En un par de semanas, la Junta Nominadora elaborará y enviará al Congreso Nacional el listado final de candidatas y candidatos a la Corte Suprema de Justicia, situación que podría despertar reacciones negativas en grupos de poder político y económico
Tegucigalpa, Honduras.- Llaman a la ciudadanía a evitar que las presiones y las influencias afecten el funcionamiento de la Junta Nominadora de proposición de candidatas y candidatos a las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, sobre todo, a pocas semanas de que se presente la nómina final.
El proceso de nominación y elección se encuentra en un punto crítico. La Junta Nominadora se apresta a elaborar la nómina final de 45 candidatas y candidatos, que se remitirá al Congreso Nacional, a más tardar el 23 de enero de 2023, por lo que representantes de sociedad civil comienzan a alertar sobre las presiones e influencias que pudieran generarse en torno a ese listado.
Sin embargo, antes de enviar esta nómina, la Junta Nominadora deberá resolver las denuncias y tachas que se encuentran activas contra 36 personas postulantes, para lo cual se deberán presentar pruebas de descargo a través de audiencias. Algunas de estas personas son los actuales seis magistrados del Supremo hondureño, así como el fiscal general adjunto, y varios jueces y magistrados de distintos circuitos judiciales, entre los cuales figuran postulantes cercanos a los grupos de poder político y económico.
Víctor Fernández, abogado del Bufete Estudios para la Dignidad, hizo una exhortación a la ciudadanía a estar atenta a la posibilidad de que se presenten presiones o influencias sobre el trabajo que realiza la Junta Nominadora.
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“¿Qué puede y debe hacer el pueblo para que las presiones de factores de poder sucio, no trunquen la buena labor de la Junta Nominadora, especialmente para resolver las denuncias y tachas?”, dijo vía Twitter.
La secretaria general de la Junta Nominadora, María Elena Sabillón, adelantó que entre el 12 y el 14 de enero de 2023 se conocerá el destino de las 36 personas postulantes que permanecen denunciadas o tachas, de las cuales varias han comenzado a presentar pruebas de descargo, por lo que las descalificaciones de estas personas podrían alentar que la presión sobre la Junta Nominadora, al igual que en el período 2015-2016, incremente.
Por su parte, la abogada del Bufete Justicia para los Pueblos, Kenia Oliva, realizó un llamado a la Junta Nominadora, a la que instó a mantenerse en pie antes, durante y después de la resolución de las denuncias y las tachas.
“Esperamos que la Junta Nominadora no ceda ante las presiones que se puedan generar, confiamos en que estas personas son serias. Ellos sabían a lo que se metían, quizás no estaban al tanto de la cantidad de delincuentes que vienen aspirando a ser magistrados o magistradas, hay personas que realmente están vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado, que realmente son delincuentes. La Junta Nominadora debe valorar eso, porque no queremos una Corte coludida a la corrupción y al crimen”, declaró Oliva en entrevista con Criterio.hn.
PRESIONES DETECTADAS
A lo largo del proceso se ha identificado una serie de presiones hacia el trabajo de la Junta Nominadora. El primero ocurrió cuando la Unión de Notarios de Honduras (UNH) pretendió que el Congreso Nacional interpretara el artículo 19 de la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora y que, de esa forma, se reincorporara a varios de los postulantes que reprobaron el examen de conocimiento jurídico.
La Misión Internacional de Observación (MIO-Honduras) del proceso de selección de la Corte Suprema de Justicia condenó en su informe, Proceso de Elección de Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia de Honduras: Etapa Inicial de la Selección por la Junta Nominadora, la intención de la UNH de interferir sobre la nominación de candidatas y candidatos.
Contra el proceso de nominación y elección de las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, uno de los postulantes reprobados, Luis Miguel Lara Hernández, abogado vinculado a Inversiones Los Pinares y que sospechosamente obtuvo su exequátur dos meses antes del inicio de postulaciones, también presentó un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional.
La otra presión se generó cuando la secretaria general de la Junta Nominadora, María Elena Sabillón, denunció que desconocidos irrumpieron dentro de su automóvil y buscaron documentos relacionados con el proceso. Ello ocurrió el 22 de noviembre de 2022 en un contexto en que la propia Sabillón anunció, públicamente, que ya se habían presentado algunas denuncias y tachas contra las personas postulantes, un mes antes de que iniciara esa fase.
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A criterio del coordinador de proyectos del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Carlos Sierra, la Junta Nominadora ha sabido sortear estas presiones e influencias, algo que calificó como positivo.
“Ha sido una tónica de la Junta Nominadora, no se ha dejado impregnar por situaciones o ambientes externos. Hemos observado que la Junta Nominadora, por ejemplo, ha logrado aislarse del ámbito político, y limitarse al proceso técnico y científico, dejando lo político al Congreso Nacional”, dijo Sierra.
EN EL CONGRESO
Después de realizar las audiencias públicas, concluir con la matriz de evaluación técnica y efectuar la entrevista final, la Junta Nominadora elaborará una nómina con 45 candidatas y candidatos, con 23 mujeres y 22 hombres. Esta lista se remitirá a la Comisión Permanente del Congreso Nacional a más tardar el 23 de enero de 2023, y, posteriormente, el 25 de enero, los 128 legisladores elegirán, con al menos 86 votos, a las 15 personas que integrarán la Corte Suprema de Justicia durante el período constitucional 2023-2030.
El pleno de magistradas y magistrados, a su vez, elegirá a un presidente o una presidenta. El cargo lo ratificará, en un plazo de 24 horas, la Junta Directiva del Congreso Nacional. Una vez juramentada, esta persona seleccionará a los cinco magistrados que integrarán la Sala de lo Constitucional, mientras que las otras salas, Penal, Civil y Contencioso Administrativo, tendrán tres togadas y togados, cada una. Las cuatro salas tendrán un magistrado o una magistrada presidente.
