Los pobladores buscan que el Estado reconozca al Consejo Indígena Lenca y con ello se reconozcan sus derechos ancestrales
Tegucigalpa. -La mañana de este martes se llevó a cabo la elección de la nueva junta directiva del Consejo Indígena Lenca de la Comunidad Tierras del Padre, un territorio ubicado a 13 kilómetros de la capital —sobre la carretera que conduce a la zona sur—donde los pobladores han vivido en constantes conflictos y bajo amenazas de desalojo.
Desde horas muy tempranas los pobladores, que se autodefinen indígenas lencas, se reunieron en un espacio libre y fresco, propiciado por árboles de pino que rodean el sector, habitado por unas 70 viviendas, la mayoría construidas de madera y láminas de zing.
Rodeados de matas de plátano, bajo un cálido sol de diciembre, los habitantes se reunieron para elegir a las autoridades de la comunidad, quienes tendrán que velar por el bienestar de las 70 familias de la localidad.
A las elecciones se hicieron presentes en calidad de observadores y veedores representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), personal de la Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización y representantes de organizaciones de derechos humanos.
Los pobladores de Tierras del Padre han sufrido violaciones a sus derechos humanos por estar en posesión de 500 manzanas, de las cuales 322 son reclamadas por la empresa inmobiliaria Siglo XXI, propiedad del empresario y desarrollador de proyectos urbanísticos, Mario Facussé, quien posee las tierras bajo la adjudicación de títulos suplatorios, los que a juicio del Bufete Jurídico Justicia para los Pueblos tienen vicios de nulidad. Mientras los pobladores argumentan su derecho en un título ancestral extendido en 1793 a favor de José Ordóñez sobre seis caballerías, en la jurisdicción de Tegucigalpa.
Esta comunidad se ubica entre los municipios del Distritito Central, Santa Ana y San Buena Ventura, en el departamento de Francisco Morazán.
Además de las viviendas, los pobladores han cultivado las tierras con maíz, frijoles, yuca, plátanos y otros cultivos para el auto sostenimiento
El dirigente comunitario, Pedro Lagos, en entrevista con Criterio.hn, explicó que en la comunidad existe un autogobierno que tiene sus propios estatutos y reglamento interno, que manda a la elección de autoridades el 20 de diciembre de cada año.
Sin embargo, la comunidad tenía cuatro años de no celebrar elecciones por un conflicto que ha ocasionado entre los pobladores Marta Alicia Meza, quien también se hace llamar “mujer indígena” y propietaria de las tierras en disputada.
Sin embargo, los habitantes niegan que Meza pertenezca a la zona y aseguran que lo único que busca es generar caos y dividir a la comunidad.
EL FANTASMA DEL DESALOJO SIGUE LATENTE
En febrero pasado, tras la mediación de la Secretaría de Derechos Humanos se suspendió en la zona una orden de desalojo emanada por el Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán.
Lagos dice que el desalojo únicamente está en suspenso, por lo que están alertas y conscientes de que en cualquier momento se puede reactivar y los echen de sus casas. “Estamos peleando contra un grande que es Mario Facussé y sabemos que es uno de los más poderos en nuestro país”, dijo el dirigente comunal.
El cambio de presidente de la junta directiva de la comunidad, que recayó en Marlon Castro, generó expectativas en los pobladores, mientras se despedía del cargo a Adonia Grimilda Inestroza, una mujer lideresa de la zona.
Inestroza ha sido reconocida por toda su comunidad y acuerpada por todas las mujeres que forman parte de la pequeña localidad.
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Sobre el proceso, que lo convirtió en presidente, Marlon Castro, expresó que fue limpio y transparente y a la vez prometió que el 2023 será de retos para su gestión y bienestar para su comunidad.
“Esperamos levantar y desarrollar esta comunidad que ha estado abandonada, nosotros necesitamos de muchos servicios básicos, no tenemos luz [energía eléctrica], tenemos problemas con el agua potable, necesitamos hacerle mejores a la escuela”, manifestó Castro.
Agregó que trabajará para que los jóvenes y adolescentes tengan su propio colegio en la localidad y no viajen hasta los pueblos vecinos, poniendo, en muchas ocasiones, en riesgo su vida por los altos niveles de inseguridad.
“Hemos vivido momentos desgastantes, fueron tres intentos de desalojo que tuvimos solo en un año, no fue fácil, esperamos que con el apoyo del gobierno actual desaparezca ese fantasma del desalojo, porque vivimos en zozobra”, expresó Castro.
El representante del Bufete Jurídico Justicia para los Pueblos, Arnold Guifarro, explicó a Criterio.hn que esa organización efectuó diversas gestiones para que el Estado hondureño reconozca el proceso que se llevó a cabo y se reconozca la autoridad que ha recaído en la nueva junta directiva.
Expuso que actualmente hay 11 las personas que están siendo acusadas por el supuesto delito de usurpación en prejuicio de la Inmobiliaria Siglo XXI S.A., propiedad del terrateniente Mario Facussé.
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Guifarro lamentó que los pobladores de Tierras del Padre sigan sin ser reconocidos por el Estado aun teniendo personería jurídica. “Este proceso es necesario porque la gente que salga de aquí dentro del Consejo es la que se va a inscribir dentro de la Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (DIRRSAC)”, dijo.
“Con las nuevas autoridades vamos a continuar el 2023 con las nuevas estrategias pertinentes para la defensa de esta comunidad y para que no se sigan violando los derechos de los pueblos indígenas”, subrayó Guifarro.
