Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- La Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI Participa) aseguró en un estudio que unos 27 defensores de los derechos humanos y de la tierra fueron asesinados en Honduras entre noviembre de 2015 y octubre de 2016, y que la mayoría de esos crímenes se encuentran en la impunidad.
Entre las víctimas figuran la líder indígena y ambientalista, Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo en la ciudad de La Esperanza, en un episodio en el que se involucró un ejecutivo de la empresa DESA, que impulsa la construcción de la represa Agua Zarca, un mayor activo del ejército y uno retirado, entre otras personas, según informes del Ministerio Público.
La organización asegura que entre los activistas asesinados se encuentran seis miembros de la comunidad Lesbico Gay, Transexuales, Bisexuales e Intereso (LGBTI), 4 campesinos, 4 ambientalistas, 1 periodista, 9 dirigentes comunitarios y 3 de otras categorías, según el estudio titulado Informe Situacional de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos.
Los activistas se desenvuelven en Honduras en un «contexto hostil, agravado por las campañas insidiosas de criminalización y estigmatización, conscientes de los riesgos y de la precariedad de su seguridad individual o institucional», se dice en el estudio.
Agrega que «como ya es norma en el país, se teme que sus muertes queden en la impunidad» y que «hay factores claramente identificados en los que tiene responsabilidad directa el Estado a través de sus gobernantes, que son los generadores de la violación de estos derechos derechos humanos y de los derechos de las personas que los defienden».
Precisó entre los factores atribuibles al Estado,»el concesionamiento de territorios para la industria extractiva y el de los ríos para la producción de energía eléctrica; los grandes intereses de los terratenientes y la agroindustria; y la homofobia y la intolerancia».
Entre los activistas asesinados figuran además de Cáceres, la de Javier Vásquez Benitez, del Movimiento Indígena Independiente Lenca de La Paz-Honduras (MILPAH), René Martínez, presidente de la Comunidad Gay Sampedrana por la Salud Integral y activista del Partido Nacional en San Pedro Sula, la dirigente Lenca y ambientalista, Lesbia Yaneth Urquía y el joven abogado miembro del Partido Liberal y uno de los cabecillas del movimiento de Los Indignados.
El presidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), José Angel Flores y su compañero, Silmer Dionisio George.
ACI Participa advierte que el propósito de revelar este estudio «es informar a la comunidad nacional e internacional con el fin de llamar su atención y sensibilidad para que apoye a esta importante colectividad que lucha contra la impunidad y en procura de un acceso cierto a la justicia».
Asegura que «este informe no lleva el propósito de desprestigiar a Honduras, como suele decir el gobernante de turno, cada vez que estigmatiza a defensores y defensoras de los derechos humanos. Tampoco va en contra de sus intereses reeleccionistas pues, para sus efectos, ni los 18 defensores asesinados que aparecen en este informe, ni los 9 dirigentes comunitarios (también defensores) podrán votar ni a favor ni en contra; como tampoco lo harán, seguramente, las personas que han tenido que escapar para salvar sus vidas».
