históricos desafíos, como la reducción de los altos índices de impunidad, reducción de la mora judicial, el combate frontal a las redes de crimen organizado, corrupción y a sus propios padrinos políticos.
La venida de la CICIH, impulsada por las Naciones Unidas y la Presdienta Xiomara Castro, también jugará un papel fundamental en la elección de la CSJ, ya que muchos diputados, especialmente vinculados a las anteriores administraciones, han sido señalados por estar asociados a redes de corrupción y criminalidad organizada y esto será un factor determinante para lograr la mayoría calificada. La nueva CSJ será un aliado natural de la CICIH y jugará un papel fundamental en la conformación de un nuevo sistema de justicia, simultáneamente en la judicialización y castigo de delitos de corrupción de alto impacto.
La sociedad hondureña espera una elección transparente, sin atajos y pensando en los intereses de las grandes mayorías. Hay avances importantes, como la aprobación de la nueva Ley de la Junta Nominadora, la participación de la sociedad civil como actores principales del proceso y la posición equilibrada del Poder Ejecutivo, que ha evitado la intromisión directa en esta elección, respetando la independencia y la autonomía de los Poderes del Estado.
En la antigua Grecia, Pericles señalaba que: “»Disfrutamos de un régimen político que no imita las leyes de los vecinos; más que imitadores de otros, en efecto, nosotros mismos servimos de modelo político para algunos. En cuanto al nombre, puesto q la administración se ejerce en favor de la mayoría, y no de unos pocos. a este régimen se lo han llamado democracia; respecto a las leyes, todos gozan de iguales derechos en la defensa de sus intereses particulares. Y si bien en los asuntos privados somos indulgentes, en los públicos, en cambio, ante todo por un respetuoso temor, jamás obramos ilegalmente, sino que obedecemos a quien les toca el turno de mandar, y acabamos las leyes, en particular las dictadas en favor de los agraviados, de los q son víctimas de una injusticia «. Tucídides. Historia de la guerra de Peloponeso. (Discurso de Pericles) (Postegullo, 2022)
Bibliografía:
PNUD. (2022). https://www.undp.org/. Obtenido de https://www.undp.org/es/honduras/fortalecimiento-del-estado-de-derecho#:~:text=El%20Estado%20de%20Derecho%20es,que%20respeten%20los%20derechos%20humanos.
PNUD. (2022). Informe Nacional de Desarrollo Humano. Fundamento de la ransformación 2022-2030. Tegucigalpa: PNUD.
Postegullo, S. (2022). Roma Soy Yo. La verdadera historia de Julio César. Ediciones B.
Zepeda, J. R. (2019). Estado de derecho y democracia . Mexico D.F: INE.
