Comunidad internacional condena el asesinato del ambientalista Juan López y exige justicia

La presión de la comunidad internacional refleja la desconfianza hacia el Estado de Honduras por la impunidad en la que operan los grupos criminales ligados a la explotación de los recursos naturales y la violencia perpetrada contra los defensores del ambiente.

Honduras – El brutal asesinato de Juan López ha generado una fuerte condena por parte de particulares y diversos organismos internacionales que exigen justicia para el ambientalista que libró una incesante lucha por la protección de la Montaña Botaderos en el Parque Nacional Carlos Escaleras y de los ríos Guapinol y San Pedro, en el municipio de Tocoa, Colón. 

Juan López fue un ferviente defensor de los territorios frente a la operación de dos proyectos mineros de óxido de hierro en una zona protegida y la pretensión de la instalación de una planta termoeléctrica que reduciría drásticamente el caudal del río Guapinol.

Los proyectos, impulsados por el Grupo EMCO del empresario Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del extinto terrateniente e industrial de la palma africana, Miguel Facussé, han dejado hasta la fecha al menos cuatro víctimas mortales y la criminalización de más de una treintena de defensores del ambiente.

López fue atacado a tiros por desconocidos, la noche del sábado 14 de septiembre, mientras se encontraba en su automóvil después de asistir a una congregación en su iglesia católica. 

Días antes de su muerte, el ambientalista había exigido la renuncia del alcalde Adán Fúnez, a quien había denunciado por presuntos vínculos con el crimen organizado en la región. Su valentía y compromiso con la justicia y la protección del medio ambiente desempeñaron un papel crucial en la denuncia pública de la corrupción, sin embargo, se exponía a élites de poder que podían reaccionar de manera violenta.

Este asesinato sólo refleja la alta peligrosidad que enfrentan los defensores del medio ambiente en Honduras, el país más peligroso per cápita para el activismo ambiental en el mundo, según el informe anual titulado “Voces Silenciadas”, publicado por Global Witness.

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ORGANISMOS INTERNACIONALES CONDENAN ASESINATO DE JUAN LÓPEZ

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), condenó el asesinato del ambientalista y llamó a realizar una investigación urgente.

Asimismo, reprochó que el crimen de López se haya registrado a pesar de todas las alertas emitidas por organismos nacionales e internacionales sobre el riesgo que enfrentaba y de ser beneficiario del Sistema Nacional de Protección. “Las medidas adoptadas por el Estado de Honduras fueron insuficientes para proteger la vida del defensor Juan López”, apuntó ña OACNUDH.

Mientras la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, manifestó sus condolencias a través de X y demandó una investigación rápida y transparente del caso. 

A las demandas por justicia contra el asesinato de Juan López se sumó la senadora demócrata, Jan Schakowsky, quien instío a las autoridades hondureñas a llevar a cabo una investigación transparente y exhaustiva y responsabilizar a los perpetradores y autores intelectuales.

“Juan y los Guapinol han sido amenazados, acosados y perseguidos durante años mientras desafiaban los proyectos extractivos tóxicos propiedad de la familia Facussé en el Parque Nacional Carlos Escaleras”, escribió en la red social X, Schakowsky.

CIVICUS, una organización internacional que defiende la acción ciudadana y la sociedad civil, también se pronunció en la misma plataforma, condenando el asesinato y exigiendo al Estado hondureño que investigue el caso de manera inmediata y proteja a los defensores del medio ambiente.

Latin America Working Group (LAWG), que aboga por políticas estadounidenses que promuevan los derechos humanos y el desarrollo sustentable en Latinoamérica, también solicitó una investigación urgente. LAWG instó a la presidenta Xiomara Castro a cumplir su promesa de campaña de poner fin a la minería a cielo abierto y a reforzar las medidas de protección para los activistas.

Organismos como The Observatory (Observatorio de Protección de los Derechos Humanos), Entreculturas (ONG jesuita) y la Asociación de Parroquias Jesuitas Centroamericanas exigieron una investigación independiente, subrayando que el caso no debe quedar impune. Los embajadores de la Unión Europea en Honduras, así como de España, Alemania y Francia, también se manifestaron enérgicamente, instando a las autoridades a llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial y a garantizar que se haga justicia, resaltando la importancia de la transparencia institucional.

Robert F. Kennedy Human Rights (Estados Unidos) respaldó las demandas de una investigación, insistiendo en que los responsables deben enfrentar la justicia. La Asociación de Cooperación Internacional, una plataforma multidisciplinar dedicada a los derechos humanos y la justicia global, calificó como “inaceptable” la falta de garantías para el derecho a defender derechos y la continua impunidad en estos casos.

La defensora guatemalteca Claudia Paz, el defensor estadounidense Jesús de la Torre y el congresista estadounidense Chuy García también condenaron el asesinato, exigiendo medidas de protección, destacando que la impunidad debe terminar y que apoyan una pronta investigación independiente..

A los pronunciamientos se unió Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos (Ecuador), quien, a través de sus redes sociales, se sumó a la exigencia “de verdad, justicia y reparación ante el asesinato del defensor Juan López”. Asimismo, EU – LAT Network (Bélgica), Comissió Catalana d’Acció pel Refugi (España), Acafremin (Centroamérica), The Washington Office on Latin America (WOLA) y Protection International (Bruselas) expresaron su reprobación al asesinato del ambientalista.

Los pronunciamientos de la comunidad internacional reflejan una profunda preocupación por la integridad del proceso judicial en el caso del asesinato del ambientalista Juan López. La presión ejercida por organizaciones e instituciones destaca la necesidad urgente de una investigación exhaustiva y de un sistema judicial que responda adecuadamente a las violaciones de derechos humanos.

No obstante, en un contexto como el de Honduras, donde impera la impunidad y la corrupción, la posibilidad de una respuesta rápida y efectiva por parte de las autoridades parece incierta. La falta de confianza en las instituciones y la influencia de intereses poderosos crean un entorno en el que las promesas de justicia a menudo se traducen en inacción.Por el momento, la única respuesta de las autoridades hondureñas ha sido ofrecer una recompensa de 500 mil lempiras (un poco más de 20 mil dólares) a través de la página web y redes sociales de la Policía Nacional para quien proporcione información sobre los asesinos de Juan López. Esta medida, aunque parece ser un paso en la dirección correcta, no aborda de manera integral la necesidad de una investigación exhaustiva ni garantiza una protección efectiva para los defensores de los derechos humanos en el país.